Peticiones, movilizaciones y cultura parlamentaria: los católicos argentinos y el Congreso (1899-1914)


Petitions, demonstrations and parliamentary culture: the Argentine Catholics and Congress (1899-1914)


Martín O. Castro

CONICET

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. E. Ravignani”

Universidad Nacional de Tres de Febrero

martincastromdp@yahoo.com.ar



Resumen

Este trabajo ofrece una aproximación a las modalidades de vinculación que tuvieron lugar entre los católicos y el Congreso argentino entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para ello se detiene en tres dimensiones de la interacción entre el campo católico y el parlamento. En primer lugar, examina la preocupación que manifestaron prensa, legisladores y publicistas católicos hacia las formas que asumían la expresión legislativa de las minorías y la necesidad de incorporar modificaciones en la legislación que garantizaran la elección de parlamentarios que reflejaran una nación que los católicos interpretaban como católica. En segundo lugar, analiza las visiones críticas de la prensa y publicistas católicos como parte de un clima de crítica más general hacia el desempeño del Congreso y de la función legislativa. Finalmente, se dirige la atención hacia cómo las asociaciones católicas adoptaron y ejercieron el derecho de petición. En un contexto en el cual el Congreso estaba siendo sometido a intensas críticas, el derecho de petición y las movilizaciones que tenían por objeto al parlamento proveían de un canal de participación y ofrecían instancias alternativas de articulación de intereses y programas de la sociedad civil diferentes (aunque no necesariamente incompatibles) del escenario electoral.


Palabras clave: parlamento, peticiones, movilizaciones, católicos


Abstract

This work offers an overview of the different relationships established between Catholics and Congress between the end of the Nineteenth Century and the beginning of the Twentieth Century. In order to do so, this article deals with three dimensions of the interaction between Catholics and parliament. First, it examines the concerns that the Catholic press, legislators and essayists showed regarding the representation of minorities and the need to make changes to the legislation that allowed the election of parliamentarians who represented a nation that Catholics viewed as predominantly Catholic. Second, it analyses critical statements from the Catholic press and essayists as part of a broader debate on the performance of Congress and legislative procedures. Finally, it draws attention to how Catholic associations adopted and exercised extensively the right to petition. In a context of a Congress under intense criticism, petitioning and mobilizations aimed at the parliament provided civil society with a channel of participation and offered an alternative way to articulate interests and programs different from (although not necessarily incompatible with) the electoral arena.


Keywords: parliament, petitions, demonstrations, catholics



Fecha de envío:19 de marzo de 2021

Fecha de aprobación: 20 de abril de 2021



Introducción

Este artículo se propone explorar algunos aspectos de las relaciones que los católicos argentinos establecieron con la institución parlamentaria a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Avanza, en ese sentido, sobre las concepciones que los católicos manifestaban sobre la vida política, el ámbito legislativo y las prácticas parlamentarias y procura abordar las modalidades diversas de interacción entre el campo católico y el Congreso. Al hacerlo ingresa en un terreno que no ha sido explorado exhaustivamente, si bien no faltan estudios parciales sobre debates parlamentarios específicos o sobre algunas figuras católicas que se destacaron por motivos diversos en el Congreso (Auza, 1981; Ivereigh, 2000). Por otra parte, el lugar de los estudios sobre el Congreso en la historiografía argentina y latinoamericana ha sido escaso, tangencial y, frecuentemente, analizado como un actor de una relevancia menor en el entramado institucional y en el juego político.

Con desarrollos desparejos que responden a contextos historiográficos variados, una serie de trabajos recientes han revalorizado, sin embargo, el lugar del ámbito parlamentario en la vida política del siglo XIX y temprano siglo XX. (Posada Carbó, 2017) Diversas líneas de investigación cruzan estos avances que hacen referencia a rasgos centrales de la naturaleza de la institución parlamentaria y a la manera en cómo ésta era concebida en los cambiantes contextos y períodos: foro de debate público (espacio deliberativo) y/o máquina legislativa (Martorell Linares, 2012: 118) Ambos enfoques o formas de funcionamiento legislativo contribuyeron, de diversas maneras, a la construcción del concepto de “prestigio” de los parlamentos (por la relevancia del intercambio en las Cámaras y/o por su productividad legislativa) y a su legitimidad, cuestión esta última que se tornaría aún más manifiesta en aquellas ocasiones en que las asambleas representativas enfrentaban críticas por una posible (des)legitimidad de origen de sus integrantes impugnada por procedimientos electorales poco transparentes o por la influencia electoral de los gobiernos. En este contexto, las posibilidades de intervención de la opinión pública y sectores de la sociedad civil y de las agrupaciones sin representación parlamentaria en el campo de la representación institucionalizada (en este caso, el Congreso) adquirían una importancia particular.

¿Cómo se vinculan las prácticas y procedimientos parlamentarios con aquellas que provienen de actores colectivos y caen dentro del campo de las prácticas institucionales pero también no formales? Esta pregunta se relaciona estrechamente con una cuestión clave relativa al gobierno representativo: cómo relacionar representación con participación. Por una parte, se ha llamado la atención sobre los riesgos que pueden presentarse cuando se formula una transferencia directa de “lo social” hacia la esfera política, lo cual podría constituir una transgresión del principio representativo. (Manin, 1998; Urbinati, 2008). Por la otra, también se ha subrayado el rol trascendental que juegan las protestas, manifestaciones y otras formas de disenso político en el mantenimiento de la vitalidad democrática (Rosanvallon, 2015). Claude Lefort observó agudamente que la “representación institucionalizada” alcanza una mayor eficacia cuando se inserta en un “espacio social vivo” en el que circulan información y una variedad amplia de opiniones (diferentes intereses y aspiraciones) que contribuyen a la modificación de las perspectivas y a la experiencia de la participación, entendida ésta última como la posibilidad de involucrarse en el juego político. (Lefort, 2011: 25)

La Constitución argentina definió a mediados del siglo XIX las bases de una república representativa y federal con claros tonos presidencialistas. Sin embargo, el Congreso estuvo lejos de ser una mera expresión de la voluntad de ejecutivos provinciales o nacionales. No solo fue un foro de debate y deliberación central sobre las características del modelo republicano y las notas definitorias de la división de poderes sino que también se vio involucrado en coyunturas críticas de la vida política del “orden conservador” (Rojkind y Romero 2013). Por otra parte, y más allá de los cuestionamientos a los que se enfrentó en relación a la performance y legitimidad electoral de los parlamentarios, el Congreso fue uno de los focos de acción hacia donde se dirigió constantemente la atención de un conjunto variado de actores sociales a través de una serie de prácticas individuales y colectivas que incluían la entrega de petitorios y movilizaciones. Entre este conjunto de actores se encontraban expresiones del campo católico que establecieron una relación particular y problemática con la política moderna y el gobierno representativo en los años finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Este trabajo busca ofrecer una aproximación a las modalidades de vinculación que se fueron definiendo a lo largo de estas décadas y lo hace deteniéndose en tres dimensiones de la interacción que tuvo lugar entre los católicos y la esfera legislativa. En primer lugar, examina la preocupación que manifestaron la prensa, legisladores y publicistas católicos hacia las formas concretas que asumían la expresión legislativa de las minorías y la necesidad de incorporar modificaciones en la legislación que garantizaran la elección de elencos parlamentarios que reflejaran las modulaciones de una nación que los católicos interpretaban como necesariamente católica. En segundo lugar, analiza las visiones de la prensa y publicistas católicos como parte de un clima de crítica más general hacia el desempeño del Congreso y de la función legislativa. Finalmente, este artículo dirige su atención hacia las maneras en que las asociaciones y movimientos católicos ejercieron el derecho de petición entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La primera sección de este trabajo ofrece algunos avances exploratorios de los primeros dos puntos señalados aquí. La segunda parte está dedicada a analizar cómo los militantes y asociaciones católicas desplegaron una serie de acciones articuladas en torno al derecho de petición que procuraban influenciar el proceso de deliberación y toma de decisión parlamentaria.


Regeneración política, representación parlamentaria y “minorías audaces”

Si bien con intensidad cambiante que respondía a los momentos de agitación del activismo católico, el parlamento fue uno de los “frentes” en que se desarrolló la labor política de los católicos, especialmente desde que empezara a identificarse en la década de 1880, con tonos más definidos, la presencia de los laicos como un actor específico (Di Stefano y Zanatta, 2000). Los debates en el Congreso de las llamadas “leyes laicas” supusieron, en este sentido, uno de los momentos de mayor tensión entre la Iglesia y el Estado y sentaron las condiciones para un enfrentamiento que superó al ámbito parlamentario, se expresó en intercambios periodísticos y permitió el desarrollo de formas de movilización que fueron más allá del espacio reducido de las dirigencias. En otros contextos nacionales, la metáfora de la “fortaleza sitiada” expuesta a la acción de una serie de enemigos que perseguían una disminución del rol de la Iglesia en la esfera pública (el liberalismo, el socialismo, el librepensamiento) había estimulado los trabajos de organización política de los católicos que, frecuentemente, se relacionaban estrechamente con una preexistente red de asociaciones. También en la Argentina, con sus características propias, similares tensiones incitaron la organización incipiente de los militantes católicos, la conformación de núcleos partidarios y la atención, en ocasiones preferencial, dirigida hacia la esfera parlamentaria (Castro y Mauro, 2019).

A partir de las décadas de 1860 y 1870, dependiendo de los contextos y ritmos nacionales, la adopción de reformas laicizantes y el ascenso de nuevas formas de organización política contribuyeron a la concreción de proyectos de modernidad a los que se enfrentarían una miríada de actores eclesiásticos. En Hispanoamérica la construcción de estados-nación sustentados sobre modelos republicanos de inspiración liberal se dio de la mano de iniciativas de laicización del Estado y de cuestionamientos sobre el rol de la Iglesia en el espacio público (Cárdenas Ayala, 2006). Las fricciones entre Iglesia y Estado fueron más allá de las disputas entre jerarquías eclesiásticas y dirigencias políticas e involucraron a escuelas, universidades, la cultura asociativa, el periodismo, la esfera pública y los símbolos de la nacionalidad. Estas “guerras culturales”, en grado diverso en sus variaciones locales, contribuyeron a procesos de movilización y polarización social (que exacerbaban la retórica y estimulaban la construcción de solidaridades e identidades) y aceleraron el establecimiento de redes asociativas y políticas (Kaiser y Clark, 2003). En este sentido, los católicos movilizados entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra mundial se apropiaron de los instrumentos y prácticas definitorios de la ciudadanía y se incorporaron, por lo tanto, al espacio público moderno. En palabras de Charles Taylor (2007: 467) para la Iglesia Católica fue “imposible no acomodarse a este contexto” definido por sociedades con imaginarios sociales modernos que se alejaban de las matrices tradicionales y transitaban por una época fuertemente definida por la “movilización”.

Por otra parte, la participación de los católicos en los procesos políticos a finales del siglo XIX y en el cambio de siglo no significaba necesariamente expresar una conformidad hacia las estructuras políticas modernas. Sin embargo, esta “integración negativa” (que no era equivalente a aceptar una secularización de la soberanía) asumía las formas de una intervención completa en el proceso político, sacaba provecho de una cultura asociativa y proponía estrategias guiadas por una mentalidad de “lobby” que perseguía objetivos particulares (Conway 1997: 26). Por otra parte, es importante también recordar que una serie de encíclicas papales a finales del siglo XIX y en el cambio de siglo (Rerum Novarum y Graves de communi) favorecieron la participación activa de los católicos en la solución de los problemas sociales al tiempo que rechazaban al socialismo y al liberalismo como alternativas aceptables. En este sentido, tanto a partir de agendas defensivas restrictivas (más emparentadas con aquella mentalidad defensiva) como desde acciones desarrolladas con el fin de atender a la “cuestión social”, los católicos movilizaron su capacidad organizativa expresada en la esfera pública y, de manera variada, en la vida política del orden conservador”. La política parlamentaria fue uno de los escenarios hacia los cuales se dirigió esta acción, si bien se desarrolló atendiendo a una serie de cuestiones que incluían la crítica institucional, el debate sobre las leyes laicas y, posteriormente, la legislación social.

Aún cuando en la década de 1880 un grupo de dirigentes católicos habían participado de las fuerzas políticas constitutivas del Partido Autonomista Nacional (PAN), una posición crítica hacia las estrategias de consolidación de la autoridad presidencial y la construcción de las redes de control electoral los llevó tempranamente a cuestionar el personalismo político roquista y a “propugnar por el restablecimiento del régimen electoral, de la autonomía provincial, de la influencia parlamentaria…”.1 En este sentido, la reacción católica ante la introducción de las leyes sobre educación, cementerios y matrimonio civil manifestó una doble crítica: por una parte la impugnación de la difusión de los valores del liberalismo y el laicismo; por la otra, la crítica hacia lo que interpretaban era un proceso de centralización del poder político y de avance presidencial. En definitiva, en el futuro esto iba a colocar a los dirigentes católicos frecuentemente en una posición favorable a la constitución de coaliciones que persiguieran la limitación del capital político del roquismo. Como es sabido, la oposición católica a las reformas laicas impulsadas en esos años se canalizó a través de la Asociación Católica de Buenos Aires (1883) y, fundamentalmente, en la creación de la Unión Católica en 1884. Tanto el periodismo católico –en esos años surgen La Unión y La Voz de la Iglesia- como las dirigencias organizadas políticamente extremaron las respuestas al proyecto modernizador y secularizante y movilizaron los esfuerzos militantes de las asociaciones católicas. Legisladores, periodistas y asociaciones católicas manifestaron su oposición en el recinto parlamentario, en columnas de opinión combativas y en la preparación de petitorios dirigidos al Congreso de la nación.2 (Ivereigh 2000: 178) La motivación de los católicos, que se iban a organizar políticamente en la Unión Católica, para actuar sobre el ámbito legislativo era doble: por una parte, el rechazo a un “congreso de títeres”, (según la expresión de Emilio Lamarca, es decir, producto de un gobierno que controlaba los “resortes parlamentarios”), y a los obstáculos al voto popular; por la otra, el temor a que el “cosmopolitismo sectario” y la “política del ateísmo” guiaran los debates parlamentarios en el futuro.3

Con el debate de las reformas secularizadoras como telón de fondo, los notables católicos hicieron del antirroquismo un programa político que los colocó frecuentemente en posiciones de debilidad dada las características de los alineamientos políticos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En este sentido, la acción de los católicos iba a encontrar no solo obstáculos para unificar a los elementos propios dispersos en el mundo faccioso del “orden conservador”, sino que sólo saldría de aquella situación de marginalidad en coyunturas determinadas que, por sus características de crisis o por su fluidez, permitieran la reubicación temporaria en posiciones de relevancia política (Castro, 2009). Por otra parte, con la paulatina disminución de la importancia de la “cuestión religiosa” luego de los debates parlamentarios de la década de 1880 y ante los obstáculos para constituir coaliciones opositoras exitosas, la elección de representantes “católicos” al Congreso (con la excepción de la elección de José Manuel Estrada y Pedro Goyena en 1886, representando a una coalición que incluía a la Unión Católica) provino de su propio capital político y de su inclusión en listados negociados en los ámbitos provinciales y no de su identidad católica.4 Estos legisladores y la prensa católica que cubría habitualmente los debates parlamentarios redescubrirían sus aspectos más combativos en aquellas ocasiones en que las Cámaras trataban problemáticas cercanas a las preocupaciones de la comunidad católica (educación, relaciones entre Iglesia y Estado, legislación social). Pero también la atención colocada por dirigentes, prensa y ensayistas católicos sobre la naturaleza de la representación parlamentaria y la escasa transparencia de las prácticas electorales se explicaba por la convicción de que el respeto del voto popular llevaría a la extinción de las “minorías” liberales que imponían sus agendas sobre una nación, argumentaban, mayoritariamente católica.

Un nuevo conjunto de propuestas de carácter laicista en los primeros años del siglo XX (fundamentalmente a través de la actividad legislativa de Carlos Olivera) potenciaron las conversaciones entre los dirigentes católicos sobre la necesidad de conformar un partido católico. Ante el riesgo de la formación de un “partido liberal” o de un núcleo sólido parlamentario con esas características, los católicos evaluaron la oportunidad de movilizar sus recursos organizacionales con vistas a la arena partidaria. Estas conversaciones dejaron a la luz las tensiones internas en relación a las estrategias políticas a adoptar y las distintas concepciones sobre un potencial partido, que se deslizaban entre quienes priorizaban el “orden” ante las teorías sociales “disolventes” (socialismo y anarquismo) y aquellos otros que se esperanzaban con un partido socialcristiano. Otros actores, ante el despertar aparente y momentáneo de los católicos, buscaban acercar a éstos a su redil político. Así, el diario La Nación intentaba atraer a los votantes/militantes católicos hacia el recientemente fundado Partido Republicano, minimizando la importancia de los conflictos pasados o presentes entre “católicos” y “liberales” y priorizando, en cambio, otras áreas que, argumentaba, compartían. En este sentido, se permitía recordar la actuación de José Manuel Estrada en el surgimiento de la Unión Cívica en 1890 y la lucha sostenida en favor de una regeneración administrativa y política. Similar urgencia se estaba enfrentando en 1902, sugería el diario. Por un lado los elementos “independientes, los ciudadanos que se aprontan a luchar por el triunfo de las instituciones”; por el otro, el “oficialismo [que contaba] con la casi unanimidad de los miembros del Congreso…”5 Esta última era, en verdad, una de las constantes que se advertía en los comentarios políticos de la prensa católica: las dificultades por encontrar entre los parlamentarios elementos propios (o al menos, cercanos) que posibilitaran la consecución de una agenda católica o, de manera más realista, la defensa de los intereses sectoriales.

Con el cambio de siglo y la intensificación de los debates sobre la necesidad de introducir modificaciones en la legislación electoral, reemergía la preocupación de los escribas católicos por reducir la influencia oficial en las elecciones y crear las condiciones necesarias para la constitución de elencos parlamentarios representativos y favorables a una agenda católica. Así se desprende, por ejemplo, de las reacciones de El Pueblo en 1905 hacia un nuevo proyecto de ley electoral. El diario católico se preguntaba por las razones que se escondían detrás de la decisión del Poder Ejecutivo de iniciar un nuevo debate legislativo sobre esta cuestión. Para la publicación la “función legislativa” que antes constituía un honor se había convertido en un “medio apetecido para asegurar el puchero”. Las circunscripciones introducidas en la reforma de 1902 abrían, en la mirada de El Pueblo, el juego electoral y posibilitaban la existencia de varios candidatos que podían llevar adelante campañas de propaganda a un bajo costo. Al hacerlo, ponían en riesgo las bancas legislativas que, de otro modo –conjeturaba EP- se hubieran asegurado por la influencia oficial.6 En un sentido más amplio la prensa católica venía haciéndose eco de los frecuentes debates en el cambio de siglo sobre el rol de las máquinas políticas, la intervención de los llamados “políticos profesionales” y el rechazo hacia la presencia del abstencionismo electoral. En efecto, para los periodistas y dirigentes católicos (muchos de los cuales iban a apoyar en 1907 la formación de la Unión Patriótica en la ciudad de Buenos Aires) la ausencia de una “democracia honesta”, la escasa participación electoral y la fragmentación política favorecían los planes de las “minorías audaces” que dominaban a las instituciones estatales e introducían un conjunto de iniciativas legislativas de tono “liberal” o secularizador7 (Castro 2012:283).

El denominado “golpe de estado” de 1908 brindó también la ocasión para que los actores y prensa católica expresaran su mirada más crítica sobre la actuación de los parlamentarios y su impugnada legitimidad de origen. El enfrentamiento entre el gobierno de José Figueroa Alcorta y un Congreso que se resistía a sancionar el presupuesto nacional condujo a la decisión drástica del Ejecutivo de clausurar las sesiones extraordinarias. El edificio del parlamento fue ocupado por fuerzas de seguridad y los legisladores opositores se vieron impedidos de sesionar. Pese al rechazo de la prensa opositora y a los rumores de levantamientos en el interior del país, la decisión del Ejecutivo logró imponerse y contar, en un principio, con la simpatía de asociaciones de estudiantes universitarios, bolsas de comercios de las principales ciudades, algunas manifestaciones callejeras en su favor y un recibimiento positivo de la prensa y publicistas católicos (Castro, 2012). Frente a las acusaciones de inconstitucionalidad y de avance presidencial sobre el legislativo, las columnas de los diarios católicos avalaron la decisión recuperando su contenido “reaccionario” (en el sentido de reacción institucional utilizado por el oficialismo) y regenerador de las prácticas, las instituciones y los elencos parlamentarios. Para las plumas católicas el Congreso se había convertido “…en más de una ocasión [en] una rémora para la franca implantación del régimen constitucional…”, lejos de ser el “…genuino representante de la nación.” Implantar el sufragio libre podía conducir a la renovación de los elencos parlamentarios y a la “regeneración política del país”.8

En un registro similar se había ubicado la Unión Patriótica (UP), liga electoral de la ciudad de Buenos Aires que había surgido a partir de las conversaciones que habían tenido lugar entre los católicos durante su Segundo Congreso (1907). Con un resultado final que estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas de quienes la prohijaron, la UP sintonizó con el clima de reformismo electoral de principios de siglo e incorporó, de manera despareja en sus meetings electorales, escasos elementos del programa socialcristiano. Su preocupación por la reforma de la legislación electoral y de las costumbres políticas se manifestó en la elevación al Congreso de un proyecto de reforma de la legislación electoral, pese a no contar con representación en las Cámaras.9 En efecto, además de sus infructuosos trabajos electorales y de la voluntad de construir coaliciones políticas que pusieran en cuestión la fortaleza del PAN, la dirigencia de la UP se reconoció mayormente en las miradas regeneracionistas que permeaban el discurso político del novecientos y apoyó decididamente la candidatura antirroquista de Roque Sáenz Peña. Es sabido que en la coalición que apoyó la elección de Sáenz Peña, los católicos jugaron un rol destacado que puso en riesgo la armonía del heterogéneo conglomerado (Castro 2009). Pero sería conveniente no olvidar que esa convergencia electoral también expresaba coincidencias sobre la importancia de implementar cambios en la composición de los elencos dirigentes. En este sentido, tanto los cuestionamientos sobre la performance de los representantes en el parlamento como sobre su legitimidad de origen fueron tópicos presentes en el campo periodístico más amplio en el momento del Centenario y ocuparon la atención de aquellos durante las deliberaciones dedicadas a la reforma electoral a lo largo de 1911. En esos debates, el ministro del Interior Indalecio Gómez (un conocido notable católico) iba a insistir en que la sanción de la reforma saenzpeñista podía contribuir tanto a cerrar la grieta entre el pueblo y los legisladores como a expresar la representación de la “idea y el sentimiento nacional”.10

Esta imagen que se advertía en la prensa católica en relación al Congreso sintonizaba bien con una corriente crítica hacia el ámbito parlamentario que podía rastrearse, al menos, desde la crisis económica y política de 1889-1890. Existía, en este sentido, una tradición de considerable peso y trayectoria que podía identificarse en las páginas de la prensa satírica y en los ensayos mordaces dedicados a exponer las prácticas y limitada legitimidad de origen de los legisladores (Castro, 2019). Los relatos de la prensa “seria” o satírica no dejaban de señalar los estrechos vínculos entre la política provincial y el Congreso, que convertía a los legisladores (de acuerdo a aquella interpretación) en poco más que enviados escasamente autónomos de los gobernadores. También se subrayaba el peso que tenían las presiones locales para que los diputados y senadores consiguieran beneficios tangibles para sus coterráneos, convirtiéndose en dadores generosos de pensiones y puestos de trabajos en las reparticiones oficiales. Los escribas católicos se ubicaron, sin mayores sobresaltos, entre aquellos que propugnaban una regeneración de las prácticas parlamentarias y una oxigenación de los elencos legislativos. Esto los llevaba a distinguir entre aquellos representantes que actuaban como meras expresiones del terruño político (persiguiendo la asignación de pensiones y empleos para sus coterráneos con el esperable objetivo de acumular un capital político que les permitiera una continuidad en las bancas) de aquellos otros que proponían agendas y principios más ambiciosos. No sorprende, entonces, que en el breve prólogo dedicado a presentar los frutos de la actuación parlamentaria del dirigente católico Arturo M. Bas (1912-1916) sus autores transitaran también algunos de los tópicos habituales de aquella crítica y ofrecieran una contraposición poco matizada entre unos y otros. Allí se argumentaba que tradicionalmente el prestigio y eficacia de un parlamentario se había medido por su habilidad para gestionar y obtener “subsidios, pensiones o recomendaciones”. Sin embargo, las transformaciones introducidas en la escena política por la presidencia de Roque Sáenz Peña, sostenían, tornaban urgente la aparición de nuevos parlamentos de orientaciones amplias, “…parlamentos de idea, que sigan y hagan seguir a la República las evoluciones de la civilización humana…”.11

Por otra parte, y más allá de las actitudes de los católicos hacia el gobierno representativo y hacia la política moderna, las discusiones del presupuesto nacional en el parlamento tenían consecuencias muy concretas para el mantenimiento de la estructura eclesiástica. Por supuesto, este debate se vinculaba estrechamente con las interpretaciones relativas a cómo la Constitución de 1853 había definido las relaciones entre Iglesia y Estado y con cómo los sucesivos gobiernos habían intentado ejercer el patronato. Pero, en todo caso, y más allá del panorama que, signado por la ambigüedad, emergía para la laicidad argentina– el texto constitucional mantenía el ejercicio del patronato en manos del poder político pero aseguraba a la Iglesia algún tipo de asistencia económica- los debates sobre el presupuesto de culto en el parlamento recibían, ineludiblemente, la atención (y capacidad de lobby) de los actores católicos (Mauro y Martínez, 2016:27). Como ya se ha dicho, indudablemente la sanción de las llamadas “leyes laicas” y los esfuerzos del roquismo por profundizar el ejercicio del patronato crearon condiciones favorables para un crecimiento de las tensiones entre la dirigencia política y la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, y pese a que en la década de 1880 estos conflictos fueron manifiestos, no tuvieron un correlato significativo en los números del presupuesto de culto. El Congreso, además, iba a ser el objeto de innumerables peticiones de asociaciones y prelados que buscaban el apoyo de los legisladores para la construcción de templos o el financiamiento de actividades diversas (escuelas, Círculos de Obreros, asociaciones de caridad).

Esto no impedía, sin embargo, que pese a que las tensiones habían disminuido considerablemente hacia finales del siglo XIX y a que la percepción de una profundización del conflicto social había acercado posiciones entre los actores eclesiásticos y una elite gobernante más preocupada por la “defensa social”, la prensa católica dejara de señalar los obstáculos que surgían de la existencia de un juego parlamentario que se resistía a las caracterizaciones apresuradas. Publicistas católicos concedían que el anticlericalismo de parte de la elite política argentina fuera de un tono menor que, por ejemplo, el “chillón y brutal” que experimentaba el Uruguay. Sin embargo, temían la persistencia de lo que Gustavo Franceschi iba a definir como un anticlericalismo “…de zapa, silencioso y metódico” que tuviera consecuencias en la acción legislativa: “…se votan si es menester, subvenciones a las obras de beneficencia católica; pero paulatinamente se encierra al sacerdote en su sacristía, se le hace comprender que una defensa valiente de los derechos de la Iglesia traería como consecuencia males mayores aun: la supresión del presupuesto de culto, la separación de la Iglesia y del Estado, el destierro de las órdenes religiosas…”.12 También en 1908 la REABA advertía sobre la oposición que los diversos pedidos de subvenciones elevados por un conjunto de actores católicos variados (asilos, colegios, templos y círculos de obreros) había encontrado entre los “diputados de la mayoría”, entre los cuales se destacaba el librepensador Juan Balestra.13 De todas maneras, es significativo que la acción de algunos legisladores “católicos” como Santiago O’Farrell y Pedro Olaechea y Alcorta y, sobre todo, la intervención de algunos “liberales de talla” permitieran la asignación de subvenciones. Estos debates y negociaciones también dejaban expuestos los cambios que se estaban observando entre quienes definían unos “ideales liberales” más restringidos para el proceso de laicización de las instituciones públicas y el “condenable sectarismo” de aquellos que favorecían un distanciamiento mayor entre Iglesia y Estado.

La sanción de la denominada “ley Saénz Peña” planteaba un escenario de potenciales cambios significativos en la representación parlamentaria y en las prácticas electorales. Para el campo católico la irrupción electoral del socialismo en el distrito porteño impuso nuevos interrogantes sobre las modalidades del régimen representativo (que en esa particular coyuntura llevaría a varios dirigentes a pedir la introducción de la representación proporcional) y sobre las estrategias políticas propias. En setiembre de 1913, el senador Ignacio Irigoyen, ex gobernador de la provincia que en 1906 había evitado jurar en su admisión a la Cámara de diputados por Dios y los Santos Evangelios, publicó una columna de opinión en El Pueblo. Al introducir la nota, el periódico recordó este incidente que ubicaba al senador en un “orden de ideas” contrarios al favorecido por el diario católico para luego introducir la colaboración “inesperada” del senador. En ella Irigoyen desarrolla su interpretación del “presente momento parlamentario” que EP encontró idéntica a la propia.14 Allí se describe el desempeño socialista en las Cámaras del Congreso, se discute la pertinencia de las soluciones “disolventes” socialistas contrarias al orden y a los sentimientos patrióticos y se traza un escenario de acción posible para aquellos que se opongan al avance socialista. Irigoyen rechaza que una agrupación conformada por obreros de “preparación insuficiente” pueda ejercer el gobierno y favorece la acción de todos aquellos que, opuestos al “trapo rojo” y al internacionalismo socialista, promuevan en el ámbito parlamentario la sanción de leyes para el mejoramiento de las “clases necesitadas” inspirando sentimientos patrióticos y evitando la difusión de “odios de clase”. Este sería, en definitiva, el programa fundamental de El Pueblo y de un sector de la dirigencia católica que en una recepción realizada a Monseñor de Andrea había señalado la importancia de fortalecer el nacionalismo argentino y de defender las “columnas” de la civilización: propiedad, familia, religión y patria.15 En este clima de ideas comienza a hablarse de la constitución de un partido (que finalmente sería el Partido Constitucional) que surgiría luego de la realización de la peregrinación y manifestación de los Círculos de Obreros que tuvo lugar en octubre de 1913. Este episodio relevante en la historia de los Círculos y del movimiento asociativo católico trazó vínculos entre dos esferas (religiosa y secular) y expresó, además, la continuidad y relevancia de la práctica de peticionar al Congreso que se había manifestado de manera persistente en la dirigencia y militancia de los Círculos desde finales del siglo XIX.


Peticiones, manifestaciones y peregrinaciones


En esta segunda parte, el foco se dirige hacia las formas colectivas de acción de los católicos sobre el ámbito parlamentario entre el cambio de siglo y la Gran Guerra. Como se ha señalado en la primera parte de este trabajo, los debates de la década de 1880 sobre la educación y el matrimonio capturaron la atención de las asociaciones y dirigencias católicas. Hicieron uso entonces del derecho de petición ante los legisladores que se concretó en la recolección de miles de firmas y en la movilización de mujeres hacia el antiguo edificio del Congreso.16 En los años de comienzos del siglo XX, los católicos recurrieron frecuentemente al derecho de petición tanto con la intención de oponerse a proyectos laicistas como con el objetivo de presionar a los legisladores para que sancionaran proyectos de legislación social. Como se verá más adelante, los Círculos de Obreros y la Liga Democrática Cristiana se destacaron en la coordinación de estas campañas de recolección de firmas y en la organización de las peregrinaciones/manifestaciones, principalmente de aquellas que acompañaron la entrega de las peticiones relativas a la “cuestión social”. No fueron, sin embargo, los únicos actores católicos que hicieron uso de esta herramienta de participación clave para interpretar las conexiones entre una dimensión popular de la política y el parlamento. Como había sucedido en la década de 1880, grupos de mujeres se involucraron activamente en la agitación católica contra leyes contrarias a los principios e intereses católicos.

En este sentido, una de las cuestiones a considerar en relación al derecho de peticionar a las autoridades es que permitía la intervención amplia de aquellos que podían no estar habilitados para votar. Así, mujeres y extranjeros intervenían en las campañas a favor o en contra de una determinada ley y firmaban las correspondientes peticiones. Con la presentación de los proyectos de ley de divorcio y de separación de la Iglesia del Estado propuestos por el diputado Carlos Olivera en 1901, una variedad de comités liberales, socialistas, grupos de vecinos y agrupaciones católicas disputaron la calle al tiempo que elevaron petitorios al Congreso. En esta campaña los católicos distribuyeron nacionalmente petitorios impresos que comenzaban, como solía ser la práctica, haciendo referencia al derecho reconocido por el artículo 14 de la Constitución nacional. Al año siguiente, grupos de “señoras”, “mujeres” y “vecinas” católicas de diversas provincias también elevaron listados de firmas al Congreso solicitando el rechazo de la ley de divorcio. En setiembre de 1901, el Comité Liberal Popular había presentado un extenso petitorio de 250 páginas firmadas por “ciudadanos nacionales y extrangeros, (SIC) haciendo uso del derecho de peticionar consagrado por nuestro código fundamental” pidiendo el pronto despacho y aprobación del proyecto de Olivera sobre congregaciones religiosas.17 Es decir, como ya se ha señalado para otros contextos, el acto de peticionar ante el parlamento y otras autoridades podía adquirir un tono más inclusivo y abierto del que tenía, dependiendo las legislaciones nacionales, el acto de votar en elecciones. En este sentido, es necesario señalar que a menudo la atención privilegiada dedicada por la historiografía a la participación electoral como medida de la participación política ha obstaculizado la apreciación de la práctica de la petición (o lo ha hecho solo marginalmente) en las aproximaciones interpretativas de las formas de hacer política. (Huzzey y Miller, 2020:5; Mark, 1998).

Ciertamente la modalidad de elevar peticiones a las autoridades y representantes no era una novedad de la vida política argentina de finales del siglo XIX. Una larga tradición acompañaba esta práctica que tenía raíces, en el caso hispanoamericano, en el período colonial (bajo el nombre frecuente y genérico de ‘representación’) y que se expresaba comúnmente en los intentos de vecinos y comunidades indígenas de poner límites a los abusos de los funcionarios y terratenientes y restablecer un equilibrio consuetudinario perdido o alterado18 (Paz, 2013: 124; Arroyo, 2011). Se ha argumentado que las peticiones habrían cumplido con la función de vehiculizar la opinión de actores sociales en contextos de coyunturas críticas de las incipientes repúblicas hispanoamericanas (Calderón, 2017). En todo caso, a lo largo del siglo XIX y con la incorporación de textos constitucionales que buscaban navegar y responder a los contextos nacionales, el derecho de petición concebido como garantía constitucional constituyó un elemento de relación de sectores amplios de la sociedad con los espacios modernos de representación y con un nuevo lenguaje de derechos (Pérez Navarro, 2020).19 Conviene, de todas maneras, advertir sobre los peligros de proponer un estudio de la práctica histórica del acto de peticionar como mero componente de procesos estandarizados de modernización política que oblitere un análisis más específico de la configuración histórica particular (Palacios Cerezales, 2016).

En los años que siguieron al cambio de siglo se experimentó un intensidad notable en la movilización en las calles porteñas de una variedad de actores que dejaba expuesta la disputa del espacio público (Rojkind, 2006) en torno a un conjunto de problemáticas variadas (la defensa nacional, la unificación de la deuda, proyectos legislativos de divorcio y separación de la Iglesia y el Estado). Sectores del mundo católico habían intervenido en la constitución y organización de ligas patrióticas que perseguían el incremento de la flota armada en el contexto de un clima de tensiones limítrofes con Chile y de euforia nacionalista. Ya se advertía entonces la estrecha vinculación propuesta por algunos legisladores y activistas católicos entre la religión y la defensa nacional (Bertoni, 2009). Antes de continuar quizás sea conveniente señalar dos cuestiones relativas a la intervención de los católicos en el espacio público: por una parte, la utilización del recurso de la movilización callejera así como la apropiación de otras prácticas de participación política remitía a un proceso más general de modernización de las prácticas, actitudes y organización de los católicos y esto podía darse aún a pesar de que los contenidos pudieran ser abiertamente anti-modernos o, en el mejor de los casos, tuvieran una intención de presentar proyectos alternativos de modernidad (Anderson, 1993); por la otra, esta intervención de los católicos en las calles y su interacción con la esfera parlamentaria se articulaba con una previa y extendida “cultura de la movilización” en Buenos Aires (Sabato, 1998) que, en el caso de los católicos, se iba a expresar en una creciente capacidad de movilización como se advertiría en las celebraciones del Centenario (Lida, 2009).

Los debates parlamentarios y los intercambios periodísticos de los primeros años del siglo fueron también una ocasión privilegiada para que legisladores, periodistas, clero y militantes católicos ofrecieran diversos ejercicios argumentativos en defensa de una supuestamente estrecha vinculación entre nación y religión (Castro, 2009b). Ante la presentación de una serie de proyectos legislativos que contrariaban la mirada católica sobre el matrimonio y las relaciones entre Iglesia y Estado, el Club Católico y la jerarquía eclesiástica buscaron organizarse y movilizarse para influenciar el voto de los legisladores. En efecto, la importancia de poder articular estrategias de lobby sobre los parlamentarios era reconocida abiertamente por la prensa católica y ya se había procurado concretarlas en ocasión de los debates sobre las leyes laicas y a finales de la década de 1890, cuando comités liberales, socialistas, libertarios y masones intentaron dar vida a una campaña más sostenida a favor de la separación de la Iglesia y el Estado.20 En 1905 el diario El Pueblo, al buscar revitalizar la presencia de una alicaída Asociación Católica, proponía replantear su rol como articuladora de las campañas de agitación y presión estratégica dirigidas hacia el Congreso.21 Así como la prensa católica insistía sobre la necesidad de supervisar el trabajo de los legisladores (al tiempo que debatía sobre posibles articulaciones políticas más orgánicas), la coordinación de los esfuerzos del activismo católico también se dirigía hacia las calles y hacia la entrega de peticiones que buscaban contrarrestar el impulso anticlerical y laicizante. Algunos católicos temían que un ambiente caldeado en la ciudad de Buenos Aires solo fuera el presagio de realidades mucho más sombrías, expresadas en “turbas iconoclastas” incendiando iglesias.22 Pero también temían los proyectos legislativos contrarios y las adhesiones que recogían gracias a la campaña de centros liberales en el interior del país.23 Desarrollaron entonces, en espejo, una intensa agitación en las calles (a través de movilizaciones y meetings que buscaban dominar ese espacio), a través del periodismo militante y de los extensos listados de firmas rechazando las iniciativas de los diputados Olivera y Gouchón. Para el diario El Pueblo urgía la movilización de los elementos católicos: “Su voz debe oírse, su resistencia es menester que adquiera forma concreta,…, es indispensable que golpee las puertas del parlamento”.24 De hecho, la masiva llegada de peticiones católicas al Congreso llevó a que el diputado Olivera pusiera en duda la autenticidad de las firmas contenidas25 (Ayarragaray, 1952: 129). Las peticiones funcionaron, además, como articuladoras de estrategias más amplias que involucraban la realización de manifestaciones y la disputa por el espacio público.26 Por otra parte, es posible que el catolicismo de “damas” encontrara en la presentación de petitorios a los legisladores un ámbito de acción permitido, subordinado o visto como más apropiado frente a la posibilidad más riesgosa de una participación en las movilizaciones callejeras (Asquini y Nuñez, 2019). Era también posible que las estrategias fueran pensadas articulando la realización de petitorios con la presencia de militantes en las calles de Buenos Aires y con las menos visibles prácticas de lobby parlamentario. Por otra parte, la utilización de la herramienta de la petición no constituía per se una práctica irrelevante o poco transformadora. En efecto, como propone Pita (2020) incluso las prácticas individuales del “arte de demandar” podían tener consecuencias inclusivas y empujar los límites de las políticas públicas.

La decisión de lanzar campañas nacionales de firmas que acompañaran las diversas peticiones católicas contra la ley de divorcio en 1901 y 1902 habla de una cierta capacidad para articular los esfuerzos locales con aquellos que surgían de la estructura eclesiástica. Aquellas permitían plantear una expresión de la opinión católica y vincularla con la esfera de la política parlamentaria. Las peticiones contenidas en los expedientes del Archivo de la Cámara de Diputados dan cuenta de la variedad de recursos desplegados y la diversidad de la escala de los mismos, desde vecinos, asociaciones, grupos de damas, jurisdicciones eclesiásticas y Círculos de Obreros, hasta los mismos obispos y párrocos que en julio de 1902 elevaron petitorios a los legisladores rechazando el proyecto de ley que declaraba disoluble el vínculo matrimonial.27 Este entramado construido entre la difusión local y nacional de las campañas, la expansión del asociacionismo católico y las movilizaciones dirigidas hacia el Congreso nacional posiblemente estimularon la ambición de sectores de la dirigencia católica de dar a luz a un partido político propio (o inspirado en un imaginario católico) capaz de adecuarse al nuevo clima electoral abierto con la ley Sáenz Peña. Una serie de iniciativas católicas en los años en torno al Centenario (los Congresos de los años 1907 y 1908, la UP, la Liga Social de 1909, la creación de la Universidad Católica, entre otras) eran la concreción de este impulso. El proceso de constitución del Partido Constitucional en 1913 dejaría expuestos los estrechos vínculos que se advertían entre el entramado organizativo de base que venía estableciéndose desde finales del siglo XIX y los proyectos de articulación política de escaso resultado (Castro, 2013).

Aún cuando las problemáticas alrededor de las cuales se movilizaron los católicos a comienzos del siglo XX siguieron similares patrones a los de las décadas previas, ganó un rol de particular importancia la presentación de propuestas de legislación social, que respondían tanto a la creciente organización y conflictividad obrera como a la presencia de posturas reformistas liberales en parte de la elite política, funcionarios y expertos (Zimmermann, 1995). En ese sentido, la atención que los Círculos de obreros y otras instituciones católicas habían dedicado a la política parlamentaria –con la intención de influir en la agenda y resoluciones del Congreso con sus peticiones y movilizaciones- permitía al diario El Pueblo elaborar un elogioso relato retrospectivo de la acción de los católicos con la intención de enfrentarlo a un esfuerzo, considerado menor, de los socialistas. En la polémica con los socialistas, El Pueblo recorre los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y elabora un listado de las peticiones y proyectos propuestos por los católicos y conservadores entre la década de 1890 y el Centenario, con el claro objetivo de desacreditar a los “rojos” y preparar el terreno favorable para la entrega de “…una petición popular en favor del despacho de los proyectos de beneficio para la clase trabajadora pendientes de sanción legislativa” que tendría lugar algunos días más tarde.28 De las campañas desarrolladas por los católicos para peticionar al parlamento en cuestiones de legislación social entre el cambio de siglo y la Gran Guerra (que EP, en parte, reconstruye) dos de ellas (1901 y 1913) se destacan como ejemplos de interacción entre la recolección de las firmas de las peticiones, el desarrollo de manifestaciones/peregrinaciones y una activa intervención en las polémicas periodísticas.

En estas dos ocasiones se entrelaza una secuencia similar de rituales, prácticas y gestos: la peregrinación al Santuario de Luján, la firma y presentación de una petición, la realización de una manifestación que tiene por objeto influir la acción de los parlamentarios en cuestiones de legislación social. En setiembre de 1901, los Círculos de Obreros de la ciudad de Buenos Aires, del sur del Gran Buenos Aires y de La Plata organizaron su habitual peregrinación a Luján. A su regreso, los peregrinos reconvertidos en manifestantes se dirigieron en manifestación hacia la Casa de Gobierno donde fueron recibidos por el presidente Julio A. Roca y por miembros del gabinete nacional. Las columnas de manifestantes avanzaron hacia la Plaza de Mayo y el palacio arzobispal y en el trayecto se enfrentaron con grupos anarquistas que buscaron obstaculizar su marcha. Para la prensa católica, los gestos aprobatorios que recibieron a su paso de instituciones clave de la sociabilidad de elite como el Club del Progreso dejaban explícita la contraposición que entendían existía entre los peregrinos católicos (expresión del orden y la nacionalidad argentina) y los agitadores “extranjeros”: “…por las inflexiones de las voces se adivinaba las cavernas inmundas de donde provenían”.29 Finalmente, los peregrinos/manifestantes llegaron a la Casa de Gobierno. Allí el presidente de los Círculos, Alejandro Calvo, no solo manifestó en un discurso ante el presidente Roca la importancia de la legislación social que, entendía, los parlamentarios debían incorporar a su agenda legislativa sino que también se encargó de recuperar el valor del derecho de peticionar ante las autoridades. Los Círculos ejercitaban “…el derecho de petición, pero no con miras egoístas, sino para el bien común”.30 Para la dirigencia de los Círculos, la sanción de los proyectos de ley presentados ante el Congreso (sobre la reglamentación del trabajo dominical y la regulación del trabajo de mujeres y niños) llevaría a la “moralización de las clases trabajadoras” evitando que se acercara a las “agrupaciones perturbadoras”. Aún cuando Calvo podía adivinar suspicacias en el gobierno o en la dirigencia política hacia la asociación católica, se permitía recordar el terreno común que compartían: los Círculos estaban lejos de desplegar la “bandera roja” y procuraban, por el contrario, cobijar a sus asociados “bajo los pliegues de la gloriosa bandera azul y blanca…” Finalmente hacían público el motivo de la movilización y entrevista con el presidente Roca: peticionar para que los proyectos de legislación de los Círculos fueran “…incluidos entre los asuntos de especial importancia que debe considerar el honorable Congreso en las sesiones de prórroga, el proyecto de ley relativo al descanso dominical y el que se refiere a la reglamentación del trabajo de menores”. En su respuesta ante la delegación de los Círculos, Roca se comprometió a incluir estas propuestas entre los asuntos de prórroga a ser tratados por los legisladores.

En octubre de 1913, de manera similar al despliegue de militantes de 1901, los peregrinos/manifestantes avanzaron por las calles de Buenos Aires con la intención de entregar una petición que tenía por destino a los parlamentarios. Hacia finales de agosto, la Junta de Gobierno y el Consejo de Gobierno de los Círculos habían dispuesto combinar la realización de la peregrinación anual al santuario de Luján con una manifestación y entrega de propuestas legislativas en el Palacio del Congreso. Una red de asociaciones católicas estuvo detrás de la organización de la peregrinación y de la posterior demostración, entre ellas la Asociación Católica, la Juventud Católica, La Liga Social, centros de ex alumnos de Don Bosco y la Unión Democrática Cristiana. Los organizadores dispusieron fletar una serie de trenes hacia Luján y prepararon cuidadosamente la posterior manifestación que saldría desde la estación de Once (una vez que los peregrinos estuvieran de regreso) hacia el edificio del Congreso nacional. En los días previos a la demostración, el diario El Pueblo publicó un panfleto en el que se dejaba en claro la intención de influir en los debates de los “altos representantes del pueblo” al tiempo que se definían los puntos centrales de la petición en la que se solicitaba la atención parlamentaria a las siguientes cuestiones: protección del salario, represión del alcoholismo, jubilación de empleados ferroviarios, casas para obreros, reglamentación del trabajo a domicilio, amparo a los gremios profesionales.31 Carteles desplegados en los muros y anuncios en la prensa católica invitaban al “pueblo de la Capital, a los conciudadanos, a los trabajadores de todos los gremios y profesiones” a participar del acto: “Os invitamos a ejercitar un derecho y a formular una petición colectiva a las puertas del Congreso de la Nación”32 La prensa “liberal” (categoría en la que los católicos solían agrupar a La Prensa, La Nación, Tribuna o La Razón) dedicó una cobertura considerable tanto a los preparativos como al desfile de los elementos católicos en las calles porteñas. Posiblemente esta repentina simpatía hacia los obreros católicos obedeciera a los temores compartidos por sectores de las elites dirigentes que veían en los socialistas a un “espíritu de resistencia al sentimiento argentino”. En la visión del diario La Nación, los Círculos de Obreros, por el contrario, podían contribuir a dar sustento a una “reacción nacionalista”.33 Sobre este terreno común, pero repleto de malentendidos, un grupo de dirigentes católicos y otro conjunto de políticos provenientes de las antiguas facciones del universo conservador persiguió el elusivo y limitado objetivo de construir un partido político “nacionalista”, conservador, y que pudiera incorporar elementos del programa socialcristiano desplegado en las peticiones parlamentarias de comienzos del siglo XX.


Comentarios finales


Ensayistas y prensa católicos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX no manifestaron dificultades excesivas en unirse al coro de quienes expresaban una crítica hacia el desempeño de los legisladores y hacia una agenda parlamentaria que presumían alejada de la sociedad. Las crónicas parlamentarias de la prensa católica y la intervención de los escasos diputados propios en el Congreso corrían el velo de una opinión católica que censuraba la concreción de proyectos legislativos que favorecían una mayor laicización de las instituciones estatales en áreas que la Iglesia había considerado bajo su tutela (educación, matrimonio). De todas maneras, esta mirada poco favorable de la política parlamentaria ofrecida por los católicos no iba a manifestarse en una impugnación completa ni a la vida política del “orden conservador” en general ni al Congreso en particular. Por el contrario, legisladores, activistas y asociaciones católicas recurrieron a un variado conjunto de prácticas con el objeto de influir sobre la agenda y decisiones parlamentarias. Las estrategias de lobby, la constitución de pasajeros bloques parlamentarios (reducidos en número pero dinámicos) y la consecución de prácticas colectivas de movilización dan cuenta de la importancia que asignaban los actores católicos a la política parlamentaria.

De lo expuesto en este trabajo puede advertirse, además, que las acciones de los católicos (dirigentes, prensa, asociaciones, legisladores) que tenían por objeto al Congreso se ubicaban básicamente dentro de dos categorías. Por una parte, se encontraban aquellas de carácter “obstructivo” que intentaban principalmente obstaculizar la sanción de leyes contrarias a las ideas católicas. Entre ellas, por ejemplo, las campañas contra las “leyes laicas”, o aquellas que buscaban evitar la sanción de la ley de divorcio o la oposición a los proyectos de ley de separación de Iglesia y Estado. Pero también (y que se constata fundamentalmente en las propuestas de tono social), se advertían acciones de carácter propositivo que perseguían la búsqueda de políticas activas en relación a aspectos de la vida de la sociedad. En este caso, más que buscar el ejercicio de un “veto” sobre el Congreso, se intentaba encauzar a los legisladores hacia problemáticas consideradas de atención prioritaria, al menos por un sector del universo católico.34 Un ejemplo de este último tipo de acciones sería la constitución de una Comisión de Legislación Obrera, ideada por el Segundo Congreso de los católicos, que comenzó a reunirse en enero de 1908, con la presencia del padre Federico Grote, Gustavo Franceschi, Liborio Vaudagnotto y Ángel Pizarro.35 Pero, sobre todo, la manera más visible en que estas acciones se verificaría se expresaba en la elaboración de peticiones colectivas dirigidas hacia legisladores y autoridades. Como en otros contextos nacionales, la concreción del derecho de petición abría las puertas a un canal de participación política diferente de los que tenían lugar durante los períodos electorales y conectaba a la esfera parlamentaria con diversas formas colectivas de acción que buscaban ejercer una presión sobre los elencos legislativos. El ejercicio del derecho constitucional de petición funcionaba, además, como elemento vertebrador de esfuerzos colectivos vastos que incluían las campañas para las firmas de los petitorios, la realización de manifestaciones en las calles y la difusión de panfletos y carteles de propaganda. En el contexto particular de comienzos del siglo XX en el cual el Congreso estaba siendo sometido a intensas críticas relativas a la presencia de “oligarquías parlamentarias” que dificultaban la tarea de legislar (y cuya legitimidad estaba en disputa), el derecho de petición y las movilizaciones que tenían por objeto al parlamento proveían de un canal de participación y ofrecían instancias alternativas de articulación de intereses y programas de la sociedad civil diferentes (aunque no necesariamente incompatibles) del escenario político-electoral de esos años.


Bibliografía


Anderson, Margaret L. (1993). “Voter, Junker, Landrat, Priest. The Old Authorities and the New Franchise in Imperial Germany”. American Historical Review, volumen 98, número1466.

Arroyo, Israel (2011). La arquitectura del Estado Mexicano: formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857. México: Instituto Mora/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Asquini, Sabrina y Nuñez, María Victoria (2019). “El divorcio en las calles: acciones y reacciones en torno a su primer debate parlamentario (1901-1902)”. Prohistoria, volumen 32, pp. 69-96.

Calderón, María Teresa (coord.) (2017). Política y constitución en tiempos de las independencias. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Auza, Néstor T. (1981). Católicos y liberales en la generación del ochenta. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas.

Ayarragaray, Lucas (1952). “Sexta Etapa. El siglo XX”. Guillermo Furlong (et.al). Etapas del catolicismo argentino. Buenos Aires: Sociedad San Vicente de Paul.

Bertoni, Lilia A. (2009). “¿Estado laico o confesional? La disputa entre librepensadores y católicos en el cambio del siglo XIX al XX”. Lilia Ana Bertoni y Luciano de Privitellio (comps). Conflictos en democracia. La vida política argentina entre dos siglos 1852-1943. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores

Cárdenas Ayala Elisa, (2006). “La construcción de un orden laico en América Latina. Ensayo de interpretación sobre el siglo XIX”. Roberto Blancarte (ed.). Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo. México: El Colegio de México.

Castro, Martín O. (2009a). “Los católicos en el juego político conservador de comienzos del siglo XX (1907-1912)”. Desarrollo Económico, volumen 49, n°. 193, pp. 31-60.

Castro, Martín O. (2009b). “Nacionalismo, cuestión religiosa y secularización política en la Argentina a comienzos del siglo XX: 1900-1914”. Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América, volumen 8, número 2, pp. 5-40.

Castro, Martín O. (2012). El ocaso de la república oligárquica: Poder, política y reforma electoral 1898-1912. Buenos Aires: Edhasa.

Castro, Martín O. (2013). “Contra la apatía de los buenos: católicos y política partidaria en la ciudad de Buenos Aires, 1902-1918”, Polhis. Año 6, número 11, pp. 215-235.

Castro, Martín O. (2019). “Escepticismo, irreverencia y reformismo: las imágenes del parlamento argentino en la caricatura y el ensayismo (1880-1912)”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas / Anuario de Historia de América Latina, Volumen 56, pp. 255-285.

Castro, Martín y Mauro, Diego (2019). "El catolicismo político en América Latina durante la primera mitad del siglo XX. Algunas hipótesis". Martín Castro y Diego Mauro (coords.). Católicos y política en América Latina antes de la Democracia Cristiana: 1900-1950. Buenos Aires: EDUNTREF.

Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris (2000). Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX. Buenos Aires: Grijalbo Mondadori

Fowler, Will (2009), “El pronunciamiento mexicano del siglo XIX. Hacia una nueva tipología”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, número 38, pp. 5-34.

Gantús, Faustá y Salmerón, Alicia (2017). “Un acercamiento a las elecciones del México del siglo XIX”. Historia Mexicana, número 14, pp. 23-59.

Huzzey, Richard y Miller, Henry (2020), “Petitions, parliament and political culture: petitioning the House of Commons, 1780-1918”. Past and Present, Volumen 248, Número 1, pp. 123-164.

Innes, Joanna (2013). “People and Power in British Politics to 1850”. Joanna Innes y Mark Philp (eds). Re-imagining Democracy in the Age of Revolutions: America, France, Britain, Ireland, 1750-1850. Oxford: Oxford University Press.

Ivereigh, Austen (2000). “The Shape of the State: Liberals and Catholics in the Dispute over Law 1420 of 1884 in Argentina”. Austen Ivereigh (ed.), The Politics of Religion in an Age of Revival. Londres: Institute of Latin American Studies.

Clark, Christopher y Kaiser, Wolfram (eds.) (2003). Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteeth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Lida, Miranda (2009). “El catolicismo y la modernización urbana en Buenos Aires. Notas sobre las transformaciones en la movilización católica, 1910-1934”. Miranda Lida y Diego Mauro, Catolicismo y sociedad de masas en Argentina: 1900-1950. Rosario: Prohistoria ediciones.

Mark, Gregory A. (1998). “The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right to Petition”. Fordham Law Review, volume 66, número 6.

Martorell Linares, Miguel (2015). “La acción gubernativa se ahoga en un diluvio de palabras”: leyes, fiscalización y consenso en el Parlamento español”. Javier Moreno Luzón y Pedro Tavares de Almeida (eds.). De las urnas al hemiciclo. Elecciones y parlamentarismo en la Península Ibérica (1875-1926). Madrid: Marcial Pons.

Manin, Bernard (1998). Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial.

Mauro, Diego y Martínez, Ignacio (2016). “Ctéato y Éurito. Iglesia, religión y poder político en la Argentina del siglo XIX”. Roberto Di Stefano y José Zanca (comps.), Fronteras disputadas: religión, secularización y anticlericalismo en la Argentina (siglos XIX y XX). Buenos Aires: Imago Mundi.

Palacios Cerezales, Diego (2016). “Reimagining petitioning in Spain (1808-1823)”. Fundación Ortega y Gasset. Documento de Trabajo. 2016/8

Paz, Gustavo (2013). “Auge y caída del comunismo indígena en el norte argentino: los Andes de Jujuy, 1830-1900”. Gabriel Di Meglio y Raúl O. Fradkin (comps), Hacer política. La participación popular en el siglo XIX rioplatense. Buenos Aires: Prometeo libros.

Posada Carbó, Eduardo (2017). “Congresses versus Caudillos: the untold history of democracy in Latin America, with special emphasis on New Granada (Colombia), 1830-1860”. Parliaments, Estates and Representation, Volumen 37, Número. 2, pp. 119-129.

Terán Fuentes, Mariana y Pérez Navarro, Mónica (2020). “Liberalismo y derecho de petición durante la república central en México, 1835-1846”. Letras Históricas, número 21, pp. 63-88.

Pita, Valeria S. (2020). “El arte de demandar. Versiones de vida, redes políticas y solicitudes públicas de viudas, ancianas y trabajadoras. Buenos Aires, 1852-1870”. Travesía, volumen 22, número 1, pp. 109-133.

Sabato, Hilda (1998). La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Urbinati, Nadia (2017). La democracia representativa. Principios y genealogía. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Conway, Martin (1997). Catholic Politics in Europe, 1918-1945. London: Routledge.

Lefort, Claude (2011). Democracia y representación. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Rojkind (2006) “Prensa, manifestaciones y oposición política. La protesta contra la unificaicón de la deuda en julio de 1901”, Estudios Sociales, núm. 31, pp. 137-162.

Rojkind, Inés y Romero, Ana (2013). “Renuncias presidenciales, opinión pública y legitimidad en el quinquenio difícil (1890-1895)”. PolHis, 11, pp. 94-105.

Taylor, Charles (2007). A secular age. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Rosanvallon, Pierre (2015). La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza. Buenos Aires: Manantial.

Zimmermann, Eduardo (1995) Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina, 1890-1916, Buenos Aires, Sudamericana/Universidad de San Andrés.

1 La Unión, (4-5 de setiembre de 1882), citado en Auza (1981: 207)

2 Entre los diputados nacionales que mostraban una adhesión al campo católico (no siempre de la misma naturaleza) se encontraban Tristán Achával Rodríguez, Pedro Goyena, Mariano Demaría, el presbítero Lugones, Miguel Navarro Viola y Manuel D. Pizarro. (Auza 1981: 198)

3 Véase los discursos de Emilio Lamarca y Pedro Goyena citados en Auza (1981:280-282)

4 Ese sería el caso de los diputados “católicos” Ernesto Padilla, José Galiano y Monseñor Gregorio Romero, de destacada actuación en los debates sobre el proyecto de ley de divorcio de 1902, que no habían llegado a la Cámara a través de partidos de inspiración católica. (Ayarragaray 1952: 125) Similar sería también el caso de Juan Cafferata y Arturo M. Bas que ingresaron a la Cámara de Diputados en 1912 a través de un partido provincial que no se nutría únicamente del universo asociativo católico.

5 Efemérides, (15 de octubre de 1902). Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires (REABA), Tomo II, p. 872.

6 Demasiado caras, (7 de mayo de 1905). El Pueblo.

7 La Voz de la Iglesia, (8 de noviembre de 1907); El Pueblo, (15 de febrero de 1908)

8 El momento, (30 de enero de 1908). El Pueblo.

9 “La Unión Patriótica solicita la modificación de la ley electoral”, Archivo Cámara de Diputados de la Nación, Expedientes (ACDN), Comisión de Legislación, 159-p-1909

10 Diario de Sesiones Cámara de Diputados, 1911. Buenos Aires: El Comercio. p. 151.

11 David Zambrano e Isaac R. Pearson (1915). Acción parlamentaria del Dr. Arturo M. Bas, diputado nacional por Córdoba, 1912-1916. Buenos Aires: Taller Gráfico de L. J. Rosso y Cia.

12 Gustavo Franceschi, “Notas sobre el catolicismo argentino en 1908”. REABA, Tomo V, 1909, p. 17.

13 Efemérides, (8 de diciembre de 1908) Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, Tomo VIII, p. 69.

14 La aspiración socialista, (11 de setiembre de 1913). El Pueblo.

15 El nacionalismo en nuestra política, (15 de agosto de 1913). El Pueblo.

16 La campaña nacional en favor del petitorio que solicitaba la inclusión de la enseñanza religiosa habría alcanzado las 180.000 firmas. En setiembre de 1883, un grupo de mujeres católicas encabezadas por Patrona Coronel de Lamarca desfilaron en doscientos carruajes frente al Congreso y presentaron un petitorio al presidente del Senado, el vicepresidente Francisco Madero. El Mosquito publicó una ilustración satírica de la manifestación de “señoras y niñas” ante el Senado “que casi dio el triunfo a los clericales”. (2 de setiembre de 1883). El Mosquito.

17 Comité Popular Liberal. Separación de la Iglesia del Estado, 16/9/1901, ACDN, Comisión de Negocios Constitucionales, 333-p-1901, https://apym.hcdn.gob.ar/expedientes acceso 13/7/2020.

18 Existía una larga historia de la práctica de peticionar a las autoridades en el mundo anglosajón que combinaba precedentes históricos y reconocimientos en los documentos y textos constitucionales (Bill of Rights -1689- y la Primera enmienda de la constitución norteamericana) como fundamento de la práctica colectiva. (Mark, 1998; Innes, 2013)

19 Las peticiones también cumplieron un rol en México entre las décadas de 1820 y 1870 como parte de la práctica extraconstitucional de los “pronunciamientos” (mitad rebelión, mitad petición), entendidos éstos como una manera eficaz de influir sobre los gobiernos locales y nacionales. (Fowler, 2009; Gantús y Salmerón, 2017)

20 Este movimiento había comenzado a ganar impulso en 1896 luego de las peticiones elevadas por ciudadanos argentinos y extranjeros ante el Congreso en apoyo del proyecto de Emilio Gouchón que buscaba erigir un monumento en honor a Giuseppe Garibaldi. ACDN, 298-p-1896, https://apym.hcdn.gob.ar/expedientes (acceso 11/7/2020). Al año siguiente casi 10 mil firmas iban a solicitar a los legisladores la reforma de la Constitución a fin de separar la Iglesia del Estado, facilitar la naturalización de extranjeros y establecer la jornada laboral de ocho horas. ACDN, 236- p- 1897, Expedientes, https://apym.hcdn.gob.ar/expedientes (acceso 4/8/2020). Bertoni (2009)

21 Asociación Católica, (27 de abril de 1905). El Pueblo.

22 Marco M. Avellaneda (1919), Del camino andado, Buenos Aires: Agencia General de Librería y Publicaciones, p. 31-32

23 ACDN, 333-p-1901; 256-p-1901; (acceso 13/7/2020), https://apym.hcdn.gob.ar/expedientes

24 Notas del día. Hora de obrar, (18 de agosto de 1901). El Pueblo

25 No era inusual que esto sucediera en otras culturas políticas con una larga tradición en el ejercicio del derecho de petición. El cuestionamiento sobre la autenticidad de las peticiones y de sus firmas era un elemento tradicional de las publicaciones satíricas británicas. (Huzzey y Miller, 2020:27)

26 La “conquista” de la calle no estaba exenta de escenas relativamente contenida de violencia entre militantes católicos y anticlericales. La disputa por el espacio público podía involucrar incluso al propio edificio del Congreso. En una manifestación de setiembre de 1902, una delegación de ciudadanos a favor de la ley de divorcio arengaron desde el interior del edificio a la multitud situada en la plaza. (Ayarragaray 1952:129)

27 296-p-1901; 318-p-1901; 349-p-1901; 115-p-1902; 141-p-1902; 243-p-1902; 340-p-1902 (acceso 12/8/2020). Para la petición de los Obispos véase 205-p-1902 (acceso 12/8/2020); para la petición de los párrocos de la Arquidiócesis de Buenos Aires véase 232-p-1902. Todos en ACDN, https://apym.hcdn.gob.ar/expedientes

28 La manifestación del domingo. El órgano socialista y sus ataques, El Pueblo, octubre 1913. Las presentaciones de un conjunto variado de actores católicos entre 1899 y 1913 incluyen: 1899, El Consejo General de los Círculos de Obreros, el Club Católico Alemán, círculo universitario antisocialista y diversos círculos de obreros locales solicitan la sanción de una ley de descanso dominical; en 1901, el presidente del Consejo General de los Círculos de Obreros solicita la sanción de una ley que reglamente el trabajo de menores; en 1902 el Círculo de Obreros de San Nicolás pide la reglamentación del trabajo de mujeres y niños; en 1904, la Liga Democrática Cristiana solicita la ley de descanso dominical. Véase también 334-p-1901, (acceso 28/7/1901); 2-p-1902 (acceso 28/7/1902), 589-p-1904 (acceso 11/8/2020); 908-p-1913, (acceso 28/7/2020), todos en ACDN https://apym.hcdn.gob.ar/expedientes

29 (30 de setiembre, 1 de octubre de 1901). El Pueblo.

30 El triunfo del domingo, (30 de setiembre- 1 de octubre de 1901). El Pueblo.

31 (8 de octubre de 1913). El Pueblo.

32 (9 de octubre de 1913). El Pueblo.

33 (15 de octubre de 1913). La Nación

34 Sobre las acciones de “obstrucción” y la constitución de coaliciones “negativas” que desempeñan un rol en el control de los gobiernos e instituciones representativas, véase Rosanvallon, (2015: 32)

35 Comisión de Legislación Obrera, (18 de febrero de 1908). La Voz de la Iglesia.