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El impacto económico del daño ambiental.
Referencia a Tucumán
The Economic Impact of Environmental Damage.
Reference to Tucumán
Rafael Medina1
Universidad Nacional de Tucumán
rafaelgmedina1@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0001-5181-2995
Resumen: Los daños ambientales generan
fuertes distorsiones económicas al trasladar
costos privados hacia el sector público y la
sociedad. En Tucumán, la contaminación in-
dustrial, la deforestación y la mala gestión
de residuos producen externalidades nega-
tivas que incrementan el gasto en salud, de-
terioran bienes públicos y afectan la produc-
tividad regional. La falta de control estatal
permite que actividades altamente rentables
operen bajo un esquema de ganancias pri-
vadas y pérdidas socializadas. Abordar esta
problemática requiere instrumentos scales
adecuados, regulaciones efectivas y una pla-
nicación económica sostenible que integre
el ambiente como un componente esencial
del desarrollo y de los derechos humanos.
Palabras claves: economía ambiental, externa-
lidades, nanzas públicas, desarrollo sosteni-
ble, delitos ambientales, Tucumán, regulación
ambiental, costos económicos externos, conta-
minación, derechos humanos y ambiente.
Abstract: Environmental damage generates
signicant economic distortions by shifting
private costs onto the public sector and
society. In Tucumán, industrial pollution,
deforestation and poor waste management
create negative externalities that increase
health expenditures, degrade public goods
and undermine regional productivity.
Weak state oversight allows highly prof-
itable activities to operate under a scheme
of private gains and socialized losses. Ad-
dressing this problem requires appropriate
scal instruments, effective regulation and
sustainable economic planning that incor-
porates the environment as an essential
component of development and human
rights.
Keywords: environmental economics, exter-
nalities, public nance, sustainable develop-
ment, environmental crimes, Tucumán, envi-
ronmental regulation, external economic costs,
pollution, human rights and environment.
1 Abogado (UNT), profesor universitario (UNSTA), especialista en derecho tributario y nan-
zas públicas (UNT), experto en desarrollo sustentable de la Universidad Nacional del Centro
de Perú, especialista en Sistema Internacional de DD.HH. de la UBA. Docente de la Cátedra
de Nociones de Economía de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
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Planteamiento
Los daños ambientales son agresiones a la naturaleza y, además, distorsio-
nes macroeconómicas severas.
El cambio climático, las guerras y el movimiento de refugiados e inmigran-
tes, la falta de alimentos, las crisis energéticas, la falta de agua, las variaciones y
ampliaciones de temperatura, los animales en peligro de extinción son algunos
de los grandes problemas ambientales. Existe un consumo insostenible de la na-
turaleza. El aumento de la población y la tendencia al mayor consumo potencian
el daño ambiental. La problemática es sumamente compleja.
La provincia de Tucumán, el “Jardín de la República”, está caracterizada por
una alta densidad productiva (azúcar, bioetanol, limón) concentrada en un terri-
torio pequeño, donde los pasivos ambientales se trasladan sistemáticamente al
erario y a los ciudadanos.
El cuidado del ambiente es un deber constitucional y de DD.HH. Los pode-
res del Estado deben maximizar la coordinación para preservarlo. En Argentina,
conforme la Constitución Nacional (Constitución Nacional Argentina, 1994, art.
41), el Estado Federal dicta los presupuestos mínimos para el cuidado ambiental
y las provincias deben partir de estándar para luego ser más exigentes en el cui-
dado en sus territorios, pero nunca más permisivos.
La Ley General del Ambiente (Ley 25.675) se dictó también con esa premisa
constitucional. Sin embargo, la situación ambiental en Tucumán es muy negativa.
La industria azucarera continúa contaminando el aire con hollín y las aguas con
vinaza. Las empresas dedicadas al limón no cumplen con los estándares ambien-
tales y la gestión de la basura y de los líquidos cloacales no ha encontrado siquie-
ra un camino a recorrer para lograr una solución.
La tala y el avance de la frontera agropecuaria y de construcciones urbanas
sobre el piedemonte han aumentado las situaciones de inundación.
La salinización y las inundaciones provocadas en el sureste de la provincia
están provocando la migración interna de muchas personas de la zona.
Los impactos económicos están a la vista. Mientras se disipan los costos del
gobierno y de privados en externalidades de la contaminación sobre bienes pú-
blicos como son la salud, el ambiente y la calidad de vida de las personas, el costo
se termina pagando mucho más caro por la población que no se ha visto bene-
ciada con ahorros económicos, ni por las supuestas inversiones que se hicieron.
Entiendo que la falta de control y de sanciones para quienes infringen la nor-
mativa es el principal problema. Las leyes son claras, pero no se cumplen.
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La perspectiva macro-nanciera: costos públicos vs ganancias privadas
La economía ambiental estudia cómo los recursos naturales pueden utilizar-
se de forma eciente para satisfacer las necesidades humanas sin comprometer el
bienestar de futuras generaciones. Este campo incluye el análisis de recursos re-
novables y no renovables, externalidades, bienes públicos y sostenibilidad, todos
conceptos clave para entender las interacciones entre economía y medio ambiente.
Las externalidades representan los efectos indirectos de las actividades eco-
nómicas sobre terceros, ya sea de manera positiva o negativa. Cuando hablamos
de costo de la producción de un producto, por ejemplo el azúcar, tenemos dos
tipos de costos para lograrlo: uno interno, que son todos los gastos en dinero que
debe hacer la empresa para producirlo y otro externo, que son los que no pueden
medirse con precisión, que no están registrados en un libro contable, pero que,
por atacar a bienes públicos, como el agua y el aire, se distribuyen entre todas las
personas. Es el costo de contaminar el ambiente, que no está cuanticado, pero
que a corto o largo plazo se paga con pérdida de calidad de vida.
Los bienes públicos, como el aire limpio, y los recursos comunes, como los
océanos, necesitan regulación para evitar su abuso y agotamiento. El fenómeno
del aprovechamiento del ambiente sin contribución, cuidado, reparación ni re-
composición genera un gasto externo —ajeno a quien lo produce— que se ter-
mina prorrateando en toda la sociedad (Pigou, 1920). El benecio es para quie-
nes toman las ganancias y eventualmente para quienes compran productos más
baratos. Por ello, como ordena la Constitución Nacional, las autoridades deben
proteger este derecho, utilizar los recursos racionalmente, preservar la biodiver-
sidad, el patrimonio natural y cultural.
Desde el área de las nanzas públicas, la economía de gobierno, se ha inten-
tado aplicar instrumentos económicos como impuestos verdes, tasas ambienta-
les, mercados de emisiones y subsidios a energías limpias, los cuales tuvieron
dispar aplicación, pero son esenciales para incentivar la sostenibilidad. Estos
instrumentos buscan reducir las actividades contaminantes y fomentar prácticas
ambientalmente responsables. Además, las normativas y regulaciones directas
son fundamentales para la protección de áreas y recursos vulnerables.
Las herramientas propuestas pueden utilizarse, pero no de forma aislada ni
en todos los escenarios. Si la idea es solo imponer impuestos a quienes contami-
nan sin recomponer, se estará en realidad poniendo un precio al daño ambiental.
En esa lógica, el contaminador que tenga el dinero, tendrá vía libre para pagar el
impuesto y se desentenderá de la cuestión ambiental. Por eso, en algunos casos
puede ser útil el impuesto verde, en otros no. Debe tenerse en cuenta que el n
del impuesto verde es desalentar la contaminación, no recaudar.
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Economía circular y desarrollo sostenible
La economía circular propone un sistema de reutilización, reciclaje y reduc-
ción de desechos, mientras que el desarrollo sostenible se centra en la satisfacción
de las necesidades presentes sin comprometer los recursos para el futuro. Ambos
enfoques son esenciales en la economía ambiental. En Tucumán, falta mucho por
hacer en ese sentido. Si bien existen lugares para reciclaje, son tan escasos que
pueden ser catalogados de reciclaje artesanal. Es muy importante reciclar la ba-
sura de plásticos y papel. En el caso del papel, el problema principal es el desa-
bastecimiento de materia prima para reciclar: muchas plantas no logran reunir el
suministro necesario. En cambio, el plástico presenta un desafío distinto, ya que
está ampliamente documentado el enorme daño que este material y sus micro-
partículas generan en el ambiente, los animales y los seres humanos.
América Latina enfrenta desafíos ambientales únicos, como la deforestación y
la minería intensiva. Las necesidades económicas y los altos niveles de corrupción
permiten explotaciones que en otros países estarían prohibidas. La gran cantidad
de naturaleza apta para explotación despierta el interés de países y de empresas
muy poderosos los cuales ven facilitados sus explotaciones por el poco control,
desconocimiento y necesidad de gobiernos y sociedades latinoamericanas.
En Argentina, la política ambiental está ordenada en la Constitución Nacional.
Sin embargo, existen políticas de conservación, gestión del agua y protección de
bosques que deben ser mejoradas de manera urgente. No se utilizan herramientas
tecnológicas mínimas, como el control de incendio satelital para evitar los desastres.
Tucumán tiene una rica historia de personas e instituciones dedicadas al cui-
dado del ambiente, pero las necesidades económicas, la falta de previsión, la co-
rrupción, la valoración errada de prioridades y la falta de organización hacen que
la contaminación y la deforestación avancen a pasos agigantados. Lo que fue lla-
mado el “Jardín de la República” hoy es un lugar en donde el ambiente se dilapida.
El análisis de costos y benecios permite evaluar la rentabilidad y sostenibili-
dad de proyectos ambientales. Para ello, es necesaria la implementación de estu-
dios de impacto ambiental previos a los emprendimientos que se llevan adelante.
Ejemplos de este tipo de análisis incluyen la construcción de represas o sistemas de
reciclaje, considerando el balance entre impacto económico y ambiental. Las leyes
ambientales también juegan un papel en este equilibrio. En este sentido, existe la
necesidad de mayor transparencia, participación y razonabilidad de los estudios
de impacto ambiental. La falta de control y la permisividad son muy elevados.
Los desafíos actuales incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiver-
sidad, la desigualdad y la migración ambiental, que afectan especialmente a las
poblaciones más vulnerables. La economía ambiental también enfrenta el desafío
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de incorporar la justicia ambiental en sus políticas, garantizando que todos los
grupos sociales —en especial aquellos en situación de mayor vulnerabilidad—
accedan a un ambiente saludable.
Nos encontramos frente a una permanente destrucción de bienes públicos:
la contaminación hídrica por vinaza, euentes cloacales, industriales, de residuos
sólidos urbanos y de mataderos de animales degradan la cuenca Salí-Dulce. Los
ingenios contaminan el aire con hollín que cae como lluvia en toda la provincia
desde junio a septiembre. El cielo se vuelve gris, la visibilidad se torna escasa. Otros
desechos de producción azucarera y de alcohol son: el trash que es el sobrante de
la caña sin procesar, entre los cuales se encuentra el bagazo y la vinaza, que es el
sobrante procesado de la producción industrial de azúcar y alcohol. Más del 90 %
de la vinaza termina en los ríos, lo que genera en ellos un faltante de oxígeno y un
aumento de su temperatura. Esto causa mortandad de peces y de vegetación.
Los ingenios cuentan con maquinaria obsoleta. La mayoría fue diseñada a na-
les del siglo XIX con la idea de producir sin tener en cuenta qué destino daban a los
desechos. En esa época no se pensaba en la cuestión ambiental. Nadie pensó en la
contaminación que producía el ingenio. Además, cada ingenio tiene su propia tecno-
logía de producción, con maquinaria distinta en su funcionamiento, época y origen.
Por ello, es ingenuo pensar que con el solo hecho de dictar leyes o fallos se
solucione la problemática ambiental. Tampoco se puede desconocer que cerrar
un ingenio por contaminación generaría un desastre económico y social.
En materia económica no podemos soslayar el gasto en salud pública: es difícil
cuanticar conceptualmente la presión sobre el presupuesto sanitario provincial.
Se producen o se agravan las enfermedades respiratorias provocadas por la quema
de cañaverales y la expulsión de hollín, la bagazosis provocada por el bagazo sus-
pendido en el ambiente, las afecciones a los ojos, sobre todo en bebés, los accidentes
de tránsito y los producidos dentro de los ingenios por la falta de condiciones de
seguridad laboral, han transformado el benecio privado en un costo scal directo.
Incentivos perversos y herramientas de disuasión
En materia tributaria se debe actualizar, controlar y mejorar el sistema puni-
tivo scal. El rezago de las multas frente a la inación o las bajas tasas ambienta-
les actúan como un incentivo para delinquir (sale más barato contaminar y pagar
la multa o litigar por años que invertir en reconversión tecnológica).
Se debería o podría llegar a acuerdos, con la participación de la sociedad,
para tomar medidas ecológicas con nes extrascales con tasas ecológicas basa-
das en el principio “el que contamina paga”. Siempre con los recaudos de que no
debe convertirse en un precio para contaminar. La recaudación y el presupuesto
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provincial deberían afectarse especícamente a fondos de remediación hídrica o
reconversión de minifundistas, industrias e investigación ambiental.
De la degradación ambiental a la vulneración social
En materia de DD.HH. existe una clara violación de derechos fundamen-
tales. El impacto económico con la vulneración del derecho al agua potable, a
un ambiente sano y a la salud, están siendo postergadas en aras de un supuesto
desarrollo económico que nunca llega.
El impacto de las normas de derechos humanos en la política ambiental ha
sido signicativo. Estas regulaciones han contribuido a fundamentar las políticas
de protección del entorno al priorizar la vida, la calidad de vida y el conjunto del
plexo normativo de los derechos humanos. Esto se debe a que, sin un ambiente
sano, resulta imposible el ejercicio de los derechos humanos
Sin acceso al agua, al aire limpio, sin alimentación adecuada, sin un entorno
libre de contaminación, las personas no tienen garantizados los derechos huma-
nos. Por ello, el derecho a un ambiente sano, es considerado hoy un derecho hu-
mano fundamental.
Es relevante, en este sentido, el Acuerdo de Escazú (2021), Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justi-
cia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es un tratado inter-
nacional regional, de América Latina y el Caribe, respecto a protocolos para la
protección del ambiente. En él se destaca el principio de máxima publicidad y la
obligación de cada Estado de “difundir la información generada y/o recopilada”.
En sintonía con esos estándares, la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015), en
su objetivo 13 sobre cambio climático, dice “13.3 Mejorar la educación, la sensibi-
lización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cam-
bio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”.
Como corolario de este fundamento —el ambiente como derecho humano—
la Corte Interamericana de DD.HH. ha dicho en la O. C. 23/17 sobre ambiente y
derechos humanos que “existe una la relación innegable entre la protección del
medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. Allí determinó que
los Estados, entre otras cosas, deben “garantizar el acceso a la información sobre
posibles afectaciones al medio ambiente”. La Opinión Consultiva fue suscripta el
15 de noviembre de 2017 y noticada el día 7 de febrero de 2018.
Allí la Corte Interamericana desarrolló por primera vez el contenido del de-
recho al medio ambiente sano. En el ámbito interamericano estaba referenciado,
tanto por lo dispuesto en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador como en
el artículo 26 de la Convención Americana, que contiene los derechos económi-
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cos, sociales y culturales. El Tribunal destacó “la relación de interdependencia
e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el
desarrollo sostenible”.
Es fundamental desarrollar nanzas sostenibles. Existe la necesidad de exi-
gir auditorías ambientales severas y balances de sostenibilidad para el acceso al
crédito local e internacional de las empresas agroindustriales.
La política scal es una política pública y como tal está sujeta a las obligacio-
nes en materia de derechos humanos que tienen los Estados.
Esa política scal debe estar acorde con los principios de derechos humanos
para asegurar la disponibilidad de los recursos públicos sucientes, efectivos
y sostenibles para la realización de los derechos. La rendición de cuentas de
los estados respecto al uso de los recursos en general, y en particular sobre
sus políticas scales, pueden contribuir a la prevención de las violaciones
sistemáticas de los derechos civiles y políticos y a la corrección de las viola-
ciones estructurales de los económicos y sociales. (Ocina del Alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos, 2017)
Conclusión: Hacia una economía respetuosa del ambiente
como derecho humano y sustentable
La economía no debe ser pensada solo en términos de más ganancia mone-
taria. Los elementos de la naturaleza deben cumplir una función social, con un
valor de bien común y que respete al ambiente como un derecho humano fun-
damental. Hay que acabar con la lógica de la explotación indiscriminada de los
recursos y de socialización o externalización de los costos ambientales. Tucumán
no debe ser la excepción.
Una economía sostenible requiere instituciones fuertes, controles efectivos,
sanciones reales y políticas scales alineadas con los estándares de derechos hu-
manos. No se trata solo de aplicar impuestos verdes o regulaciones aisladas, sino
de construir un sistema coherente donde la prevención, la remediación y la trans-
parencia sean reglas innegociables. La protección ambiental debe integrarse a la
planicación económica, al crédito, a la inversión y a la gestión pública.
El desafío es repensar las actividades productivas, tal vez tendiendo a una
economía de servicios y que el cambio se produzca sin destruir el tejido social. La
economía circular, las nanzas sostenibles, la participación ciudadana y el acceso
a la información —ordenadas por el Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia inte-
ramericana— son pilares para este cambio.
Una economía con desarrollo sostenible, respetuosa del ambiente y de la
vida es posible y es un derecho humano.
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El impacto económico del daño ambiental. Referencia a Tucumán
Declaración de uso de inteligencia articial
Para la realización de este ensayo, se utilizó inteligencia articial para suge-
rir mejoras en algunos párrafos y para control de expresiones, de la corrección
de citas en formato APA y eventuales contradicciones. Las herramientas fueron
ChatGPT, modelo básico, y Copilot.
Referencias
Acuerdo de Escazú. (2021). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Par-
ticipación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América La-
tina y el Caribe.
Constitución Nacional Argentina. (1994). Constitución de la Nación Argentina.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Opinión Consultiva OC-
23/17. Medio ambiente y derechos humanos.
Ley 25.675. Ley General del Ambiente. (2002). Boletín Ocial de la República Ar-
gentina.
Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible.
Ocina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos. (2018). Haciendo realidad los derechos humanos a través de los presupuestos
gubernamentales (HR/PUB/17/3).
Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare. Macmillan and Co.
