La configuración del territorio inquisitorial. La articulación de las comisarías diocesanas en Nueva España, 1571-1610

The configuration of the inquisitorial territory. The articulation of diocesan commissions in New Spain, 1571-1610.

Pedro Miranda Ojeda

Universidad Autónoma de Yucatán

pmojeda@correo.uady.mx


Resumen

La fundación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España demandó la creación de una red de comisarías diocesanas para procurar la articulación del distrito inquisitorial. Estas comisarías constituían piezas fundamentales para su funcionamiento ya que en estas jurisdicciones el tribunal podía establecer su impronta sobre social e ideológica sancionada por la institución. Las rupturas de este orden propiciarían la generación de causas y procesos, que se alimentarían desde este ámbito, controlando y limitando la difusión de las transgresiones y desviaciones de la sociedad. Con esta intención, los comisarios tenían la responsabilidad de realizar la lectura de los edictos de fe, recibir las denuncias de los delitos correspondientes y, con este mismo objetivo, efectuar las visitas de distrito en aquellas poblaciones no indias que se encontraran en su jurisdicción, evitando de esta manera restringir su actividad a la capital diocesana.

No obstante, las enormes dimensiones de los distritos inquisitoriales a menudo objetaron esta última responsabilidad porque distancias, las condiciones de los caminos y la deficiencia de los transportes, salvo excepciones, dejaron sin ninguna clase de vigilancia a muchas poblaciones. De ahí, que las comisarías diocesanas fracasaran en su intento de establecerse como espacios de control efectivo y, en consecuencia, fue necesario la creación de comisarías dependientes en pueblos, villas, puertos y otras ciudades españolas. Ante la dificultad por establecer comisarías en todas las poblaciones fue necesario el nombramiento de los llamados familiares, como una estrategia para lograr una completa articulación del tribunal con restantes poblaciones españolas.


Palabras clave: Santo Oficio, comisarías, jurisdicción, visitas, articulación


Summary


The Foundation of the Tribunal of the Holy Office of the Inquisition in New Spain demanded the creation of a network of Diocesan comisarias to ensure the articulation of the inquisitorial district. These comisarias were cornerstones for its operation since in these jurisdictions, the tribunal could establish his imprint on social and ideological sanctioned by the institution. Breaks of this order would lead to the generation of causes and processes that feed from this field, by controlling and limiting the spread of violations and deviations from the society. With this intention, the comisarios had the responsibility to make reading the edicts of faith, receive complaints of the relevant crimes and, with this same objective, make visits to district in those non-Indian populations that are you will find in its jurisdiction, thus avoiding restrict its activity to the Diocesan capital.

However, the huge dimensions of the inquisitorial districts often objected to this latter responsibility because distances, the conditions of the roads and transport exceptions deficiency, left without any kind of monitoring to many populations. Hence, the creation of dependent comisarias in towns, villages, ports and other Spanish cities that Diocesan comisarias failed in their attempt to establish himself as spaces for effective control and, consequently, was necessary. Given the difficulty to establish comisarias in all populations necessitated the appointment of the so-called familiares, as a strategy to achieve a full articulation of the tribunal with other Spanish towns.


Key words: Holy Office, comisarias, jurisdiction, visits, articulation.


Introducción

En audiencia, celebrada el 29 de diciembre de 1571, el cabildo de la ciudad de Mérida recibió el juramento del Lic. Cristóbal de Miranda y Canus, deán de la catedral, como comisario en Yucatán. Con este solemne acto se establecía la primera comisaría del Santo Oficio en Nueva España. Apenas había transcurrido un mes, el 24 de noviembre, desde que el inquisidor Dr. Pedro de Moya Contreras emitiera su nombramiento para que se ocupara de los asuntos inquisitoriales en el distrito.1

La representación pública del establecimiento de una comisaría, en cambio, tenía un objetivo distinto, un elevado significado político, religioso y social. La importancia de su reconocimiento social implicaba, al mismo tiempo, la presencia de todas élites políticas, el gobernador, las autoridades de la ciudad, las dignidades eclesiásticas, los conquistadores y primeros pobladores, etc. que acompañarían la procesión y lectura del primer edicto de fe. En la ceremonia realizada en la ciudad de Puebla el 12 de abril de 1572, la solemnidad y ritualidad del Domingo de Resurrección fue un día eminente para la exhibición de la fuerza y la preponderancia de la institución. El comisario Hernando Pacheco, arropado con un bordado del emblema del Santo Oficio y ante un crucifijo de plata en manos del alguacil de la ciudad, realizaría su juramento de fidelidad y secreto.2

La inherencia de la comisaría diocesana en la estructura funcional del Santo Oficio decantaría su papel protagónico desde su prístina organización. Por esta razón, su formación sería una de las primeras iniciativas después de que el Santo Oficio se estableciera en la ciudad de México el 4 de noviembre de 1571. Un tiempo razonable desde que Felipe II emitiera la real cédula del 25 de enero de 1569, ordenando la fundación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México y en Perú, cuyos territorios definiría en la real cédula del 16 de agosto de 1570.

La jurisdicción de México tendría cerca de 1,900,000 de km2, mientras que Perú abarcaría una extensión superior a 3,500,000 de km.2 Nueva España incluiría los arzobispados de México y Santo Domingo, los obispados de Nueva Galicia, Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca, Yucatán, Chiapa, Guatemala, Verapaz, Honduras, Nicaragua, Santiago de Cuba y San Juan de Puerto Rico, además del archipiélago de Filipinas, con fronteras adscritas a las Audiencias de México, Santo Domingo, Nueva Galicia, de los Confines y Filipinas. En otras palabras, ocuparía un distrito mixto, con una geografía tanto continental como insular.

En Nueva España había una población sujeta a la jurisdicción del Santo Oficio de 143,500 habitantes, contándose 52,500 blancos y 91,000 negros, mestizos y mulatos, concentrados en 85 pueblos de españoles, villas, puertos y ciudades (López de Velasco, 1894; Rosenblat, 1945). En las islas Filipinas, por su parte, había unos 2,500 individuos, repartidos en cuatro ciudades y una villa (Zavala, 1973: 772-773). En síntesis, en el momento de su creación, la jurisdicción debía cubrir 90 poblaciones con alrededor de 150,000 sujetos bajo su régimen. La autoridad inquisitorial abarcaría un territorio muy complejo social y demográficamente que, en parte, se remediaba porque los indios no estarían comprendidos en la jurisdicción, según real cédula del 30 de diciembre de 1571.

No obstante, ante las frecuentes quejas del tribunal de Perú, por las excesivas dimensiones de su jurisdicción, la Corona decidió la creación de un tercer tribunal. Por real cédula de Felipe III, el 25 de febrero de 1610 se establecía el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias. Con esta medida, del distrito de México se escindían los 382,627 km2 de la jurisdicción del arzobispado de Santo Domingo y los obispados de Santiago de Cuba y San Juan de Puerto Rico, pertenecientes a la Audiencia de Santo Domingo. La jurisdicción peruana, por su parte, perdía influencia sobre el reino de Nueva Granada, islas de Barlovento, el arzobispado de Santa Fe y los obispados de Panamá, Popayán, Cartagena y Venezuela. La nueva jurisdicción tendría un territorio aproximado de 1,490,000 km.2 Las comisarías diocesanas de Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo dejarían de pertenecer a Nueva España. La nueva división territorial de la Nueva España fijaría sus límites en 1,480,000 de km.2


El diseño original: las comisarías diocesanas

Uno de los vectores electivos más importantes de los primeros comisarios en Nueva España fue el nombramiento de personajes por su elevada posición eclesiástica. Los méritos también venían acompañados por su honorabilidad, credibilidad, prestigio y poder. Esta elección, por lo tanto, significaba una utilidad recíproca, demandando la incorporación de sujetos cualificados y seleccionados para representar un poder imponente y que, al mismo tiempo, amedrentara a la población (Miranda Ojeda, 2008).

Las funciones de los comisarios tenían un papel importante en el distrito. Las principales responsabilidades consistían en la promulgación de los edictos de fe, recepción de denuncias y realizar averiguaciones, desplazarse a las poblaciones de la jurisdicción para efectuar las visitas y otros asuntos tocantes al Santo Oficio.3


por ser como es el distrito tan largo, y que no podrían visitar todos los partidos de él por vos (otros), los dichos inquisidores, parece que á las partes y lugares donde no pudiereis cómodamente ir á visitar, enviaréis á los comisarios de los dichos partidos los edictos de la fe, para que los hagan publicar en las iglesias del partido que fuere á su cargo y reciban las testificaciones de los que á los dichos edictos respondieren ante notarios fieles y legales, cristianos viejos; y recibidas, sin proceder á captura ni otra diligencia alguna, envíen ante vos (otros) las dichas testificaciones para que vistas por vos (otros) proveáis cerca de ellas lo que fuere de justicia (Sigüenza, 1906: 240-241).


La elección del comisario, por lo tanto, presumía una tarea delicada para los inquisidores. La elevada posición en la jerarquía religiosa o el prestigio político y social en la comunidad no eran las únicas condiciones para ser seleccionado, además de cumplir con los criterios genealógicos y de limpieza de sangre, sino que era indispensable la conducta ejemplar y poseer una imponente carrera eclesiástica. La confianza y la credibilidad como autoridad inquisitorial serían las virtudes más importantes para su selección debido a que las potenciales denuncias sólo podían exponerse siempre que el comisario contara con el apoyo de la población. Así, puede entenderse que se trataba la provisión de oficios a personas de calidad superior porque la efectividad del Santo Oficio dependía de la cooperación de la sociedad.

Las comisarías constituyeron pilares fundamentales de la estructura inquisitorial y de la organización del Santo Oficio. El comisario, por tanto, era un oficial que representaba a los inquisidores en una jurisdicción (Juanto Jiménez, 2014: 96). De ahí que la configuración y la funcionalidad territorial pretendiera articularse mediante la formación de administraciones distritales, aprovechando las fronteras trazadas de las arquidiócesis y las diócesis del virreinato de Nueva España.

A partir de este criterio se fomentaría la creación inmediata de comisarías diocesanas. En los primeros tres años se erigirían los distritos continentales de Yucatán y Tlaxcala (1571), México, Michoacán, Antequera, Guadalajara, Chiapa, Santiago de Guatemala, Nicaragua (1572) y Honduras (1573). En las siguientes décadas, gradualmente, en las primeras sedes diocesanas insulares, se incorporarían las comisarías de San Juan de Puerto Rico (1591), Santo Domingo (1592) y Santiago de Cuba (1604).4 Este modelo igual se aplicó en diócesis insulares de reciente creación: las comisarías diocesanas de Manila (1583)5 y Cebú (1600).6

Desde finales del siglo XVI hubo jurisdicciones que se desprendieron de las comisarías diocesanas, las llamadas comisarías dependientes. En términos generales las primeras comisarías predominaron en las ciudades. La mayoría se estableció ahí porque se consideraba que la mayor vigilancia debía prodigarse sobre las localidades que tuvieran al menos trescientos vecinos –además, únicos lugares de promulgación de los edictos de fe para facilitar que, ahí mismo, se presentaran las denuncias. Las ciudades, salvo excepciones, serían las únicas localidades con la cantidad suficiente de vecinos para cumplir con los criterios de población establecidos por el Santo Oficio para la constitución de una comisaría. Se fundarían comisarías dependientes en las ciudades de Texcoco (1597), San Miguel, Tlaxcala, Granada (1604), Gracias a Dios (1605), Xochimilco (1608), Celaya (1609) y Cholula (1610). En síntesis, las primeras comisarías se establecerían en 26 de las 35 ciudades existentes en el distrito inquisitorial.7

En ciertas comarcas mineras tendría su origen el segundo tipo de comisarías dependientes. Ante el crecimiento de la población blanca, negra y de mezclas, impulsado por la enorme producción argentífera, fue necesario nombrar comisario en Real de Minas de Sultepec (1572) y, desde la última década del siglo XVI, conforme la conflictividad social y demográfica se incrementaba, en la ciudad de Zacatecas (1580), Minas de Topia (1598), Minas de Taxco (1600) y villa de Durango o Guadiana (1608).

En los únicos puertos autorizados para el comercio ultramarino de Nueva España surgió el tercer tipo de comisarías dependientes. Estos serían lugares naturales para el ingreso de personas prohibidas e ideas subversivas, por lo cual se verificaba la llamada visita de navíos, dedicada a la inspección pasajeros y controlar la introducción de literatura prohibida.8 Por ello, instalarían representaciones inquisitoriales en la ciudad de la Nueva Veracruz (1572) y Acapulco (1577).

La prosperidad de algunos pueblos y villas de españoles contribuiría, desde la última década del siglo XVI, a crear las condiciones necesarias para el cuarto y último tipo de comisarías dependientes. El progresivo desarrollo económico que devino una elevada densidad de población no india incidiría en el nombramiento de comisarios en los pueblos de Chiapa de Indios (1577)9 y Tecamachalco (1605),10 la provincia de Chalco (1605)11 y la villa de Otumba (1591).12

En el periodo 1571-1610 predominó el gobierno de las comisarías diocesanas. Aun cuando menos de la mitad de las comisarías se ubicaron en sedes episcopales, en todas ellas hubo comisaría. El régimen inquisitorial funcionó gracias a la articulación del tribunal con los distintos distritos que, una vez escindidos, conformarían jurisdicciones menores para procurar la consolidación administrativa y la vigilancia desde los núcleos locales: las comisarías dependientes.


Cuadro I. Comisarías en el distrito inquisitorial de Nueva España

COMISARÍA DIOCESANA

CAPITAL

COMISARÍAS

YUCATÁN

Mérida


1571

YUCATÁN

Cristóbal de Miranda y Canus

TLAXCALA

Puebla

1571

TLAXCALA

Hernando Pacheco



1572

Ciudad de Nueva Veracruz

Francisco López de Revolledo



1604

Ciudad de Tlaxcala

Alonso Fernández de Santiago



1604

Pueblo de Tecamachalco

Diego Márquez



1610

Ciudad de Cholula

Alonso Díaz

MÉXICO

México

1572

MÉXICO

Alonso Muñoz



1572

Minas de Sultepec

Francisco Cantoral



1577

Puerto de Acapulco

Juan de Tolosa



1591

Villa de Otumba

Diego de Bobadilla



1597

Ciudad de Texcoco




1600

Minas de Taxco

Eugenio de Moratilla



1605

Provincia de Chalco

Pedro de Solís



1608

Ciudad de Xochimilco

Juan Lazcano

MICHOACÁN

Pátzcuaro

1572-1580

MICHOACÁN*

Juan Márquez


Valladolid

1580

MICHOACÁN

Cristóbal de Badillo



1609

Ciudad de Celaya

Martín de Vergara

ANTEQUERA

Oaxaca

1572

OAXACA

Sancho de Alzorris

NUEVA GALICIA

Guadalajara

1572

NUEVA GALICIA

Alonso Sánchez de Miranda



1580

Ciudad de Zacatecas

Juan Núñez de Sugastimendia



1598

Minas de Topia

Martín de Alzola



1608

Ciudad de Guadiana

Juan Núñez de Mendizabal

CHIAPA

Ciudad Real

1572

CHIAPA

Martín Luis Bermejo



1577

Chiapa de Indios

Fray Lope

SANTIAGO

Santiago de

1572

GUATEMALA

Diego de Carvajal

DE

Guatemala

1604

Ciudad de San Salvador

Bernardo Barahona de

GUATEMALA




Loaísa

NICARAGUA

León

1572

NICARAGUA

Pedro del Pozo



1604

Ciudad de Granada

Lorenzo de León

HONDURAS

Santa María

1573

HONDURAS

Alonso Moxica


de la Nueva

1604

Ciudad de Gracias a Dios



Valladolid de





Comaguaya




MANILA

Manila

1583

MANILA

Francisco Manrique

SAN JUAN DE PUERTO RICO

San Juan

1591

SAN JUAN


SANTO DOMINGO

Santo Domingo

1592

SANTO DOMINGO

Alfonso López de Ávila

CEBÚ

Cebú

1600

CEBÚ

Martín de Zamudio

(NOMBRE DE JESÚS)





SANTIAGO DE CUBA

La Habana

1604

LA HABANA

Francisco Carranco

Fuente: Medina (1899: 15); Chinchilla Aguilar (1953: 26-31); “Nómina del Tribunal de la Inquisición de Nueva España, 1571-1646”. (1956). Boletín del Archivo General de la Nación, vol. XXVII- N° 2, pp. 315-361; Deive (1983: 248); Alberro (1988: 85-95); Alanís Boyso (1995); Miranda Ojeda (2010: 59-63).


En síntesis, el territorio de las comisarías dependientes era menos extenso, con límites concentrados en un real de minas, pueblo, villa, puerto o ciudad. La comisaría diocesana como autoridad máxima en la jurisdicción cede a una comisaría dependiente el gobierno y la autoridad inquisitorial sobre determinado territorio, convirtiéndose en el único responsable de dicha jurisdicción. Esta circunscripción territorial, sin embargo, no se limita exclusivamente a una localidad sino que sus fronteras se extendían a las poblaciones sujetas, según la jurisdicción política existente –pueblos, barrios, estancias, sitios, ranchos, etc. La comisaría inquisitorial del pueblo de Tecamachalco, por ejemplo, estaba formada por el pueblo propiamente dicho y numerosos asentamientos no indios; a finales del siglo XVI había españoles dispersos en muchos de los 29 barrios y estancias subordinados a la cabecera (Gerhard, 2000: 289).

Las comisarías dependientes con jurisdicción en una provincia, como sucedía en la comisaría de San Salvador o Chalco, también se definía por las fronteras políticas. El territorio se extiende sobre un territorio más amplio que incluye varias cabeceras, tanto civiles como eclesiásticas, con numerosas villas, pueblos, reales de minas o puertos, además de barrios, estancias o sitios que formaban un rosario de pequeños y numerosos núcleos de población no india. La provincia como sustancia inquisitorial contribuía a estrechar, en una comarca demográficamente importante, los mecanismos de vigilancia y de control real o ficticio que limitara los comportamientos desviados al orden sancionado.

El distrito inquisitorial, en cambio, estructura el funcionamiento del Santo Oficio. La comisaría diocesana define un organismo con autoridad, jurisdicción, gobierno, poder y competencia en el distrito, salvo en las comisarías dependientes que disfrutan de autonomía en los asuntos tocantes al Santo Oficio; sin embargo, el comisario diocesano podría intervenir ahí, por tratarse de la autoridad y jurisdicción cedida por él mismo, cuando el tribunal así lo conviniere necesario, como abusos y excesos en el oficio, conflicto de intereses, etc.

Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuál es el papel del obispo en un territorio-jurisdicción donde, por antonomasia, posee la autoridad episcopal? En efecto, el obispo tiene jurisdicción sobre todos los habitantes de la diócesis, indios y no indios, procurando ejercer el control y la vigilancia para el cumplimiento de la espiritualidad, las políticas ecuménicas y el orden administrativo según el derecho canónico. Sin embargo, su relación en los asuntos del Santo Oficio es excepcional porque como cabeza eclesiástica superior del obispado no tiene ninguna clase de injerencia ni autoridad sobre los funcionarios de la comisaría.

Esto no quiere decir que su presencia no haya sido incómoda para algunos comisarios. El comisario pertenecía al régimen eclesiástico y, por lo tanto, esta calidad presume una subordinación a la figura del obispo. No obstante, la elevada posición que el nombramiento de comisario traía consigo concedía una poderosa armadura de privilegios, preeminencias y, principalmente, fuero inquisitorial.13 Este blindaje facultaba y aseguraba a sus oficiales poseer un poder inconmensurable para oponerse, disputar y ejercer el control más allá de las decisiones y de los poderes fácticos locales, llámese élites políticas, económicas, militares, eclesiásticas, etc. Esto significa que la autoridad y el poder de los ministros del Santo Oficio estaba por encima de cualquier personaje y con la suficiente competencia para aprehender a los imputados, independientemente de su tratamiento.

Ante esta situación, no pocos obispos o autoridades políticas trataron de someter el poder representado por el Santo Oficio, pretendiendo adjudicarse una posición de superioridad respecto a los comisarios. Cuando se trataba de los obispos, los inquisidores trataron de moderarse en las amonestaciones o reconviniéndolos con severidad por su injerencia en materias que no le correspondían, llamando su atención para que reconocieran las diferencias de jurisdicción y competencia entre ambos poderes. Cuando se trataba de autoridades políticas, en cambio, la posición solía ser muy distinta porque la condición de exceptualidad de los ministros inquisitoriales provocaría no pocos conflictos. Estas diferencias, a menudo, generarían serias disputas entre jurisdicciones, debilitando aún más las frágiles relaciones entre ambos poderes.14


La centralidad inquisitorial: las capitales eclesiásticas


La progresiva sedentarización de los comisarios diocesanos propiciaría una centralidad urbana. En las localidades no había un espacio exclusivo para el gobierno y administración de la comisaría para la realización de los trámites, servir como archivo o recibir a los testigos. La ubicación de las dependencias inquisitoriales dependía del comisario en turno; en 1571, por ejemplo, el comisario dispuso que la sede del distrito de Yucatán se instalara en su casa de Mérida “en parte secreta, deçente y cómoda, siempre de día sino uviere neceszidad preçisa que sea de noche, y en todo proçederá con mucho secreto”.15

La restricción urbana de la comisaría cumplía con el objetivo de enfatizar su presencia local. Esta actuación tenía el papel de hacer ostensible la representación inquisitorial en la sede administrativa y, desde ahí, realizar esporádicas visitas a las poblaciones españolas. Ante la imposibilidad de establecer comisarías dependientes en algunos distritos, se impulsó una política de conservación del control de la población urbana. Por supuesto, la abundancia de no indios dispersos en los pueblos, villas o reales de minas no constituían, por sí mismos, núcleos objeto de control.

La preocupación principal se concentró, por lo tanto, en los vecinos de las capitales diocesanas (Miranda Ojeda, 2010: 41). El obispado de Michoacán, por ejemplo, cambió de sede y, en consecuencia, la comisaría también se trasladaría a la nueva capital episcopal. La primera comisaría diocesana se había establecido en la cabecera provincial y episcopal, Pátzcuaro (1572), por su elevada importancia política, económica, militar, y religiosa que, por supuesto, estimularon su crecimiento demográfico. Sin embargo, cuando la capital de la provincia se trasladó a Valladolid (1575), la importancia de la antigua capital fue eclipsándose debido al gradual desplazamiento de los poderes y de la población española. Ante esta pérdida de influencia, la capital diocesana permaneció ahí hasta 1579 y, al año siguiente, la comisaría también se trasladaría a la nueva capital político-administrativa. Valladolid, a raíz de estos cambios, experimentaría un rápido aumento demográfico y reforzaría su capital político, económico y religioso.16 Aun cuando en Pátzcuaro continuó viviendo una importante población no india, tendría que transcurrir medio siglo para que ahí se instalara una comisaría dependiente.

En la comisaría diocesana de Santiago de Cuba ocurrió un fenómeno similar. La ciudad homónima fue capital política y episcopal de la isla desde su fundación hasta 1556, cuando la capital política se trasladó a la villa de La Habana. La ubicación estratégica y su importancia portuaria, como centro de control de la Flota de Indias –contribuyendo al auge mercantil y económico– fueron algunas razones que incidieron en el cambio de residencia del gobernador. A la nueva capital no sólo se trasladó el poder político sino también las élites económicas, militares, eclesiásticas, etc. que contribuyeron al gradual desplazamiento de Santiago de Cuba como la localidad más habitada de la isla. La Habana se convertiría en ciudad en 1592 (Fuente, 1993: 65-57). La enorme importancia política de la ciudad fue el vector definitivo para establecer ahí la capital de la comisaría diocesana de Santiago de Cuba, en 1604, aun cuando la capital episcopal continuó teniendo su sede en la ciudad homónima del obispado.


En Enero de 1604 el capitán Simón de Valdés, procurador de la ciudad, había presentado memorial al Consejo de Inquisición, pidiendo que nombrase en la Habana un comisario y un alguacil, «pues demás de ser, decía, la dicha Isla de Cuba, tan grande y de tantos vecinos, ocurren a ella y a su puerto de la Habana, todos los navios, flotas y galeones del comercio y trato de las Indias y en ellos gran cantidad de gente extranjera; demás de lo cual, por el grande trato y comercio que hay con ingleses, franceses y flamencos en los lugares del Bayamo, Santiago de Cuba, Santispiritus, la Trinidad y otras partes, podría sembrarse entre los dichos vecinos la herejía y cisma de los extranjeros.

En consecuencia, a principios de Mayo proveyeron allí por comisario a fray Francisco Carranco, que lo había sido antes en Veracruz muchos años (Medina, 1952: 178-179).


El traslado de la capital y la nueva concentración de poderes y de las élites son dos factores fundamentales para comprender porque las comisarías diocesanas privilegiaron las capitales políticas como sedes de su gobierno. La presencia del Santo Oficio en estos lugares significaba elevar su importancia al mismo nivel de las estructuras de poder ahí establecidas y, en consecuencia, procurar el control de dichas élites. De esta manera puede exhibir una suerte de dominio social e imponer su autoridad cuando tiene la oportunidad de procesar a españoles o sujetos protagonistas con una posición de poder. El relevo administrativo, de una ciudad subordinada por una ciudad hegemónica, no obstante, fracturaba el modelo inquisitorial que establecía que las comisarías debían ubicarse en todas las poblaciones españolas, incluidos pueblos, villas, puertos y ciudades (Sigüenza, 1906: 244).

En este mismo sentido, la mayor concentración de población no india para instalar comisarías constituía un factor decisivo. De ahí que la geodemografía ayude a comprender el problema que se afrontó para poder articular los distritos inquisitoriales porque una jurisdicción no implica autoridad sobre un territorio sino exclusivamente sobre los habitantes no indios, aun cuando en los nombramientos de las comisarías diocesanas se fijara que el territorio inquisitorial abarcaba todo el distrito. En Yucatán, por ejemplo, en el nombramiento del Lic. Cristóbal de Miranda y Canus se establecía que “nombramos y diputamos por nuestro comissario en esta dicha ciudad de Mérida y provincias de Yucatán y Coçumel y Tavasco, para que como tal nuestro comissario deste Santo Officio”.17


La inmensidad del territorio: las visitas de distrito


Una característica de las comisarías diocesanas fue su autoridad jurisdiccional sobre territorios más extensos que la mayoría de los tribunales españoles. La dimensión de los distritos en Nueva España fue muy superior a la cincuentena de diócesis españolas que, por lo general, tenían un territorio promedio menor de 10,000 km2.



Cuadro II. Dimensión de los distritos inquisitoriales en Nueva España

COMISARÍA DIOCESANA

DIMENSIÓN Km2

Yucatán

140,000

Tlaxcala

85,000

México

95,000

Nueva Galicia o Guadalajara

120,000

Oaxaca o Antequera

120,000

Michoacán

120,000

Santiago de Guatemala

110,000

Nicaragua

180,000

Chiapa

75, 000

Honduras

135,000

Manila

270,000

Cebú

30,000

Santo Domingo

93,344

Santiago de Cuba

280,189

Puerto Rico

9,104

Distrito inquisitorial de Nueva España

1,862,627

Fuente: Elaboración propia.


La arquidiócesis de México, así como las diócesis de Puebla y Antequera, se extendían de mar a mar. El Seno Mexicano (Golfo de México) y el litoral del Mar del Sur (Océano Pacífico) servían de fronteras naturales de las zonas de poblamiento escalonadas entre el nivel del mar y algunas altitudes considerables. Los inmensos territorios de las diócesis de Michoacán y Guadalajara, en cambio, no tenían límites precisos porque estaban en expansión permanente en dirección al norte debido el avance de la colonización minera y agrícola, eran poco poblados y en general desprovistos de caminos (Berthe, 1997: 45).

Ahora bien, hay que añadir que el problema no sólo consistía en la extensión territorial. El predominio de una geografía desafiante y heterogénea impedía el libre tránsito debido al complicado relieve o a ríos no navegables, además de la diversidad de climas. A ello hay que agregar la ausencia y/o deficiente red de caminos y sistemas de comunicaciones rudimentarios que impedían la articulación e interacción de las comisarías con las poblaciones españolas localizadas en el distrito inquisitorial. Los caminos existentes pretendían unificar la dispersión de poblaciones con la ciudad de México. A pesar de sus deficiencias, el trazado procuró remediar el recorrido de la inmensa territorialidad en dirección al centro (Camino Real de Tierra Adentro o Camino a Santa Fe a Nuevo México en el Norte, Guatemala en el mediodía, Camino Real a Veracruz en el oriente y Acapulco en el poniente), además de entrelazar las regiones de mayor incidencia económica, principalmente las riquezas minerales.

Las distancias entre la comisaría diocesana respecto los reales de minas, villas, pueblos y ciudades de población española de la jurisdicción se convertiría en uno de los mayores problemas de los comisarios. Los inconvenientes derivados de esta situación incidirían negativamente en la articulación del territorio. De ahí que las llamadas visitas de distrito en las poblaciones españolas del distrito apenas pudieran hacerse en algunas localidades. Esto dependía de que el emplazamiento de la cabecera de comisaría se ubicara en proximidades con una alta densidad de población, como sucedía en Michoacán, Guadalajara, México, Tlaxcala o Guatemala.

Las remotas poblaciones españolas en una jurisdicción también fueron un obstáculo insalvable para la realización de las visitas. A finales del siglo XVI, en el distrito inquisitorial de Guadalajara, por ejemplo, el comisario diocesano debía realizar un recorrido de alrededor de 800 km para efectuar la visita a la villa de Saltillo y a la ciudad de Monterrey. En los confines septentrionales de la misma jurisdicción y del territorio virreinal, se localizaba Santa Fe, en la provincia de Nuevo México, situada en un territorio prácticamente despoblado y a una distancia de más de 1,000 km de la población habitada más cercana; la única ruta de comunicación desde la villa a la capital de la comisaría se extendía por 2,000 km y unos cinco meses de viaje. Por esta razón, el régimen de visitas del comisario se desplegaría en las proximidades de la ciudad de Guadalajara, zona con una densa demografía no india de pueblos y villas, fortaleciendo su autoridad en la jurisdicción. La visita a las aisladas Saltillo, Monterrey o Santa Fe, en cambio, tendría una duración de meses e implicaría no sólo dejar sin comisario una concentración de población importante sino también un monumental esfuerzo físico que los representantes del Santo Oficio no siempre estaban en las mejores condiciones de salud para poder resistir una recorrido por caminos inhóspitos y peligrosos, además de la derrama económica que generaría la contratación de guías y los costos de traslado de distintos funcionarios.

La realización de visita de distrito en islas ubicadas en aguas marítimas territoriales o en jurisdicciones separadas por el mar tenía una problemática similar. La comisaría de Santo Domingo extendía sus fronteras a las islas de Jamaica, Margarita y Trinidad, las dos últimas en las cercanías de las costas de Venezuela. El escaso interés para efectuar una travesía marítima para visitar la reducida y dispersa población no india en las tres islas impediría el absoluto control de sus habitantes. La comisaría de Santiago de Cuba tampoco pudo aplicar el régimen de visitas en la ciudad de San Agustín, una población española fundada en 1565, en la costa nororiental de La Florida, debido a la enorme dificultad que implicaba llevar a cabo un viaje marítimo a través de aguas consideradas peligrosas.

La ausencia de visitas de distrito no sólo se debía a las distancias sino también porque en el siglo XVI existía un enorme desconocimiento del territorio. Cabe destacar que los límites diocesanos habían sido trazados en una época cuando el conocimiento geográfico era muy limitado. En el último tercio del siglo XVI todavía no existía una plena conciencia del territorio virreinal y, por esta razón, en el último tercio del siglo se había ordenado la elaboración de las Relaciones Geográficas con la intención de formarse una idea del territorio.18 De ahí que los inquisidores procuraran hacerse de un conocimiento de la geografía de las comisarías para estar al tanto las posibles complicaciones en las visitas, principalmente la red de caminos. En sus “Instrucciones para la fundación de la Inquisición en México”, Carlos de Sigüenza, establecía que en el libro de los comisarios


se pondrán los lugares que hay en el distrito, poniéndoles por su veredas y orden que se podía tener en visitarlos,19 declarando los que son cabezas de provincias, obispados ó abadías, añadiendo ó mudando, conforme á lo que por tiempo sucediere. (Sigüenza, 1906: 225-247)


La desarticulación de los distritos fue una preocupación constante. Una estrategia utilizada para evitar el abandono de plazas cardinales fue a través de la conservación de fronteras más o menos controladas, con un flujo de comunicación que permitiera cierta interacción desde la capital de la comisaría hacia las comunidades del interior. En estos lugares a menudo se incorporarían unos funcionarios auxiliares, los llamados familiares. Se privilegiaría, para este propósito, aquellos lugares considerados importantes y que sirvieran como ancla de vigilancia y de control de la sociedad. Tampoco se pretendía que los familiares contribuyeran a dinamizar la actividad inquisitorial sino que actuaran como un mecanismo de promisión pública de la presencia del Santo Oficio.


La articulación de las localidades: los familiares


La desviación de la conducta social hacia la heterodoxia o las conductas contrarias al orden sancionado no se identifica con lugares sin comisarios. La ausencia de estos ministros inquisitoriales o de sus visitas en el distrito tampoco significa un vector de transgresión o de una sociedad con prescripción por los comportamientos anómicos. Aun cuando hubo comisarios en un limitado número de poblaciones, la institución trató de desplegar por todo el territorio a los familiares.

La articulación desde la comisaría diocesana hacia las localidades sería mediante la presencia de familiares que actuaban como factores de inhibición, de contención social que hasta cierto punto evitara la proliferación de la transgresión colectiva. Este papel no se relaciona en su incidencia o en la reducción de las denuncias presentadas sino en el miedo asociado con ellos dado que la familiatura pertenecía a la clase superior de las élites locales, cuyo poder se incrementaba gracias a los privilegios que confería la membresía al Santo Oficio, portando espada, la capa verde y los distintivos institucionales.20

La incorporación al Santo Oficio también conseguía una promisión consustancial de privilegios, preeminencias y fuero inquisitorial. Esta potencialidad fue el maridaje perfecto que intensificaría el poder local de algunos prohombres. El control del poder local sería el elemento decisivo en el número de las virtudes del familiar que la institución utilizaría en su aprovecho. De ahí que la insignificancia de ser ministros sin salario (Miranda Ojeda, 2007: 166-167) no haya sido un factor clave en la provisión del oficio porque no fue la codicia económica lo que despertó su interés sino sus retribuciones de poder. En efecto, la capacidad financiera permitía poder afrontar con la fortuna personal los gastos derivados de las responsabilidades. Por lo tanto, la tenencia de bienes no sólo permitía acreditar la posición económica sino también constituía un componente nuclear al servicio de las operaciones inquisitoriales.

Los familiares constituyeron los funcionarios inquisitoriales más numerosos, dispersos y distribuidos por el territorio virreinal. Aun cuando estos personajes se ubicaron principalmente en cabeceras de diócesis, capitales administrativas y políticas, ciudades, villas y puertos, es decir, las poblaciones con mayor densidad no india, también podían localizarse en pueblos españoles, lugares sin comisarías o sin una población importante. Aun así, en el siglo XVI, la cobertura de la familiatura pretendía su anclaje en las capitales diocesanas: en la ciudad de México, un contingente de doce miembros; en cada una de las sedes de diócesis, cuatro y, en cada población española menor, apenas uno. Es decir, las trece capitales eclesiásticas tendrían un total de 64 ministros y los restantes pueblos, villas, puertos y ciudades españolas contarían 73 funcionarios, sumando un total de 149 familiares en el distrito inquisitorial. No obstante, esta regla no siempre se cumpliría a pesar de que a finales del siglo XVI se consideraba que la presencia de familiares conduciría a la inhibición absoluta de la delictividad inquisitorial (Medina, 1991: 109).

En las primeras décadas de vida del Santo Oficio los inquisidores apenas pudieron socorrer y personalizar familiares en algunas de las ciudades y villas más importantes. A pesar las complicaciones administrativas se registra una elevada matrícula de familiares en las jurisdicciones inquisitoriales.21 En la realidad vivida en las comunidades es difícil medir el impacto efectivo y positivo que tuvo el familiar porque no es posible determinar la cantidad exacta del personal en cada lugar. La provisión del oficio no hace distinción de los nombramientos pues no indica si es nuevo o una sustitución por destitución, renuncia, traslado, promoción, ausencia, enfermedad o muerte.

En los archivos de la Inquisición existen numerosas solicitudes de las sedes episcopales para el nombramiento de familiares. A pesar de las disposiciones e instrucciones, los familiares se concentrarían en algunas de las poblaciones más importantes, mientras que otras intentaban compensar su reducido número. En las primeras décadas del Santo Oficio, el problema fue particularmente grave en algunas ciudades y villas que reclamaban la provisión de estos ministros ausentes en su jurisdicción. Ante esta perentoria situación, en 1595, el Consejo de Inquisición autorizó que en las ciudades de México, Puebla, Zacatecas, Guadalajara y Guatemala se aumentara el número de familiares.22

Las periódicas solicitudes reclamando la presencia de familiares o la demanda de un número mayor en ciertas poblaciones, incidió en la hechura de la Concordia de Castilla. Este documento, emitido el 22 de mayo de 1610, concedió a los inquisidores de México la facultad para poder nombrar, en cada lugar, el número de familiares “que correspondiere á la vanidad de cada una”.23 Aun cuando esta licencia permitía su propagación en los distritos, lo cierto es que durante la primera mitad del siglo XVII familiares no se distribuyeron en la mayoría de los lugares ni hubo exceso de provisiones del oficio. En la diócesis de Yucatán, por ejemplo, apenas se registra el nombramiento de uno o dos familiares en la capital episcopal, Mérida, a la vez que su provisión sería un reclamo constante en Campeche y Valladolid, las dos villas españolas que pertenecían al distrito inquisitorial (Miranda Ojeda, 2007: 172).

A pesar de la autoridad concedida por la Concordia de 1610, sin la restricción del número de familiares en cada lugar, los inquisidores evitaron el nombramiento indiscriminado de familiares. Aun cuando fueron los miembros del Santo Oficio más numerosos, su provisión fue motivo de continuas solicitudes de las poblaciones españoles. Ciertamente, la presencia masiva de estos funcionarios quizá habría establecido un mejor control en la sociedad, sin embargo, uno de los factores principales que condicionó el despliegue de estos ministros fue la centralización y los múltiples problemas de la burocracia inquisitorial.


La complejidad y la burocracia administrativa


El predominio de las comisarias diocesanas y la resistencia a la instauración de comisarías dependientes se explica por la compleja administración inquisitorial. De ahí que cabría preguntarse ¿si el objetivo de la Inquisición era procurar el control de la sociedad, por qué no establecer comisarías en las noventa poblaciones españolas? La respuesta se encuentra en la centralización de las funciones del Santo Oficio en la capital novohispana, cuyo propósito sería lograr la mayor efectividad y atención de un número de procesos suficientes, tomando en consideración las limitaciones de los inquisidores para poder administrar un territorio tan grande y complejo.

La responsabilidad de la mayoría de las tareas recaía exclusivamente en dos inquisidores. Su competencia no sólo consistía en la provisión de oficios de distintos niveles y jerarquías, sino también la redacción de edictos de fe, estudiar los causales de proceso, ejecutar sus distintas partes, organizar o presidir los autos de fe (Miranda Ojeda, 2010: 40). En las primeros años de actividad, el tribunal realizó numerosos procesos e investigaciones, efectuó inventarios, analizó casos anteriores, confiscó documentos particulares y elaboró listas de herejes reconciliados y penitenciados (Poole, 2012: 66).24 En este sentido puede decirse que el tribunal funcionó con un elevado grado de prontitud y eficiencia gracias al primer inquisidor, Dr. Pedro Moya de Contreras, quien introdujo la excelencia en la organización y administración (Poole, 2012: 66-67). La ordenación de los archivos, con no menos de diecinueve gruesos legajos de instrucciones, manuales de procedimiento, etc. es un indicio clave de la efectiva tarea y de la profesionalización administrativa que, a pesar del escaso personal, puso en orden y actualizó las bases de datos antiguas de los libros de actas, registro de juicios y votos, inventarios, etc. (Greenleaf, 1985: 170-172).

En el periodo 1571-1600 se llevaron a cabo 902 procesos, con 600 sentencias condenatorias, de los cuales 744 fueron delitos menores (palabras malsonantes, desacatos, hechicerías, opiniones temerarias, bigamias, simulación, etc.), 78 por herejía, 50 por propagación e impiedad judaicas y 40 por solicitancia (Cuevas, II, 1947: 292). El número de procesos no es menor y destaca el compromiso de los inquisidores. A esta cantidad habría que añadir la enorme cantidad de denuncias que fueron sobreseídas por los inquisidores porque consideraron que no cumplían con los hechos punibles o conducta delictiva y elementos del delito suficientes para iniciar dichos procesos.

La eficacia de las décadas años de vida de la Inquisición puede observarse en la realización de los autos de fe, ejemplo elocuente de que las comisarías nutrían al tribunal con las causas suficientes que podían procesar. Esta solemne celebración, reservada a la pronunciación pública de las sentencias, constituía la culminación de la actividad inquisitorial, como espectáculo público masivo, mediante símbolos y rituales, utilizado por el Santo Oficio para teatralizar su poder. Ahí, las máximas autoridades políticas, religiosas y civiles virreinales estarían presentes, por supuesto, un escalón por debajo de los inquisidores. Durante el periodo 1571-1610 se celebraron tres de los cinco autos de fe generales ejecutados en Nueva España.25

Las múltiples tareas administrativas, bajo la responsabilidad de los inquisidores, convertían las solicitudes en una lenta y dilatada diligencia, generada por la compleja burocracia. Los funcionarios tenían que procurar dar respuesta a las múltiples comisiones y demandas sobre infinidad de asuntos provenientes de distintas partes del extenso distrito inquisitorial.26 El problema no sólo residía en el largo periodo de tiempo que una solicitud debía esperar para tener su turno y poder ser atendida sino que, dada la lentitud de las comunicaciones desde el lugar de origen, también esperar el tiempo que los papeles tardaban en llegar a la ciudad de México y viceversa, el tiempo faltante para que las respuestas fueran enviadas y luego recibidas por los solicitantes. Las comunicaciones desde las comisarías ultramarinas de Manila y Cebú solían retrasarse por los 16,000 km de distancia de separación. No menos compleja y dilatada era la comunicación para resolver los trámites realizados desde las comisarías de Guatemala, San Miguel, Granada o León, en la remota Audiencia de los Confines, ubicadas a unos 2,000 km.

La complejidad de los procedimientos administrativos ponderaba la atención de los trámites más urgentes. La colocación de los miembros del Santo Oficio en las comisarías –comisarios, familiares, notarios y alguaciles mayores– precisaba una solicitud de provisión del oficio, mediante una extensa relación de méritos familiares y personales, conducentes con un ejemplar desempeño profesional que destacara su elevada posición en la estructura jerárquica de la localidad. Por supuesto, los añadidos genealógicos y de limpieza de sangre servían como instrumentos indispensables para demostrar la ascendencia de una antigua cristiandad, rubricados con matrimonios con familias honorables y de prestigio social, sin vínculos con musulmanes, judíos ni acusadas de algún delito sancionado por la Inquisición. La solicitud por ocupar una promoción formaba un grueso expediente que debía ser analizado por los inquisidores.

La función de los inquisidores no se limitaba a la revisión del currículo. La comprobación de la información tenía un papel muy importante. La acreditación de las pruebas constituía la parte que acusaba el mayor retraso en el procedimiento administrativo porque implicaba realizar investigaciones en lugares de nacimiento, de vecindad y de residencia. La respuesta de los trámites por lo general disponía de un prolongado periodo de dilación. Cuando las vecindades del interesado correspondían con localidades en Castilla, por ejemplo, los trámites tenían que efectuarse ahí, independientemente de que pudiera significar una mayor demora en la comprobación de la información proporcionada. Después de una primera revisión, los trámites posteriores realizados en el territorio virreinal y/o en Castilla se retrasaban por meses, incluso años, antes de proveerse el nombramiento. En un análisis situacional de la burocracia puede entenderse que cada trámite tenía un tiempo de espera bastante holgado. Las urgencias pasaban desapercibidas por la inoperancia de un sistema que trataba de controlar el enorme tráfico de trámites en un territorio tan grande como el volumen de documentación que absorbía su capacidad de respuesta inmediata.

Las solicitudes de los candidatos para la provisión del oficio de comisario a menudo fueron ignoradas por los inquisidores. El objetivo no consistía en abarrotar de comisarías el territorio virreinal, tal como exigía el derecho inquisitorial. El cometido inicial del Santo Oficio gravitó en consolidar su posición y su prestigio, antes que verse rebasado por la saturación de trámites y causas que los inquisidores no tendrían la capacidad de procesar.

En este sentido, las décadas finales del siglo XVI y la primera del XVII se caracterizan como un periodo de edificación de las bases que sustentarían el funcionamiento de la Inquisición sin soslayar las necesidades más importantes. En este contexto, la convocatoria de los inquisidores consistiría en procurar el funcionamiento efectivo del tribunal. De ahí que el momentum de la fundación del tribunal sea un periodo de impacto inmediato gracias al elevado nivel de trámites y procesos administrativos (Alberro, 1988: 148) que, no obstante, se retrae a finales del siglo XVI en una depresión procesual, que coincide con las primeras denuncias y graves acusaciones que el Consejo de Inquisición inicia contra el inquisidor Alonso de Peralta (Medina, 1991: 242-243).


Consideraciones finales


El predominio de las comisarías diocesanas, configuradas jurisdiccionalmente en el territorio episcopal, incidió de manera significativa en la formación de las comisarías dependientes. La extensión de los distritos inquisitoriales y los deficientes caminos fueron factores clave que incidieron en la propensión por la sedentarización urbana de los comisarios diocesanos, evitando el cumplimiento efectivo de las visitas de distrito. El relativo abandono de una importante función tocante al Santo Oficio provocaría, por lo tanto, la temprana aparición de comisarías en pueblos, villas, puertos y ciudades. En estas comisarías, los oficiales inquisitoriales reemplazarían al comisario diocesano para procurar abarcar la mayor cantidad de poblaciones españolas y los múltiples asentamientos no indios del distrito inquisitorial.

El programa de los inquisidores, sin embargo, no consistió en la saturación del territorio con numerosas comisarías sino en una planeación mesurada. Esta estrategia tenía el objetivo, al mismo tiempo, de controlar el número de trámites para evitar el abarrotamiento de la administración. El interés radicaría en administrar la cantidad de trámites necesarios para alimentar al tribunal de suficientes procesos que culminarían en los autos de fe.

La tarea principal de los primeros inquisidores no sólo consistió en formar comisarías, su mayor incidencia fue la organización de los cimientos de la compleja burocracia. Aun así, un vector importante fue alcanzar la gradual articulación de las comisarías diocesanas sin descuidar sus objetivos administrativos porque el nombramiento desmedido y la formación de nutridas comisarías sólo serviría para la alimentación indiscriminada de causas que de ningún modo tendría la capacidad de juzgar y que, por otra parte, demostraría su incompetencia.

La articulación del distrito no sólo se llevaría a cabo con la presencia de comisarios. Los ministros más comunes fueron los familiares, miembros de la élite local, desperdigados en numerosos pueblos, villas, puertos y ciudades que se utilizarían como los articuladores principales del sistema inquisitorial. Su papel consistiría en procurar la inhibición de las desviaciones de los delitos sancionados por el Santo Oficio.

En síntesis, la actividad registrada puede definirse como un periodo que privilegió la administración efectiva. La intencionalidad burocrática, por lo tanto, devino evitar un divorcio de la administración sin control, con comisarías y jurisdicciones masivas que operaran sin respuesta a sus trámites, como ocurriría en el siglo XVII, cuando la capacidad de reacción de los inquisidores no pudo controlar el flujo de trámites y mientras que las causas colmaban los archivos.



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Recibido: 11 de enero de 2019

Aceptado: 2 de febrero de 2019

1 Inquisición, vol. 84, exp. 30, f. 160bis, AGN, México.

2 Inquisición, vol. 82, exp. 24, AGN, México

3 Un análisis detallado sobre las funciones de los comisarios del Santo Oficio puede verse Miranda Ojeda (2007: 179-188).

4 La capital episcopal de Santiago de Cuba era una ciudad homónima, sin embargo, la sede de la comisaría diocesana se ubicaría en La Habana. Antes del establecimiento de la comisaría (1604), los notarios tenían la responsabilidad de recibir las denuncias. En 1586, por ejemplo, el notario público del obispado Juan González se encargó de recibir, en la villa de San Salvador de Bayamo, una denuncia, proseguir las investigaciones y desempeñar el papel de comisario hasta la finalización del proceso. Inquisición, 1616, exp. 1, Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid.

5 Acerca de los orígenes de la comisaría diocesana de Manila véase Palanco Aguado (2018).

6 La diócesis de Verapaz, sufragánea de la arquidiócesis de México desde 1561, con cabecera en la Ciudad Imperial de Cobán, fue la única sede episcopal novohispana sin comisaría diocesana. El motivo de esta omisión residiría en la elevada población india en la jurisdicción. La pobreza de la región, la escasez de habitantes españoles y la proximidad de Guatemala serían los motivos que, en 1608, suprimieron la diócesis, anexionándola al territorio de Guatemala (Leal Lobón, 2016: 22).

7 Las ciudades que en el siglo XVI que no tuvieron comisarías poco a poco fueron incorporándose en el régimen inquisitorial: Cáceres (1613), Trujillo (1614), Cartago (1622), Tepeaca (1626), Monterrey (1633), Esparza (1634), Pátzcuaro (1637), Cavite (1642) y Compostela (1701).

8 En 1579 se estableció que el comisario, un notario y un familiar, acompañados por dos justicias, serían los primeros en abordar los navíos una vez llegados a los puertos, antes de que nadie pueda salir ni entrar. En la inspección se dedican a tomar la profesión de fe del maestre, revisan las mercancías y los camarotes de la tripulación. El comisario también vigilaba la descarga de la mercancía para que una vez en tierra supervise el contenido de las cajas (Rueda Ramírez, 2003: 141-142). Además, tenía la obligación de revisar los papeles y los permisos de los pasajeros para evitar la entrada de personas prohibidas.

9 La comisaría de Chiapa de Indios se instauró por su carácter de capital india de Chiapa, habitada también por uno de principales núcleos de población española (Gerhard, 1991: 126).

10 El origen de la comisaría de Tecamachalco quizá no pueda ser explicada sólo por la presencia de población española. Hacia 1585 contaba con unos cien vecinos españoles –dedicados principalmente a la producción de trigo– que vivían cerca de la plaza o de la iglesia. A principios del siglo XVII, en el distrito de las comisarías diocesanas hubo numerosos pueblos con una población no india importante sin comisaría. Por esta razón, es probable que el auténtico motivo del establecimiento de una comisaría en Tecamachalco haya sido el imborrable recuerdo de un renombrado proceso inquisitorial seguido durante cuatro años (1578-1582) y que terminó con el descubrimiento de una compleja conspiración ideada para humillar a un odiado personaje local, el comerciante Hernando Rubio Naranjo. Un detallado análisis del proceso véase en Corteguera (2012).

11 La provincia de Chalco se convertiría en jurisdicción inquisitorial a principios del siglo XVII porque ahí residieron numerosos vecinos no indios, repartidos principalmente entre los dos pueblos más importantes de la provincia: la capital Tlalmanalco y Chalco. También hubo españoles dispersos en los pueblos de Acatlixhuaya, Amalinalpa, Atlaxalpa, Atzacualoya, Atzingo, Cocolitlan, Cuatlalpan, Cuautzingo, Huexoculco, Huistoco, Huitzilzingo, Metla, San Mateo de los Molinos, Temamatla, Tlalmimilolpan, Tlapala y Zula (Gerhard, 2000: 106-107; Jalpa Flores, 2008: 22)

12 En la villa de Otumba se estableció una comisaría a finales del siglo XVI porque en su calidad de corregimiento fue residencia de una cantidad importante de familias españolas. La jurisdicción fue la más importante productora de grana o cochinilla de Nueva España.

13 Acerca de los privilegios, preeminencias y fuero inquisitorial ver Miranda Ojeda (2007: 166-169).

14 Algunos ejemplos de la complicada relación de los comisarios con los obispos y las autoridades políticas pueden verse en Cartas y escritos en defensa del Lic. Cristóbal de Miranda deán de la catedral y comisario del Santo Oficio, contra las persecuciones de fray Diego de Landa, obispo de Yucatán, 1577, Inquisición, vol. 83, exp. 4, AGN, México, México; Carta de fray Francisco Manrique, comisario de Filipinas, al Santo Oficio, refiriéndose al escándalo que provocó entre los fieles el que el obispo no le deja ejercer su cargo, 1585, Inquisición, vol. 141, exp. 48, AGN, México; Solicitud presentada por el doctor Alzorrisz, comisario del Santo Oficio en Antequera, para que se haga una información acerca de lo que el obispo y cabildo escribieron al Rey contra él, 1592, Inquisición, vol. 214, exp. 7, AGN, México; Queja del comisario de Guatemala contra fray Juan Ramírez, obispo de Guatemala, 1604, Inquisición, vol. 368, exp. 81, AGN, México; Cartas del comisario de Nicaragua acusado al obispo, por impedir el libre uso y recto ejercicio del Santo oficio, 1607, Inquisición, vol. 467, exp. 35, AGN, México; Carta del comisario de Yucatán avisando que el obispo quería recibir la correspondencia del Santo Oficio, 1610, Inquisición, vol. 474, exp. 40, AGN, México.

15 Cartas escritas por este Santo Oficio..., 1573, Inquisición, vol. 84, exp. 22h-i, AGN, México; Inquisición, vol. 84, exp. 22, f. 111, AGN, México.

16 Gerhard (2000: 359, 361). Acerca del cambio de Pátzcuaro a Valladolid como capital civil y eclesiástica puede verse Martínez Baracs (2017: 379-383).

17 Inquisición, vol. 84, exp. 30, f. 160bis, AGN, México

18 Sobre la importancia de las Relaciones Geográficas puede verse Morales Folguera (2001).

19 Sin cursivas en el original

20 Acerca de la preeminencia social y de las funciones desempeñadas por los familiares del Santo Oficio puede verse Miranda Ojeda (2007:166-175).

21 Nómina del Tribunal de la Inquisición de Nueva España, 1571-1646” (1956). Boletín del Archivo General de la Nación, vol. XXVII- N° 2”, 1956a: 495-559.

22 Inquisición, 2269, AHN, Madrid.

23 Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, Concordia de 1610, Lib. i, Tít. xix, Ley xxviii; Solórzano y Pereyra, 1972, Lib. iv, Cap. xxiv. La Concordia recopila leyes, órdenes, decretos y reglamentos con el objetivo de hacer más eficiente la administración y el funcionamiento del Santo Oficio.

24 Greenleaf hace una extensa descripción de las actividades administrativas y problemas que hubieron de solucionar en los primeros años (1985: 168-172).

25 Los autos de fe grandes se realizaron el 28 de febrero de 1574, 8 de diciembre de 1596 y 25 de marzo de 1601. Un minucioso análisis de los autos de fe puede verse en Miranda Ojeda (2015: 55-70).

26 La correspondencia del Santo Oficio revela la enorme diversidad de asuntos que los inquisidores tenían que atender. Algunos ejemplos pueden verse en Registro de cartas escritas por el Santo Oficio a comisarios y a otras personas, comensado a 8 de mayo de 1578. Inquisición, vol. 85, exp. 7, AGN, México; Registro de cartas escritas de este Santo Oficio a diversas Inquisiciones, prelados, comisarios y otras personas. De septiembre de 1580 a abril de 1587, Inquisición, vol. 223, exp. 39, AGN, México; Registro de cartas escritas de este Santo Oficio a prelados, comisarios y otras personas del distrito. De 1583 a 1587, Inquisición, vol. 223, exp. 41, AGN, México; Registro de cartas escritas para comisarios del distrito de esta Inquisición del año 1588 a 1590, Inquisición, vol. 223, exp. 42, AGN, México; Registro de cartas escritas de este Santo Oficio a diversas instituciones, prelados, comisarios y otras personalidades, 1593, Inquisición, vol. 223, exp. 40, AGN, México; Cuaderno de cartas del Santo Oficio a comisarios y otras personas, comenzando el 1° de enero de 1594, Inquisición, vol. 223, exp. 36, AGN, México; Correspondencia del Santo Oficio de México con varias Inquisiciones y autoridades refiriéndose a genealogías para familiares y consultores, 1606-1611, Inquisición, vol. 223, exp. 34, AGN, México.