Los diputados nacionales democristianos y los desafíos de la reconstrucción democrática (1981-1991)


The national Christian Democratic deputies and the challenges of democratic reconstruction (1981-1991)


Marcela P. Ferrari

CONICET

Universidad Nacional de Mar del Plata

marcelapatriciaferrari@gmail.com


Mariano Fabris

CONICET

Universidad Nacional de Mar del Plata

marianofabris76@gmail.com



Resumen

Este artículo propone analizar la labor parlamentaria de los legisladores democristianos entre 1983 y 1991, observando particularmente los principales ejes de sus agendas, las líneas de acción desarrolladas en relación con su trayectoria política dentro y fuera del partido y con algunos de los principales debates que atravesaron la configuración política democrática. A partir de los avances de la bibliografía y del análisis de un conjunto variado de fuentes, sostenemos que los proyectos e intervenciones legislativas de los diputados del PDC fueron nutridos por las directrices partidarias, las de la línea interna Humanismo y Liberación (HyL) y las perspectivas personales que reflejan las trayectorias construidas en distintos espacios de militancia. Consideramos que la mayoría de sus propuestas no se concretaron al chocar con las barreras que imponían su escaso peso parlamentario y las políticas impulsadas por el poder ejecutivo. Asimismo, en ocasiones, las iniciativas de los legisladores del PDC habrían sido motivo de tensiones y conflictos internos que contribuyeron a debilitar a un partido minoritario que terminó por fracturarse en 1988.


Palabras clave: Argentina, reconstrucción democrática, Democracia Cristiana, legisladores democristianos, Humanismo y Liberación.


Abstract

This article proposes to analyze the parliamentary work of the democratic legislators between 1983 and 1991, observing particularly the main tasks of their agendas, the relationship of the lines of action developed with their political sector within the party and in broader terms, with some of the main debates that crossed the new political configuration. Based on the advances in the bibliography and the analysis of a varied set of sources, let us assume that the legislative projects and interventions of the PDCs were nurtured by partisan guidelines, the internal Humanism and Liberation (H&L) line and the personal perspectives that reflect the trajectories built in different spaces of militancy. We believe that most of his proposals did not materialize when colliding with the barriers imposed by his low parliamentary weight and the policies of the Executive Power. Likewise, at times, the initiatives of the PDC legislators have been the cause of internal tensions and conflicts that have contributed to weakening a minority party that ended up fracturing in 1988


Keywords: Argentina democratic reconstruction, Christian Democracy, Christian Democracy legislators, Humanismo y Liberación


Fecha de envío:19 de marzo de 2021

Fecha de aprobación: 20 de abril de 2021


Introducción

El retorno de la democracia en diciembre de 1983 no implicó para el Partido Demócrata Cristiano (PDC) una ruptura en su comportamiento electoral. Siguió siendo un partido exitoso en la formación de cuadros, con serias dificultades para acceder a cargos electivos de importancia de no mediar la participación en un frente.

Durante el primer tramo de la reconstrucción democrática, en términos de ocupación de cargos, los principales “éxitos” del PDC consistieron en la participación de algunos dirigentes en el gobierno del radical Raúl Alfonsín. Fue el caso de Enrique De Vedia y otros compañeros del partido en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia o el de Oscar Puiggrós en la embajada de Portugal. En cuanto al acceso a diputaciones en el Congreso, quedó reducido a unos pocos dirigentes incorporados por elección en convocatorias sucesivas: Augusto Conte (1983-1987), Carlos Auyero (1985-1989) y Alberto Aramouni (1987-1991).1 Todos pertenecían a Humanismo y Liberación (HyL), línea identificada como el ala progresista del partido.

El objetivo que proponemos en este artículo es analizar la labor parlamentaria de los legisladores democristianos, observando particularmente los principales ejes de sus agendas, las líneas de acción desarrolladas en relación con su trayectoria política dentro y fuera del partido y con algunos de los principales debates que atravesaron la configuración política democrática.

Las ciencias sociales prestaron poca atención al PDC y, menos aún, a los políticos democristianos, probablemente como consecuencia de su reducida gravitación electoral. De todas maneras, un repaso a la producción existente arroja dos líneas de abordaje que, en conjunto, ofrecen un panorama general, aunque fragmentario. En primer término, la referida a la reconstrucción de la organización, las vicisitudes partidarias y los debates que la jalonaron a lo largo de sus casi 70 años de vida. Al respecto se reconocen dos tipos de estudios. Los producidos por los militantes (Romero Carranza, 1956; Ghirardi, 1983; Cerro, 1983; Parera, 1986) exhiben las tensiones de un recorrido partidario sinuoso, plagado de rupturas y desprendimientos. Más recientemente, la mirada académica añadió complejidad a las interpretaciones sobre los modos en que la DC se inscribió en el juego político en dictadura y democracia y analizó algunas de las principales trayectorias políticas que echan luz sobre configuraciones políticas más amplias (Prieto, 2014; Ferrari, 2017 a y b, 2018 a y b; Fabris y Ferrari, 2019). Una segunda línea analítica es la que ha reconstruido las experiencias democristianas al calor de debates amplios sobre el lugar del pensamiento cristiano en la cultura política argentina, su relación con distintas familias intelectuales y también con los postulados y el protagonismo de la Iglesia católica. Los aportes de José Zanca (2013), Diego Mauro (2020) y Mariano Fabris (2018), aunque dispersos en cuanto a temas y períodos, configuraron una agenda de problemas relevante.

Teniendo en cuenta estos avances y la vacancia en torno a la acción parlamentaria de los democristianos durante la recuperación democrática iniciada en 1983, sostendremos que sus proyectos e intervenciones legislativas fueron nutridos con diferente intensidad por las directrices partidarias, las de la línea interna Humanismo y Liberación (HyL) y las perspectivas personales que reflejan las trayectorias construidas en distintos espacios de militancia. Aunque estos diputados pretendieron contribuir a la ampliación de derechos de la ciudadanía, la mayoría de las veces sus propuestas no se concretaron al chocar con las barreras que imponían su escaso peso parlamentario y las políticas impulsadas desde el poder ejecutivo -radical o, luego, peronista- y defendidas por sus respectivas bancadas. Asimismo, en ocasiones, las iniciativas de los legisladores del PDC habrían generado tensiones y conflictos internos que contribuyeron a debilitar a un partido minoritario que terminó por fracturarse en 1988.

El artículo se funda en el análisis de diversas fuentes: proyectos y debates legislativos, prensa, documentos partidarios y entrevistas en profundidad. Se organiza en dos apartados. El primero contextualiza y recorre la trayectoria de los parlamentarios dentro del PDC. El segundo sintetiza sus intervenciones legislativas en torno a tres cuestiones nodales: (a) derechos humanos, pasado reciente y cuestión militar; (b) familia y educación y (c) rol del Estado. En la conclusión se recuperan los principales puntos desarrollados en relación con el objetivo y la hipótesis planteados.


Dirigentes y parlamentarios en la reconstrucción democrática


Los orígenes de Humanismo y Liberación

La DC era un partido de cuadros de matriz cristiana pero no confesional, que llegó a la última dictadura dividida en dos partidos con voluntad de unificarse: el Partido Popular Cristiano (PPC), que había integrado el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) encabezado por el peronismo, y el Partido Revolucionario Cristiano (PRC), miembro de la Alianza Popular Revolucionaria. En plena suspensión formal de la actividad política y en un contexto fuertemente represivo, las iniciativas adoptadas desembocaron en el Documento de Nazareth (diciembre de 1977) que propendía a la reorganización partidaria como parte de un amplio movimiento nacional y popular. El texto expresaba que el humanismo cristiano era la alternativa para superar antinomias y exhortaba a trabajar por la vigencia de una democracia donde se desplegaran relaciones humanas solidarias, con trabajo, justicia social, participación popular, pluralismo y formas humanas de vida. Asumía que tanto civiles como militares tenían responsabilidad sobre los problemas de aquel presente y promovía el diálogo sustantivo con otros actores político-sociales: Fuerzas Armadas, iglesia católica, partidos políticos, movimiento obrero, empresarios, intelectuales, técnicos, profesionales, jóvenes.2 Esto derivó en la formación de la Federación Demócrata Cristiana (FDC) a mediados de 1978.

Pero la incipiente unidad se puso en riesgo cuando a finales de ese año dos dirigentes del PPC, José Antonio Allende y Salvador Busacca, asistieron a un brindis con el presidente de facto Jorge R. Videla en el Círculo de Legisladores, por invitación del radical Vicente Mastrolorenzo. Arreciaron las críticas de un sector integrado, entre otros, por Carlos Auyero, Alberto Aramouni, Augusto Conte Mac Donnell, Enrique de Vedia, Enrique di Liscia, Guillermo Frugoni Rey y Néstor Vicente, que rechazaba esa modalidad de diálogo dirigida y limitada por las FFAA por falta de autenticidad. Plantearon entonces la formación de un polo civil de confluencia entre distintas fuerzas sociales, económicas y políticas para enfrentar al poder militar. Los denominados “duros” acentuaron ese giro con nuevos desafíos al régimen y a los “dialoguistas” del partido, al apoyar la propuesta de Fidel Castro en la conferencia de países no alineados de La Habana, aprobar la presencia y lo actuado por la Conferencia Interamericana de DDHH de la OEA en Argentina y expresar fuerte preocupación por las desapariciones de personas (Ferrari, 2017). Cuando en 1980 dirigentes del PPC y del PRC volvieron a dialogar con la junta militar, los “duros” publicaron una solicitada en la que arremetieron contra la voluntad de perpetuación del régimen y la modalidad de diálogo político distractiva, promovida “con la pretensión de crear ante la opinión pública la sensación de apoyo a la gestión oficial”.3 Un año después exigían el retorno irrestricto de la democracia, con libertad de acción de los partidos políticos y de cuanto expresara la opinión popular del país.4

Cuando el Gral. Roberto Viola asumió la presidencia de la nación en marzo de 1981 y exhibió cierta apertura que animó a los partidos a una acción más decidida, la Unión Cívica Radical (UCR) convocó a formar una coalición Multipartidaria. Ante ello, los democristianos se reunificaron para fortalecer a la FDC, al tiempo que los “duros” se presentaron públicamente el 20 de junio de 1981 como HyL, línea interna que reunía a dirigentes de fuste. Su conducción recayó sobre Enrique de Vedia, acompañado en el Secretariado por Néstor Vicente y por Víctor Sonego, Rolando Bonacchi, Antonio Bosch, Gabino Novoa, Ángel Atilio Bruno y Eberto Cuevas. En el documento fundacional celebraban la unificación en la Federación y exponían los esfuerzos que ellos habían realizado en ese sentido, sosteniendo al PDC en las provincias -especialmente, en la de Buenos Aires- y el país. Pero también marcaron sus diferencias frente al resto. Evaluaron como completamente negativa la política del gobierno militar, al que entonces categorizaron como dictadura, y denunciaron la gravísima violación a los derechos humanos (DDHH), lo equivocado de los lineamientos de la política económica y las profundas restricciones en el campo educativo y cultural.5 Considerando que la dictadura estaba agotada, llevaron a la Multipartidaria propuestas que coincidían con el rápido retorno a la vida democrática sin exclusiones, con independencia del régimen y movilización de todos los sectores (sociales, económicos, culturales y religiosos). Ratificaron la soberanía popular como fuente de poder legítimo, exigieron el levantamiento del estado de sitio y el retorno de la actividad política. Reclamaron la libertad sindical, la fijación de un cronograma electoral con vigencia del último estatuto de partidos políticos y la necesidad de contar con una democracia sólida y estable, bajo los principios del documento episcopal “Iglesia y Comunidad Nacional”.6

Además de la propia organización, la línea HyL se sostenía en dos espacios. Uno eran los centros dedicados a la investigación social, donde se ofrecían charlas, organizaban actividades de formación y de información. Entre ellos, se destacó la Fundación Argentina para el Desarrollo Económico y Social (FAPES), que era del conjunto partidario, pero fue presidida por Conte (1976-1979) y de la que Auyero integró el consejo directivo (1974-1979). En dictadura, FAPES fue un refugio que se extendió a militantes de otras fuerzas, como los peronistas Carlos Grosso y Julio Bárbaro, o el intransigente Miguel Monserrat. El otro, muy importante en la coyuntura, era constituido por los organismos de derechos humanos. Algunos cuadros representativos de HyL establecieron vínculos estrechos o participaron directamente en ellos. El más destacado fue Augusto Conte, padre de un desaparecido, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien embistió con fuerza contra los perpetradores del terrorismo de Estado.

La guerra de Malvinas introdujo un impasse en la acción política. Tras un largo debate interno, Auyero representó al partido en el viaje que los políticos realizaron a las islas, en apoyo a la causa, mas no al régimen militar (Ferrari, 2018). Luego de la derrota, se aceleraron los tiempos políticos y, mientras la dictadura llegaba a su fin, la FDC se reorganizó para presentarse a las elecciones de 1983. El único cargo nacional que obtuvo fue la diputación de Conte, quien recibió más votos en Capital Federal que el candidato a presidente en todo el país. Triunfó en virtud de una representación de doble origen: partidario y del movimiento de Derechos Humanos (Fabris y Ferrari, 2019). En efecto, los organismos lo consideraron “su” candidato e incidieron con fuerza en su elección, movilizaron al electorado porteño y repercutieron en el estudiantado universitario, donde la DC tenía poquísima presencia.

En 1983 HyL no ejercía la conducción nacional del partido. Pero el estímulo de la elección de Conte y el arduo trabajo político que supuso un incansable recorrido del territorio nacional para reclutar adhesiones internas, permitieron que esta línea alcanzara la conducción nacional dos años después, con Auyero como presidente. Esa línea condujo al partido hasta 1988, cuando en las convenciones nacionales de Rosario y Córdoba se decidió continuar integrando un frente con el peronismo luego de que la elección interna del Partido Justicialista (PJ) definiera como candidato presidencial a Carlos Menem. A raíz de ello, los diputados nacionales, acompañados por un nutrido grupo de militantes, abandonaron la DC y formaron un nuevo partido, la Democracia Popular -en cuyo nombre Auyero y Aramouni continuaron ejerciendo el cargo-, que desembocó en las coaliciones de centroizquierda de comienzos de los años noventa.


Las trayectorias de los parlamentarios democristianos

Un rápido recorrido por las trayectorias de Augusto Conte, Carlos Auyero y Alberto Aramouni evidencia que su militancia se inició, prácticamente, con la fundación del partido. Si bien en esos comienzos los democristianos fueron opositores al peronismo,7 con posterioridad participaron de la línea de apertura que, acorde al giro dado por las democracias cristianas occidentales, se aproximó a los movimientos nacionales y populares y, en Argentina, al PJ (Compagnon, 2017, Mainwaring y Scully, 2010).8

Previo al ejercicio de la diputación nacional, hubo pocas interrupciones en las actividades políticas de los tres, si se entrelazan los cargos partidarios y de gobierno. Conte se había desempeñado como funcionario en una subsecretaría en el ministerio de Educación (1955-1958) y durante el onganiato, es decir, en gobierno militares. Fue convencional nacional de la DC (1962-1965); director de su Instituto de Estudios (1963); miembro de la Junta Nacional Partidaria (1965-1966); Vicepresidente 2º del PPC (1972-1973); Subsecretario de Estado de Recursos Naturales (1973-1975); Presidente de FAPES (1976-1979) (Parera, 1986, II: 255-258). Como padre de un desaparecido y afectado por esa experiencia límite, se involucró por completo en la defensa de los DDHH; fue vicepresidente de la APDH y fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (Vicente, 2006).

A Carlos Auyero y Alberto Aramouni, ambos nacidos en 1936, los unía una gran amistad desde muy jóvenes. Considerar sus cursus honorum en paralelo, confirma la manera en que los lazos primarios informales contribuyen a potenciar las carreras políticas. Militaron en la Acción Católica, actuaron en la parroquia de Lanús y en 1958, alcanzada la mayoría de edad, afiliados a la DC y sin pasar por la juventud partidaria, organizaron una lista con la que enfrentaron a los adultos y triunfaron en las elecciones del comité local, del que Auyero ocupó la presidencia y Aramouni la secretaría general. Con posterioridad ganaron la conducción del comité provincial, desde el cual Auyero, que a comienzos de los años 60 había sido vicepresidente de la Juventud Universitaria Católica en la Facultad de Derecho de la UBA y había concluido su carrera de abogacía, fue postulado a una diputación en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que obtuvo con 27 años. Aramouni renunció a la posibilidad de ser primer concejal de Lanús porque ponderó la finalización de sus estudios. A fines de la Revolución Argentina, en 1971 se enrolaron en las filas del PPC, afín al peronismo. Auyero fue apoderado y secretario general de su junta nacional (1971-1973), mientras Aramouni lo era a nivel provincial. Entre 1973 y 1976, Auyero fue diputado nacional por esa coalición y se desempeñó en la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y en la de Educación. En el mismo período, Aramouni fue diputado provincial bonaerense. Entre 1981 y 1982 Auyero fue secretario general del PDC (Parera, 1986, T. II: 218-221). En 1985, como adelantamos, presidió esa fuerza, de la que Aramouni fue vicepresidente segundo. Ambos concertaron el acuerdo con la línea cafierista del peronismo para integrar el Frente Renovador (FR) en la provincia de Buenos Aires. Como parte del FR, Auyero resultó electo diputado nacional (1985-1989) y Aramouni volvió a la cámara de diputados bonaerense (1985-1987), cargo al que renunció cuando en 1987 fue elegido diputado nacional, por el mismo FR (1987-1991). Compartieron dos años como diputados nacionales. Su alejamiento del partido se produjo también en simultáneo. Cuando habían iniciado tratativas con representantes de sectores populares progresistas y socialistas, que podían desembocar en la candidatura de Auyero a presidente de la Nación, quienes habían sido desplazados de la conducción partidaria por HyL pusieron fin a esas expectativas en las ya mencionadas convenciones de Córdoba y Rosario.9


Pensar lo político

Se resistían a reconocerse como intelectuales. Auyero afirmaba que era “un político que había leído un poco más que el resto”.10 La labor parlamentaria de cada uno reflejó un pensamiento que abrevaba en diferentes vertientes, que podían ir desde el humanismo de Jacques Maritain hasta los escritos y discursos de Perón, pasando por los documentos del episcopado o papales. Más allá de esta diversidad, lo significativo era el modo de articular esas ideas a la hora de nutrir los debates sostenidos durante la democratización.

El pensamiento de HyL se reflejó en la prensa partidaria -las revistas Proyecto Socialcristiano; Hacha y Tiza; y, después de la ruptura de 1988, en La Mirada. En todas gravitó el impulso de Auyero. Pero también la producción de ensayos de autor o compilaciones pone de manifiesto los núcleos centrales en los que sustentaron la actividad parlamentaria, de los que sintetizaremos los planteos principales.

En materia de violación a los DDHH, Conte elaboró la teoría del “paralelismo global”, cuyo núcleo sostenía que la represión no había sido una respuesta necesaria e inevitable del Estado dictatorial al verse agredido sino el resultado de un plan elaborado por los “teóricos y ejecutores de las Fuerzas Armadas argentinas”, sistemático e institucional aun en su faz clandestina.11 De allí que negara la noción de excesos de una guerra, a contrapelo de lo sostenido por la conducción del partido (Fabris y Ferrari, 2019).12

En cuanto al régimen político, Auyero y un estrecho círculo de allegados desarrollaron la noción de democracia de participación plena, “un sistema de organización social con protagonismo popular para el desarrollo integral y la socialización humanista del poder” (Auyero, 1983: 65), que ofrecía la posibilidad de transformar la sociedad, el ejercicio del poder, las relaciones y los mecanismos de producción y distribución de la riqueza, “en una democracia de definido contenido social, nacional y popular”,13 que recogiera las protestas impulsadas por sectores medios y populares para transformarlas en propuestas.14

Finalmente, otro eje irrenunciable para los democristianos fue la defensa de la acción del Estado, en relación con la economía y al servicio de la sociedad. En 1983 Auyero sostuvo la plena vigencia del Estado de derecho y el respeto a la ley como formas de promover la vida y la seguridad personal, y argumentó a favor de revertir las políticas económicas regresivas que derivaron en la profundización de la brecha entre pobres y ricos, la puesta en vigencia de una “economía de la reconciliación”, con base en el principio de la subsidiariedad, la socialización del poder, generando estructuras de participación, el afianzamiento del federalismo y la generación de un espíritu de unidad nacional y latinoamericana, entre otros.15 Años después se mostró crítico de las políticas posibilistas del alfonsinismo que calificaba como exitosas para consolidar “una democracia restringida” pero excluyente de amplios sectores sociales para decidir en cuestiones públicas relevantes como las políticas económicas que, atadas al manejo de los capitalistas, no revertían el proceso de desinversión ni conciliaban sus exigencias con las necesidades de un Estado endeudado y sin rumbo “como no sea seguir disminuyendo su capacidad reguladora”.16 Para fortalecer al Estado, expresaba que la única posibilidad era establecer un pacto capaz de cerrar la brecha entre lo político y lo social, que no se redujera a una concertación entre dirigentes. Insistía en que sólo fortaleciendo al Estado habría posibilidad de institucionalizar mecanismos de autodeterminación para enfrentar a los sectores económicamente dominantes. De allí también la lucha sostenida por Aramouni contra la reforma del Estado en los términos planteados por el menemismo que, en su criterio, renunciaba a las facultades ejercidas sobre el patrimonio público ante un capitalismo ingobernable y en proceso de transnacionalización., transgredía cualquier contenido emancipador del peronismo clásico y profundizaba las desigualdades entre una minoría “integrada” y una mayoría “sobrante”.17


Ejes de acción legislativa


Entre 1983 y 1991 Augusto Conte, Carlos Auyero y Alberto Aramouni desarrollaron una intensa labor parlamentaria que, como afirmamos, reflejó con diferente intensidad las líneas generales de acción contempladas por el PDC, las propuestas más específicas discutidas en HyL y las perspectivas personales forjadas durante su militancia. Si bien nos detendremos en los tres aspectos anunciados, destacamos que su labor excede enormemente esta selección. 18

Derechos humanos, pasado reciente y cuestión militar

En el deslizamiento que significó transitar desde “la cuestión de los derechos humanos” y la revisión del pasado hacia la “cuestión militar” (Acuña y Smulovitz, 1991), hubo cuatro momentos en los que los parlamentarios democristianos tuvieron una acción destacada. El primero fue el de comienzos de la novel democracia cuando se le dio forma a una interpretación hegemónica sobre el pasado reciente, se definieron los instrumentos legales para abordar las violaciones a los DDHH y se concretó el juicio a las juntas procesistas. Durante esta etapa el representante del PDC en el Congreso fue Conte, quien había enarbolado la bandera de los DDHH durante la campaña electoral, causa a la que dedicó una intensidad menguante a medida que el oficialismo logró imponer sus criterios.

Las enunciaciones de Conte iban mucho más allá de la posición oficial del PDC, que sólo parcialmente recogió los reclamos de esclarecimiento sobre las violaciones a los DDHH del período dictatorial. El partido se acercaba a las propuestas del Episcopado centradas en las ideas de perdón y reconciliación, con los sentidos vidriosos que implican esos conceptos. A su vez, la interpretación general del pasado del PDC se nutría de una lectura de la violencia política y la represión predominante entre los representantes políticos, que partía de cierta equiparación entre el accionar guerrillero y la represión estatal en el marco de una “guerra sucia”.19 En la plataforma electoral del partido se consideró que la desaparición de personas y la tortura convivían con el aborto o la “acción subversiva” y se reclamó una reconciliación que permitiera “superar los obstáculos que han sembrado odios y divisiones en la familia argentina”.20 Aunque el documento condenaba a “los responsables de las violaciones de los derechos humanos” y, particularmente, a quienes ejecutaran o autorizaran torturas o “la privación ilegítima de la libertad”,21 no definía qué se debía hacer con las violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura. Se apuntaba a una redefinición de la función y los marcos de acción de las FFAA junto a una serie de modificaciones legales destinadas a sancionar hacia el futuro cualquier práctica similar a las que había sufrido el país en los años previos.

Lejos del oficialismo partidario, Conte llegó al Congreso con objetivos claros consensuados dentro de HyL y con el movimiento de DDHH. Defendió con tesón la formación de una Comisión parlamentaria bicameral encargada de investigar las violaciones a los DDHH. Ese era un reclamo de los organismos que chocaba con los planes del gobierno. En diciembre de 1983, mientras él y los diputados del Partido Intransigente (PI), Raúl Rabanaque Caballero, Miguel Monserrat y Marcelo Arabolaza, presentaron un proyecto a favor de ese mecanismo por considerarlo un engranaje fundamental para la revisión del pasado reciente,22 el gobierno decretaba la formación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

La propuesta de Conte, en sintonía con la de HyL, aspiraba a un horizonte de “reconciliación” precedido por el logro de “verdad y justicia”. Revalorizaba el rol del poder legislativo y cuestionaba, por presidencialista, la decisión del gobierno en los propios términos del contrato republicano propuesto por Alfonsín durante la campaña. En efecto, sugería que era una elemental obligación republicana que el Parlamento, como cuerpo de mayor representación política, investigara “la política represiva, criminal y clandestina que enlutó al país”, en beneficio de garantizar firmemente el “nunca más”.23

Pero su proyecto no prosperó y a este revés le siguió otro significativo cuando, en contra de lo esperado por Conte y los organismos de DDHH, el gobierno logró aprobar -no sin modificaciones relevantes- una reforma del código de justicia militar que garantizaba como primera instancia judicial los tribunales castrenses. A diferencia del proyecto presentado por Conte y Rabanaque Caballero, la propuesta del gobierno no reconocía la existencia de un “Estado clandestino paralelo” que hubiera utilizado “al crimen y al terror como metodología y práctica permanentes.”24 De allí que durante el debate Conte preguntara: “¿Es que acaso hay algún argentino que piense que un tribunal que esté supeditado a una institución que ha asumido globalmente el compromiso y la decisión de acudir a estos planes represivos con criterios sustentados en la doctrina de seguridad nacional (…) está dotado de las exigencias y calidades de imparcialidad como para atender estas causas?”. 25 Pero sus intentos fueron vanos.

Un segundo momento de participación de los democristianos en materia de DDHH se dio una vez finalizado el juicio a las juntas militares, cuando el gobierno procuró limitar los intentos de ampliación de los procesamientos a militares acusados de violación a los DDHH, a través de las instrucciones a los fiscales y la llamada ley de Punto Final, en 1986. En el que fue su último año legislativo, Conte se opuso a ello, intentó que se pidieran informes al ministro de defensa y votó contra la ley que estableció un límite temporal a los procesos judiciales. Calificó la iniciativa gubernamental como un retroceso que, luego de las treinta condenas logradas hasta entonces, configuraba una amnistía en términos políticos y jurídicos. Para él se trataba de “una burla al esfuerzo de la comunidad toda en la búsqueda de la verdad y en el seguimiento confiado del camino de la ley y la justicia”.26 En definitiva, afirmaba, la decisión del gobierno implicaba un duro golpe a la confianza en la justicia como instancia de resolución de los hechos del pasado.27

La ley de Punto Final no tuvo el efecto esperado por el gobierno y las tensiones en el ámbito militar se acumularon hasta el estallido de la rebelión carapintada de Semana Santa de 1987. Como consecuencia directa del desafío militar, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que habilitaba el uso “generoso” del principio de obediencia debida. A la hora del debate, que constituyó el tercer momento de intervención de los diputados democristianos, Auyero asumió una posición crítica frente a la propuesta oficial que, desde su óptica, expresaba resignación, sería una “derrota” para la democracia y afectaría sus posibilidades de reformar las instituciones militares.28 Luego anudó los hechos de Semana Santa a la decisión del poder ejecutivo, en una descripción que retomaba en parte su noción de democracia participativa:

(...) la gente, no las organizaciones internas de los partidos políticos (...) concurrió a las plazas de la República, dio al país un ejemplo de paz y coraje. La clase dirigente argentina obtuvo de esa forma una acumulación de energía social que temo (...) que estemos dilapidando. En esos momentos el presidente no solo dijo 'la casa está en orden' sino que agregó 'felices Pascuas, vuelvan a sus casas, todo está bien' (...), creo que allí se intentó que el actor principal de esa gesta, que fue el pueblo, pasara a ser espectador. Las energías políticas que se pusieron en movimiento a raíz de los acontecimientos sucedidos, otra vez eran expropiadas por el gobierno.29

Más adelante, a diferencia de lo sostenido por Conte, recuperó alguno de los sentidos que predominaban en el partido en relación con las FFAA. Diferenció “la represión al terrorismo”, sobre la que sostuvo no habría reclamos de parte del pueblo, de los “actos criminales cometidos en esa represión” y reclamó a las FFAA una revisión de las ideologías que las “aísla del Pueblo”.30 Alegó además que existían cuestiones de orden legal referidas a la imposibilidad de amparar hechos delictivos en la figura de la obediencia debida, una propuesta que carecería de legitimidad porque era rechazada por la mayoría del pueblo y porque, si el conjunto social no se identificaba con las leyes, erosionaría su confianza en la democracia.31 De ello derivó una reflexión más general, referida al funcionamiento del parlamento y las relaciones entre oficialismo y oposición. Para Auyero se ponía de manifiesto el escaso interés del oficialismo en la construcción de consensos, lo que afectaba severamente el rol de las fuerzas minoritarias. En su lectura, la coyuntura abierta con el levantamiento militar que se cerraba con la sanción de la ley de Obediencia Debida, echaba por tierra dos elementos centrales de la concepción de la democracia defendida por los legisladores del PDC y compartida por legisladores de otras fuerzas, como el PI y el PJ: la participación popular frente a una noción solo procedimental de la democracia y la construcción de consensos en un sistema que reconociera centralidad al parlamento.

Un último momento, cuando ya los parlamentarios democristianos integraban el bloque de Democracia Popular, se generó a raíz de los decretos de indulto de Menem. Aramouni presentó un proyecto de resolución en el que rechazó tanto la exculpación total o parcial de los procesados o condenados por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura como la de los militares comprometidos en actos de rebelión o insubordinación de Semana Santa (1987), Monte Caseros y Villa Martelli (1988).32 Argumentaba que toda norma en ese sentido marginaba al país de las naciones civilizadas y significaba un enorme retroceso para las instituciones jurídicas de la democracia, que ponía en riesgo la consolidación del Estado de derecho. Retomando los argumentos acerca de la reconciliación de los diputados democristianos que lo antecedieron, argumentaba que

Cuando el agravio ha sido cometido por los hombres que representan a las instituciones (…) se ha atacado a sectores de la sociedad sin que éstos pudieran ejercer el inviolable derecho de defensa en juicio (…) y en pleno ejercicio de ese poder se cometieron actos de verdadero terrorismo de Estado, como secuestros, torturas, desapariciones y demás crímenes que repugnan la condición humana, la reconciliación pasa entonces por la verdad, la justicia y el condigno castigo a los culpables.33


Familia y educación

Durante la etapa de reconstrucción democrática se aprobaron modificaciones significativas en el andamiaje legal que afectaba los derechos individuales, las concepciones sobre la familia y las relaciones dentro de ésta. La reforma del régimen de patria potestad y el divorcio vincular fueron los hitos más relevantes. Los representantes democristianos y algunos dirigentes que procedían del PDC y se integraron al gobierno, jugaron un rol importante en esas cuestiones.

Los cambios en el régimen de patria potestad, que como cuestión de fondo suponía un importante paso hacia la equiparación de derechos entre los cónyuges, no solo fueron incluidos en la plataforma electoral del PDC, sino que el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo fue el resultado del trabajo que desde la Secretaria de Derechos Humanos y Familia realizó su titular, el democristiano Enrique De Vedia, con la colaboración de sus compañeros de partido Horacio Sueldo y Carlos Eroles (Parera, 1986, T. II: 275). El proyecto despertó algunas críticas desde la Iglesia católica que entendían que se estaba modificando “el orden natural”.34 Desde su banca Conte defendió el proyecto e identificó a las críticas como “relampagueos fascistas”.35

Si algo preocupaba a los sectores más conservadores dentro de la Iglesia era que la modificación en el régimen de patria potestad fuera el paso previo a la introducción del divorcio. En realidad, así lo anunció De Vedia, generando el enojo del arzobispo de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu.36 La posibilidad del divorcio vincular no solo molestó a los obispos, sino a miembros de su propio partido. Vale recordar que, ante las elecciones de 1983, el candidato presidencial Francisco Cerro definía al PDC como “el partido de la familia” (Parera, 1986, T.I: 416) y la plataforma electoral optaba por el matrimonio indisoluble.

Conte se mostró favorable al divorcio y votó afirmativamente el proyecto mayoritario, lo que le valió un intento de sanción por parte de la Junta Nacional del partido (Parera, 1986, T. II: 475). Pero quien jugó un rol destacado sobre el tema fue Auyero, autor de un proyecto minoritario.37 En su intervención, rechazó el “inmovilismo” que pretendía “congelar una legislación casi centenaria”38 y aclaró que no pretendía imponer sus convicciones personales “al conjunto de una sociedad pluralista que vive en un marco democrático”.39 Su propuesta se trataba, básicamente, de una “ampliación muy grande del régimen de anulaciones y la consecuente producción de la rehabilitación nupcial”.40 Sin embargo, no se limitaba a la cuestión de divorcio y se presentaba como una reforma integral. En este sentido, incluía “normas tendientes a la protección y promoción de la familia en materia económica, social, cultural, y aun espiritual” y preveía “la creación de juzgados de familia (…) con un amplio régimen de apoyo técnico para las instancias de prevención y conciliación de conflictos”. A pesar de que el proyecto era más ambicioso del que se estaba discutiendo, al elegir un camino intermedio para resolver la cuestión del divorcio no sedujo ni a quienes lo apoyaban ni a quienes lo rechazaban.

En su presentación Auyero distinguió la función social del legislador, proyectada a la búsqueda del bien común en una democracia pluralista, de sus convicciones religiosas, que pertenecían a la esfera privada. Esta diferenciación entre una dimensión religiosa/privada y una política/pública, no fue la nota predominante entre los demás legisladores.41 Auyero insistió en diferenciar las “fuerza de las realidades sociales” y sus propias convicciones, lo político de lo religioso. Hasta argumentó que sus convicciones acerca del modelo de familia arraigaban en la perdurabilidad del vínculo conyugal pero no podía imponer su fe al conjunto de la sociedad.42 Por eso, según autorizados testimonios, recibió una amenaza de excomunión por parte del obispo de Lomas de Zamora, Desiderio Collino.43

En materia educativa, el desempeño de los diputados democristianos se concentró en dos cuestiones. En primer lugar, alentaron con escasa repercusión al poder ejecutivo y al resto de los legisladores a asumir una actitud más enérgica en la promoción del Congreso Pedagógico Nacional (CPN). El debate educativo promovido inicialmente por el gobierno y aprobado por unanimidad en el Congreso, no solo se presentaba como una oportunidad de debatir la situación de la educación, sino que por las características de la convocatoria (dirigida a todos los ciudadanos mayores de 15 años), era considerado en un ejercicio de participación democrática (Fabris, 2011). Los legisladores democristianos enfatizaron en estos sentidos mientras el gobierno y el principal partido de la oposición, perdían interés en el encuentro. Poco después de la finalización del CPN en marzo de 1988 -cuando se aprobó un documento que recogía muchas de las propuestas de la Iglesia católica-, Auyero y otros legisladores presentaron un proyecto de ley que contemplaba la formación de una comisión bicameral encargada de analizar esas conclusiones porque, aunque la convocatoria original establecía que los documentos aprobados no serían vinculantes, los consideraban una fuente que nutriría la sanción de una ley de educación.44 Pero no se avanzó en esta dirección porque, entre las escasas coincidencias que el gobierno nacional tenía con los documentos aprobados en el cierre del CPN, los levantamientos militares y la crisis económica, las conclusiones quedaron olvidadas hasta la sanción de la ley federal de educación de los años noventa.

La otra cuestión en la que se enfocaron los parlamentarios democristianos, con mayor éxito, fue la reestructuración del sistema universitario y la creación de nuevas casas de altos estudios nacionales. Para Auyero, una universidad era “un instrumento de liberación nacional, ya que sirve para formar a los hombres y a las comunidades en las que se asientan, porque es institución de instituciones, se forja a sí misma e influye sobre los demás factores”.45 Los proyectos presentados recuperaron algunos planteos elaborados durante la apertura democrática, cuando desde HyL proponían contar con una universidad cercana a la realidad, creativa, abierta, que formara argentinos amantes de lo nacional, profesionales con vocación de servicio, científicos que apuntalaran el desarrollo del país y que rompieran con la dicotomía cultura elitista y cultura popular.46 Desde la bancada democristiana propusieron crear universidades en las zonas Oeste, Norte y Sur del conurbano, a fin de “eliminar los enemigos del hombre: miseria, enfermedad e ignorancia y al mejoramiento espiritual y material del mismo”, tantas veces sostenidos por los democristianos.47 Auyero y Conte presentaron un proyecto de creación de la Universidad de General Sarmiento (3/7/1986, finalmente inaugurada en 1993), destinada a privilegiar la enseñanza de carreras vinculadas con el desarrollo socio-cultural y económico de ese partido y su zona de influencia, atendiendo a las necesidades del crecimiento de una población con un nutrido segmento de jóvenes, potenciales estudiantes provenientes de hogares con ingresos económicos reducidos que tenían necesidad de cursar carreras cortas, de bajo costo y con salida laboral. Auyero y Aramouni presentaron los proyectos de creación de otras dos universidades: la de San Isidro (que no prosperó) y la de Quilmes (15/5/1988), fundada en 1989. En el último caso, recogieron la demanda de la comunidad de vecinos reunidos en comisiones y del municipio, que confluyeron en una Mesa Coordinadora pro universidad, formaron una cooperadora ad hoc y contaron con el apoyo de instituciones locales como el Club Quilmes y el Banco Credicoop.48 El proyecto se inscribía en las nociones de democracia participativa y descentralización; tendía a apoyar a la sociedad quilmeña “y de todo el olvidado conurbano sur del Gran Buenos Aires, ya que extendería su influencia a Florencio Varela, Avellaneda y Berazategui.49

En cuanto a la educación de los adolescentes, Auyero y Conte presentaron un proyecto destinado a fortalecer el sentido de servicio y compromiso social mediante un programa de servicio comunitario, como actividad de carácter optativo en las escuelas secundarias nacionales, provinciales, municipales o privadas.50 Cada escuela que adoptara el programa elaboraría, con participación comunitaria de docentes, estudiantes y sus padres, su programa educativo de servicio comunitario en campo, sobre algún gran eje como reconocimiento geográfico y socio-cultural, preservación del medio ambiente y del patrimonio histórico, servicio en hospitales, escuelas de frontera, entre otros. La planificación y provisión de recursos derivaría en actividades a desarrollarse después del año lectivo. El resultado de la observación directa de la realidad geográfica y sociocultural, entendían, generaría experiencias para la formación de la conciencia nacional y el sentido comunitario de servicio entre los adolescentes.


Rol del Estado

Las aseveraciones más contundentes de los democristianos acerca del rol del Estado se manifestaron en respuesta a las leyes de emergencia económica y reforma del Estado (1989), una vez que la mayoría de HyL había roto con el tronco partidario y actuaba en un bloque de tres -y luego de dos- legisladores integrado por Democracia Popular y el Frente Social (Auyero-Aramouni-Fernández de Quarracino). Quien llevó la voz cantante fue Alberto Aramouni. Sus argumentos formaban parte del acervo ideológico de la DC y de la tradición parlamentaria de sus antecesores. Esto fue evidente cuando, ante las privatizaciones de las empresas del Estado, planteó una ley de cogestión y la creación de empresas de propiedad social.

Un proyecto de ley rubricado por Aramouni y Auyero proponía que los trabajadores, por ser los principales involucrados en el buen funcionamiento de las empresas, participaran en las decisiones empresariales interviniendo con plenos derechos e influencia en los órganos de conducción. Los fundamentos abrevaban en autores europeos y experiencias de la segunda posguerra, principalmente de Alemania Federal.51 Ese proyecto fue acompañado por el de creación de la empresa de propiedad social, definidas en el art. 1º como “personas jurídicas que adoptan la forma de cooperativas, integradas exclusivamente por trabajadores, constituidas en base al principio de solidaridad social, para ser destinatarias en forma total o parcial de los procesos de privatización que lleve a cabo el Estado nacional, las provincias o los municipios” (Aramouni, T. II, p. 429). Los trabajadores-socios eran todos aquellos que desempeñaran una función permanente en la empresa de propiedad social. Su jerarquía estaba dada por la función que cumplían en ella, la cual dependía de su capacidad y dedicación. Ellos se harían cargo de la empresa y tomarían las decisiones iniciales en asambleas por mayoría simple de votos de los presentes. La misma asamblea designaría las autoridades, aprobaría el estatuto y fijaría la distribución del capital accionario inicial. Trabajar sería una condición sine qua non para ser socio.52

Estas propuestas, que derivaban de una adaptación de la figura de la cooperativa, se presentaron ante la urgencia del Poder Ejecutivo por privatizar ENTEL, Aerolíneas Argentinas y otras posibles, a partir del descreimiento de que las privatizaciones generaran de por sí bienestar y prosperidad. Fueron presentadas como alternativa de transformación del orden económico social en un sentido más justo, en el cual los trabajadores fueran los principales protagonistas “y no meros espectadores de la transferencia de los bienes del Estado al campo privado”, que pudieran afrontar la tarea de conservar y acrecentar sus fuentes de trabajo a través de los principios de solidaridad y responsabilidad.53

El proyecto de Aramouni recuperaba y adecuaba a los desafíos del momento algunos elementos de otro referido a la creación del Sistema y del Consejo Nacional de Empresas de Propiedad Social, ingresado por Auyero y Conte a fines de 1986 cuando, desde el gobierno radical y en sintonía con la idea de modernización del Estado que circulaba a mediados de los ochenta, se planteó la privatización de las empresas públicas. Proponían adaptar las cooperativas de trabajadores al principio de solidaridad social para aplicar a las privatizaciones que pudieran llevarse a cabo en ramas de la administración pública, entes autárquicos, empresas o sociedades del Estado.54 Ahora bien, la creación de ese sistema era uno de los tópicos sobre los que Auyero ya se había explayado en 1983 para fortalecer el proceso de democratización que, a su vez, retomaba un proyecto que él mismo introdujo durante tercer gobierno peronista.55 En efecto, la creación de ese sistema había sido presentada en la Cámara de Diputados en 1974 con las firmas de Carlos Auyero y Nilda Garré, diputados por el FREJULI.56

Durante el tratamiento de la Ley de reforma del Estado y reestructuración de empresas públicas de principios de agosto de 1989, Aramouni volvió a la carga. Manifestó su preocupación en cuanto a la clausura del debate sobre el rol del Estado antes de ser instalado en la sociedad y de que se impusiera una nueva concepción de país que partía de la estigmatización del Estado como mal administrador. En su palabras, lo que se presentaba como pragmatismo para salir de la crisis era el intento de imposición de “un sistema económico basado en las corporaciones transnacionales y en la decisión de los grupos económicos dominantes que determinan una dependencia en nuestro país”, acorde al proyecto impulsado por el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.57 En un contexto que favorecía la hegemonía neoliberal en el país y el mundo, Aramouni denunciaba que, al trasladarse el eje de regulación económica del Estado a los mercados, se beneficiaba a los sectores privilegiados “que han saqueado y chantajeado al país”. Para este diputado la crisis del Estado se relacionaba en gran medida con los subsidios concedidos a dichos sectores que, a su vez, eran los grandes evasores en materia tributaria y acreedores de la deuda interna, beneficiarios de sobrefacturaciones y subfacturaciones. Así, afirmaba, la ofensiva liberal quitaba al Estado beneficios, orientaciones de la política económica, un mínimo de autonomía para fijar políticas regulatorias y debilitaba a la democracia al someter al Estado a la mera subsidiariedad.

Ni las argumentaciones de Aramouni ni sus proyectos evitaron la sanción de las leyes de Reforma del Estado y Emergencia económica. Tampoco fueron efectivos sus intentos para derogarlas y suspender las privatizaciones.58 Sin embargo, con argumentos similares, participó en las interpelaciones al ministro de Obras Públicas, José Roberto Dromi, y a la interventora de ENTEL, María Julia Alsogaray. “Evidentemente, aquí ha quedado en claro que se privatizan ganancias y se socializan las pérdidas y el costo social. (…) Se quita al Estado su poder de regulación y se transfiere a las corporaciones transnacionales”, afirmaba.59 Poco después insistía en que el país necesitaba “un nuevo pensamiento nacional y popular, que a partir de los valores democráticos y del respeto a los DDHH, concibiera al Estado como factor de crecimiento y estímulo del bien común y que para el logro de tal fin arbitre su potencial de acuerdo a los intereses populares”.60


Conclusión

Temas como la revisión del pasado reciente -incluyendo el juicio a los responsables de las violaciones a los DDHH-, educación y familia y el rol del Estado fueron prioritarios de la agenda de los parlamentarios democristianos durante la reconstrucción democrática. En sus proyectos y alocuciones se reflejaba el modo en que propendían a alcanzar una democracia sustantiva, con participación activa de los ciudadanos.

Al restablecerse la democracia, HyL coincidía con el ejecutivo nacional con respecto a la centralidad de los mecanismos constitucionales como forma de gobierno y de garantía de los derechos elementales que debían regir la vida en sociedad. Compartían el diagnóstico en cuanto a los problemas más acuciantes de la sociedad a los que se debía ofrecer soluciones: política de derechos humanos, revisión del pasado inmediato y rol de las FFAA, cuestión económica y deuda externa, aggiornamiento en materia de derechos individuales, educación. También desde mediados de los ’80 pensaban en la reforma del Estado. Lo que este artículo puso de manifiesto fueron las disidencias de los diputados democristianos frente al oficialismo radical y, desde 1989, peronista, con respecto al modo y la dinámica de resolución de esas cuestiones.

Aunque algunos integrantes de HyL formaron parte del gobierno alfonsinista desde secretarías específicas, los tres parlamentarios cuyas trayectorias seguimos, mantuvieron fuertes diferencias con ese gobierno y desde 1985 se mostraron más afines a los sectores de la Renovación del PJ. Pero ese acercamiento se resquebrajó ante la perspectiva de continuar en un frente con Menem, que sumado a tensiones y conflictos internos, concluyó en la ruptura anunciada del partido.

Reunificado al calor de la apertura democrática, el PDC continuó cobijando líneas internas que nunca terminaron de definir bases de acción común. Por el contrario, el desempeño parlamentario de quienes tomaban algunas directrices del partido y rechazaban otras en sus intervenciones en las cámaras, acentuaron una erosión de larga data, que derivó en la escisión de los sectores que se autoidentificaron como el progresismo y asumieron el costo de separarse del partido para formar otro espacio. Pero aquí también la decisión fue de carácter individual. Mientras Conte, probablemente el más criticado por sus compañeros de partido, permaneció en el tronco partidario que formó un nuevo frente de orientación nacional y popular con el peronismo, Auyero y Aramouni se convirtieron en las cabezas visibles de Democracia Popular, que prontamente ensayó con otras fracciones y fuerzas minoritarias una salida progresista de centroizquierda.


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1 En 1986 Ángel Bruno reemplazó a Conte mientras éste estuvo en uso de licencia, hasta el final de su mandato.

2 “No a la violencia. Sí a la paz”. Documento de convocatoria a los socialcristianos. Síntesis Socialcristiana, Nº 5, Buenos Aires, 1977, s/p.

3 Proyecto socialcristiano. Número 3. Buenos Aires, septiembre de 1980, pp. 12-13.

4 “Nuestra revista festejó su primer aniversario”. Proyecto Socialcristiano, Número 11 y 12, julio-agosto de 1981, p. 7.

5 “Humanismo y Liberación”. Proyecto Socialcristiano. Número 11 y 12, julio-agosto de 1981, p. 5.

6 Vicente, Nestor “Intransigencia o acuerdismo”. Proyecto Socialcristiano, Número 11 y 12, julio-agosto de 1981, pp. 10-11.

7 Entrevista a Ana María Fasce de Auyero, realizada por Marcela Ferrari, 18 de diciembre de 2016.

8 Sólo consideramos los tres parlamentarios titulares de la bancada democristiana. En 1986 Conte solicitó licencia y Bruno ocupó su lugar.

9 Entrevista a Alberto Aramouni, realizada por Marcela Ferrari, 21 de octubre de 2016. Acerca del progresismo que a fines de los ’80 impulsaba Auyero, coincidimos con la caracterización de Carlos Altamirano cuando lo define como una sensibilidad política inarticulada, “un área de fronteras discontinuas y mezcladas (…) identificable únicamente por un conjunto de valores y aspiraciones referidos a la vida pública”, distinto de la izquierda tradicional, de la opción liberal del alfonsinismo, del peronismo y del Partido Intransigente (1991: 11).

10 Entrevista a Héctor Massei, realizada por Marcela Ferrari, 8 de noviembre de 2019.

11 La teoría fue presentada en un coloquio realizado en París a principios de 1981. CELS, “El caso argentino. Desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado de una política. La doctrina del paralelismo global. Su concepción y aplicación. Necesidad de su denuncia y condena. Conclusiones y recomendaciones”, París, 1981, 23 pp., disponible en: https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/la-politica-de-desapariciones-forzadas-de-personas/.

12 Las posiciones oficiales de la DC en Respuestas demócrata cristianas. Buenos Aires, El Cid, 1982.

13 Estas afirmaciones fueron tomadas por el autor del documento político aprobado por la Convención Nacional del PPC, 15 al 17 de agosto de 1975, (Parera I, 1986: 332).

14 El sentido de la secuencia protesta-propuesta sería tomada por las coaliciones de centroizquierda y la CTA en los años noventa (Armelino, 2005).

15 Auyero, Carlos (1983). Del estado de jungla a la recreación de la república. Buenos Aires: El Cid Editor. Auyero reconoce que las propuestas del libro recogen años de militancia y colaboración con Carlos Eroles, Gastón Bordelois, Alfredo Pérez Alfaro, Carlos Leyba y Horacio Caracotche, p. 8.

16 Auyero, Carlos (1989). Desde la incertidumbre. Buenos Aires: Legasa, p. 163.

17 Aramouni, Alberto y Colombo, Ariel (1992). Críticas al liberal-menemismo. Buenos Aires: Fundación Proyectos para el Cambio, pp. 11 y 43-62.

18 Por sólo dar un ejemplo, plantearon cuestiones como los delitos económicos de la dictadura o la deuda externa, incluyeron pedidos de informes e investigaciones y solicitaron la renuncia de funcionarios que habiendo actuado con capacidad decisoria durante el Proceso permanecían en sus cargos en democracia. En este sentido, Conte reclamó el desplazamiento de Ricardo López Murphy y solicitó un informe sobre los depósitos argentinos en el extranjero Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados (en adelante, DSCD) 1984, f. 8 Reunión 7ma, 31/5, p. 1033. Buenos Aires: Pub. Of., 1986. Sobre los proyectos de Auyero y Aramouni, cf. Auyero, Carlos (1999), Proyectos legislativos. Buenos Aires, Lohlé-Lumen; Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio. T. II. Buenos Aires, Pub. Of.; Aramouni, Alberto y Colombo Ariel (1992), Críticas al liberal-menemismo. Buenos Aires: Fundación Proyectos para el Cambio

19 En 1982 la Junta Nacional del PDC encargó a la FAPES un libro que sintetizara el pensamiento del partido. En él se sostenía el rechazo tanto a la violencia subversiva como a la violencia represiva y se adjudicaba a las FFAA la participación en la guerra sucia que había arrojado el saldo de miles de desaparecidos y el deterioro del valor de la vida, cuando el conjunto de la sociedad se había sentido agredido por la subversión. Para superar ese conflicto, aspiraban a trabajar por la reconciliación de los argentinos, contribuyendo a restablecer la unidad pueblo-FFAA. FAPES (1982). Respuestas socialcristianas. Buenos Aires: El Cid Editor, pp. 13 y 30.

20 PDC, Plataforma electoral, 1983, pp. 3 y 4.

21 PDC, Plataforma electoral, 1983, p. 8.

22 DSCD, 1983, Sesiones extraordinarias, T. I, 29/11/1983 al 18/01/1984. Buenos Aires: Pub. Of., 1984, p. 145.

23 Conte, Augusto. “Comisión bicameral, ¿Por qué?” (24 diciembre de 1983). El Porteño, p. 19.

24 “Proyecto de ley sobre desaparición forzada de personas”. Elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo. Presentado por los diputados Augusto Conte y Raúl Rabanaque en 1984, Archivo Memoria Abierta Cod. B13.18. p. 290.

25 DSCD, 1983, Sesiones extraordinarias, T. I, p. 441.

26 DSCD, 1986, 63 Reunión, 23 y 24/12 1986, pp. 7820.

27 DSCD, 1986, 63 Reunión, 23 y 24/12 1986, pp. 7819-7820

28 DSCD, 1987, 8 reunión, 15 y 16/05/1987, Buenos Aires: Pub. Of., 1989, p. 643.

29 DSCD, 1987, 8 reunión, 15 y 16/05/1987, Buenos Aires: Pub. Of., 1989, p. 645.

30 DSCD, 1987, 8 reunión, 15 y 16/05/1987, Buenos Aires: Pub. Of., 1989, p. 646.

31 DSCD, 1987, 8 reunión, 15 y 16/05/1987, Buenos Aires: Pub. Of., 1989, p. 647.

32 Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio. T. II. Buenos Aires, Pub. Of., pp. 307-311.

33 Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio. T. II. Buenos Aires, Pub. Of., p. 311.

34 Emilio Ogñenovich, obispo de Mercedes y titular del secretariado para la familia de la Conferencia Episcopal, sostuvo: “Sabemos que la titularidad de la patria potestad compete en conjunto a ambos progenitores (…). Sin embargo, como todo orden, el familiar exige una jerarquía que robustezca su unidad, indispensable para la mejor formación de la prole. Por imperio de la naturaleza corresponde la primacía al padre (…). No se pone en tela de juicio la absoluta igualdad de ambos ante la ley, sino de tener perfecto conocimiento de los roles cumplidos por ambos en el seno de la familia”, Boletín AICA, Nº 1476, 4 de abril de 1985, p. 6.

35 DSDC, 1984, 45 Reunión, 27/03/1985, p. 7489.

36 Mizerit, Antonio “¿católicos y divorcistas?” (23 de abril de 1986). Esquiú, p. 5.

37 Según uno de sus colaboradores, evaluó ausentarse del recinto en el momento de la votación Entrevista a Roque Bellomo, realizada por Mariano Fabris, 14 de diciembre de 2016.

38 DSCD, 1986, 25 Reunión, 13/08/1986, p. 3553.

39 DSCD, 1986, 25 Reunión, 13/08/1986, p. 3554.

40 Su propuesta, que según algunos compañeros de partido se fundaba en el derecho canónico en la medida en que proponía la nulidad matrimonial, no prosperó. Entrevista a Alberto Aramouni, cit. Entrevista a Ricardo Vago, realizada por Marcela Ferrari, 28 de julio de 2016.

41 Se llegó al caso de diputados que buscaron respaldar su apoyo al divorcio recurriendo a conceptos religiosos e incluso pretendiendo actuar como intérpretes de los textos bíblicos (Fabris, 2011).

42 DSCD, 1986, 25 Reunión, 13/08/1986, p. 3558.

43 Entrevista a Ana María Fasce, realizada por Marcela Ferrari, 14 de septiembre de 2020.

44 DSCD, 1987, T. VII, Bs As, Imprenta del congreso de La Nación, 1989, 53 reunión, 16/3/1988, p. 5632

45 Auyero, Carlos (1989). Desde la incertidumbre, p. 128.

46 Auyero, Carlos (1983), Del estado de jungla, pp. 20-22.

47 Exp. 0997-D-86; DSCD, 3/7/1986, p. 2287 y ss, en Auyero, Carlos, Del estado de jungla, pp. 108-112. La cita retoma la idea de Auyero que sitúa a la miseria y la ignorancia entre las lacras que sumían en la pobreza a millones de argentinos. Auyero, Carlos, Del estado de jungla, p. 13.

48 Proyecto de ley del señor diputado Auyero y otros (expte 183-D.-88), en DSCD, 18 y 19/5/1988, p. 877. En Carlos Auyero, Del estado de jungla, pp. 126-127. Asimismo, promovieron la transferencia a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora del predio “Santa Catalina”, 720 has ubicadas en ese partido, propiedad de la Universidad Nacional de La Plata, que no prosperó. Exp. 1369-D-87; DSCD, 5/11/87, p. 3252 y DSCD, 28/4/1988, p. 6117. En Auyero, Carlos, Del estado de jungla, pp. 115-166.

49 Auyero, Carlos, Del estado de jungla, p. 127.

50 Exp. 1095-D-86; DSCD, 6/8/1986, p. 3082. En Auyero, Carlos, Del estado de jungla, pp. 106-108.

51 Entre los autores citados, Benito Pérez, “La participación sindical en la empresa”, El Derecho, 13/7/1984; Gaudencio Velasco, Participación de los trabajadores en la empresa y la defensa de las sociedades anónimas. Zaragoza, 1980, en “Ley de cogestión para la actividad empresaria del Estado”, D-164/89. Presentada ante las comisiones de Trabajo y OOPP, en Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio. T. II. Buenos Aires: Pub. Of., pp. 426-429.

52 Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio. T. II. Buenos Aires: Pub. Of., pp. 429-435.

53 Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio, pp. 434-435.

54 “Creación del sistema nacional de empresas de propiedad social y del Consejo nacional de empresas de propiedad social”. Exp. 3218-D-86. DSCD, 17/12/1986, p. 7622. En Auyero, Carlos (1983), Del estado de jungla, p. 90.

55 Auyero, Carlos (1983), Del estado de jungla, pp. 111-129.

56 “Creación del sistema de empresas de propiedad social”. DSCD, 1974, T. VI, p. 3054, en Auyero, Carlos (1983) Del estado de jungla, p. 61.

57 Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio, p. 436.

58 “Derogación de las leyes 23.696 y 23.697…”, D-4140/89, en Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio, p. 448.

59 “Intervención del diputado Alberto Aramouni durante la interpelación a la señora interventora de ENTEL, ingeniera María Julia Alsogaray”. Comisión de Comunicaciones de la CD de la Nación, 8/3/1990. En Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio, p. 450.

60 “Pedido de informes verbales al señor ministro de Obras y Servicios Públicos, doctor José Roberto Dromi, sobre diversas cuestiones relacionadas con el plan de privatizaciones de empresas del Estado”. D-4329/89. Aramouni, Alberto (1991), Proyectos para el cambio, p. 466.