“Lo ‘que combiene al mejor servicio de la Patria’. Rodrigo Antonio de Orellana y su relación con el clero diocesano en la diócesis de Córdoba, 1805-1818”

“’What’s best for the country’. Rodrigo Antonio de Orellana and the clergy in the Diocese of Cordoba, 1805-1818”

María Laura Mazzoni

CONICET/Centro de Estudios Históricos

Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de Mar del Plata

mazzonilaura@gmail.com

Resumen

Rodrigo Antonio de Orellana fue nombrado obispo de Córdoba en 1805, tras la muerte del prelado Ángel Mariano Moscoso. Fue en el primer obispo de la Diócesis de Córdoba recientemente fundada. Su gobierno estuvo signado por la coyuntura revolucionaria que se abrió en el Río de la Plata en mayo de 1810.

A través de los autos de visita y del nombramiento de sacerdotes en puestos claves de la diócesis, este trabajo se propone analizar el accionar de gobierno del obispo Orellana a partir de la relación con el clero diocesano y las autoridades centrales en la coyuntura revolucionaria. De esta manera, haremos visibles no solamente los conflictos con el clero diocesano a su llegada a la diócesis, sino cómo la política impacta en el accionar de gobierno del obispo y cómo se da el viraje hacia una confrontación con una facción de le elite política y con las autoridades centrales revolucionarias.

Para analizar estas alianzas y la dinámica política en el plano local cordobés, nos apoyaremos en fuentes del Archivo del Arzobispado de Córdoba y del Archivo General de la Nación.

Palabras clave: Obispado de Córdoba, Clero diocesano, gobierno diocesano, dinámica política local

Summary

Rodrigo Antonio de Orellana was appointed bishop of Cordoba in 1805, after the death of bishop  Angel Mariano Moscoso. He was the first bishop of the newly created Diocese of Cordoba. His government was signed by the revolutionary times opened in May 1810 at the Río de la Plata.

This article analyzes the way in which Orellana governed and his relationship with diocesan clergy and central authorities in the revolutionary context through the reports of visits and the appointment of clergy in key positions inside the diocese. In this way, we will show the conflicts bishop Orellana had with the clergy as well as the way in which it affected his government and how it changed his attitude towards a confrontation with some part of the elite and with the revolutionary authorities.

In order to observe these dynamics of the local politics, we will consult documents at the Archbishopric Archive of Cordoba and the General National Archive.   

Key words: Bishopric of Cordoba, diocesan clergy, diocesan government, local political dynamic

Rodrigo Antonio de Orellana fue nombrado obispo de Córdoba en 1805, tras la muerte del prelado Ángel Mariano Moscoso. Fue el primer obispo de la Diócesis de Córdoba recientemente fundada¹ y fue el último obispo del período colonial en el espacio rioplatense.

El obispo provenía del clero regular. Se había formado en la orden premonstratense y allí alcanzó la más alta jerarquía antes de ser nombrado obispo. Su gobierno diocesano estuvo signado por la coyuntura revolucionaria que se abrió en el Río de la Plata en mayo de 1810, con la conformación de la Junta Central en Buenos Aires. Orellana tomó partido por la facción realista, y sus acciones en contra de las autoridades revolucionarias tuvieron importantes consecuencias. De hecho, desde agosto de 1810 hasta octubre de 1811 fue puesto en prisión por la Junta en la Guardia de Luján, actual localidad de Mercedes, en la jurisdicción de Buenos Aires, y a partir de 1815 estuvo preso nuevamente, pero esta vez en el Convento de San Lorenzo, en Santa Fe. Esta última confinación duró hasta 1818, momento en el cual escapó a Río de Janeiro y se embarcó rumbo a España, para tomar posesión del Obispado de Ávila para el cual había sido recientemente presentado.

La llegada a la diócesis de este prelado puede explicarse por su derrotero y formación en el seno de la orden premonstratense. Allí, Orellana había ocupado puestos de jerarquía y había dirigido la orden antes de ser propuesto para ocupar una mitra americana (Mazzoni, 2019). Al mismo tiempo que las vinculaciones de su hermano con la corte de Madrid pudieron pesar a la hora de introducir su nombre en una terna de postulación para una diócesis vacante.

La formación de Orellana en los claustros premonstratenses había forjado a un sacerdote de un férreo rigorismo moral, y una mirada que lo situaba en los sectores más conservadores del catolicismo español del siglo XVIII. La tradición agustiniana de la orden se oponía al racionalismo e historicismo, y defendía el tradicionalismo, la ortodoxia y el rigorismo moral (Grassl, 2011).

La identidad premonstratense de Orellana, su forma de interpretar el mundo y la realidad con la que se encontró apenas llegó a América estaba mediada por una historia de tradición y apego al orden vigente.

Obispos y religiosos premonstratenses de toda Europa sostuvieron una postura de rechazo semejante a la de Orellana a las ideas ilustradas de fines del siglo XVIII y principios del XIX:

Abad Gilbert Pfrogner de Tepl (Bohemia), NikolausBetscher de Rotan der Rot (Suabia), BohuslavHerwig de Strahov (Bohemia), y MarkusEgle de Wilten (en la región del Tyrol), junto con el canónigo Jan Marian Mika de Strahov, castigaron la práctica e ideología revolucionaria en escritos y sermones. Jean-BaptisteL’Écuy, el último Abad de Prémontré y Abad General, consiguió sobrevivir al terreur y al régimen napoleónico mediante una dudosa conformidad, pero se había exiliado intelectualmente (Grassl, 2011: 31).²

Este trabajo se propone analizar el accionar de gobierno del obispo Orellana a partir de la relación con el clero diocesano y las autoridades centrales en la coyuntura revolucionaria. De esta manera, haremos visibles no solamente los conflictos con el clero diocesano a su llegada a la diócesis, sino cómo la política impacta en el accionar de gobierno del obispo y cómo se da el viraje hacia una confrontación con la facción de le elite política liderada por la familia Funes y con las autoridades centrales revolucionarias.

Para analizar estas alianzas y la dinámica política en el plano local cordobés, nos apoyaremos en fuentes del Archivo del Arzobispado de Córdoba y del Archivo General de la Nación.

Nombramiento

Orellana fue presentado por el rey Carlos IV, al Papa Pío VII para obispo titular de la diócesis de Córdoba el 22 de mayo de 1805. Aceptado su nombramiento por la Santa Sede, la Corona le concedió la ayuda de costa de 4000 pesos para los gastos de las bulas, el pontifical y traslado hacia Córdoba (Tonda, 2009: 29).

Su hermano, ministro de la Corte, había hecho innumerables gestiones para conseguir que fuera designado obispo de una diócesis en la península, pero no había tenido éxito. En 1798, su nombre apareció entre los candidatos a ocupar la silla de Gerona que había quedado vacante, pero fue desestimado (Cuenca Toribio, 1976: 133).

Ante la noticia de su designación como obispo de Córdoba, Orellana había escrito al Rey una nota en la que le confesaba no estar preparado para asumir las obligaciones de una diócesis en América y ni estar a la altura de sus predecesores en el cargo:

Su respuesta fue que admitiría o desempeñaría como mejor pudiese cualquier destino que Su Majestad tuviese a bien conferirle, pero que no podía menos de manifestar que se hallaba destituido de las grandes virtudes de los tres últimos prelados de aquella iglesia y se creía incapaz de llenar ‘el hueco de ellos’. De todas suertes, si esta su resistencia no fuese del real agrado desde luego se resignaba ‘en la voluntad de Dios y en la de V.M., aceptando dicho Obispado con las cargas y pensiones que se le propusieron.³

La postulación de Orellana para la mitra cordobesa chocaba con las expectativas de gran parte de la elite local, que deseaba ver en la silla metropolitana a uno de sus miembros: Gregorio Funes. El deán de la catedral formaba parte de uno de los clanes familiares de más peso en la región cordobesa. Se había formado en la península con el firme deseo de convertirse en obispo, cuando se produjo la vacancia metropolitana inició gestiones en Madrid para que su nombre fuera consultado para la mitra cordobesa. Finalmente, la designación de Orellana echó por tierra sus planes (Ayrolo, 2010).

Pero lo que nos interesa aquí mencionar es la oposición que debió enfrentar Orellana de una parte de la elite al tomar posesión de la diócesis, y la consideración que de él se tenía en los círculos de poder locales. Se creía que su nombramiento no se había fundamentado en sus méritos sino en sus amistades: “el nuevo prelado ha de ser un europeo sostenido de favor, de quien consiguientemente habrá que sufrir muchas extravagancias para poder vivir en paz, tal vez con sacrificio de la razón”.⁴ Estas son palabras de Pedro Vicente Cañete, Oidor de la Real Audiencia, que había sido compañero de Funes en el Colegio Montserrat de Córdoba.

Por otra parte, el nombre de Orellana se impuso en la postulación para la nueva diócesis de Córdoba pese a no estar presente en la terna presentada por el Consejo al monarca. Esta lista, elevada a Carlos IV el 6 de marzo de 1805, indicaba como posibles nombres los siguientes:

La Camara de Indias a 6 de Marzo de 1805. Provision del Obispado de Cordoba del Tucuman (…) 1º Dr. Don Rafael de la Vara, obispo de Botra, auxiliar de Sta Cruz de la Sierra, actual párroco del pueblo de Arani; 2º Don Juan Manuel Berdeja, chantre de la catedral de Charcas y 3º Don Matias Terrazas,⁵ canónigo tesorero de la catedral de Charcas.⁶

No obstante, al margen del documento aparecía la siguiente nota: “La Camara de Indias a 6 de Marzo de 1805. Provision del Obispado de Cordoba del Tucuman en el Maestro Dn Rodrigo Antonio Orellana, ex gral de los premostratenses”.⁷

Podría pensarse en el accionar de fuertes vinculaciones y redes de Orellana para ser nombrado obispo al elevarse la terna al Consejo del Rey, procedimiento que, no era poco usual en el nombramiento de prelados en este periodo (Artola Renedo, 2013, 2014; Mazzoni, 2019; Pérez Puente, 2012). En tanto, es posible pensar que la elección de Orellana podría responder a una intención deliberada por parte de la Corona, ya que el candidato era una persona ajena a una lógica de poder local del ámbito altoperuano-tucumano (Mazzoni, 2019). Con su elección, el Monarca podría haber intentado cortar con esta dinámica de articulación entre las elites del espacio tucumano y el alto peruano, y acabar a través de una figura exógena con algunas disputas internas entre la clerecía local, sobre todo entre el clero secular y regular, y con el fortalecimiento del clero secular local.

Las disputas al interior del clero no se reducían a la enemistad o al choque de intereses entre el clero regular y el secular, y entre el secular y los obispos regulares, si bien éste había sido un motivo de conflicto en la diócesis en varias oportunidades. Baste con recordar la petición que habían hecho los curas rectores de la Catedral de Córdoba cuando San Alberto fue trasladado como arzobispo a Charcas y la diócesis se declaró vacante. En aquella oportunidad, los capitulares hicieron un pedido al Rey para que nombrase un obispo secular que concediera a este estamento religioso el control de la Universidad de Córdoba (Mazzoni, 2019: especialmente cap. 4).

La vacancia de una diócesis solía ser un momento propicio para la emergencia de problemas que se mantenían latentes durante la presencia de un obispo. Esta nueva brecha abierta en la sede cordobesa con la muerte de Moscoso sacó a la superficie disputas al interior del capítulo catedral.

Cuando Orellana fue nombrado obispo, una de sus primeras medidas fue designar como provisor, hasta tanto él mismo llegara a Córdoba, a Gregorio Funes, deán de la catedral. Orellana había tenido referencias de Funes, y de sus méritos académicos, a través de Flores, el apoderado de Funes en Madrid. Pero el cargo de provisor había traído a Funes inconvenientes y desavenencias con el Cabildo Catedral. Los miembros del Cabildo se negaban a reconocerlo como provisor, y defendían la supremacía del capítulo hasta tanto el obispo Orellana arribara a Córdoba. En una carta dirigida al prelado, Funes le informaba:

Son imponderables los deseos que me asisten de ver a V.S. Ilma. en esta Diocesis, y de liberarme de un mandato rodeado de sinsabores. Puedo asegurar a V.S. Ilma., que no hay maquina por infernal que fuese que no haya sido puesta en movimiento para mortificarme y hacer que padezca mi reputación; y aunque me es de indecible consuelo tener de mi parte todo el clero y a los pueblos enteros, nada podrá satisfacerme mientras no logre el buen concepto de V.S. Ilma.⁸

Por su parte, Orellana le respondía comentándole que sus “ansias de caminar a ese Imperio, y de unirme a esa S^ta Iglesia crecen en razón de las gravísimas dificultades, y obstáculos q^e presenta el estado político de la Europa”, haciendo referencia a la invasión napoleónica a la península, que había demorado su viaje a Córdoba del Tucumán.⁹ Y enviaba en esta misma nota una advertencia al Cabildo Catedral que Funes les presentaba en el capítulo del 24 de septiembre de 1808:

deben sesar todas las disputas anteriores, y q^e el Cavdo no debe ni puede impedir a V.S [a Funes] el exercicio de este su ministerio como ni tampoco limitarle sus facultades en consideracion à las repetidas declaraciones de la citada sagrada congregacion, que trahen, y alegan generalmente los Canonistas p^a probar q^e los Cav^dos no pueden governarp^r si en sede vac^te ni poner trabas al Vicario que hubiese nombrado. Asimismo tiempo q^e declara q^e V.S solam^te debe governar la Diocesis a mi nombre le ruego y encarecidamente encargo q^e olvide todos los disgustos q^e han podido ocasionarle las Disputas suscitadas (…)¹⁰

Durante la administración diocesana del obispo Orellana, los conflictos entre el cabildo catedralicio y el prelado fueron una constante. Y no cesaron con su llegada a Córdoba en 1809. Sin embargo, estas circunstancias no pueden explicarse sin atender al proceso revolucionario abierto en 1810. Baste por ahora decir que en 1809, cuando Orellana se embarcó hacia Montevideo para emprender luego el viaje hacia Córdoba, no fue ninguno de los miembros del Cabildo, como se estilaba, el encargado de ir a recibirlo al puerto de Buenos Aires. En principio, Gregorio Tadeo Llanos, canónigo de la merced de la catedral, fue propuesto para recibirlo. Pero Llanos declinó la oferta en vistas del gasto que suponía el viaje a Buenos Aires. Así, el encargado de recibir al prelado fue Benito Lascano, quien se desempeñaba en ese momento como cura párroco en el curato de Río Tercero Arriba.

La visita canónica y el provisorato: teatro de lo político

Orellana visitó la diócesis en partes y en diferentes oportunidades, hay que tener en cuenta que varios años del episcopado de Orellana transcurrieron mientras se encontraba en prisión por su desavenencia con las autoridades centrales y cordobesas después de 1810. El obispo había sido apresado por su reconocida antipatía con la revolución apenas comenzado su mandato, de agosto de 1810 a octubre de 1811. Lo sería nuevamente en 1816, por lo que las visitas realizadas entre los años de su primer y segundo cautiverio bien pueden haberle servido como una forma de evasión del ambiente de sospecha que recaía sobre él en Córdoba por parte de una parte de la élite que había conseguido ocupar puestos de poder a partir del apoyo al gobierno central. Si bien esto incidió enormemente en la experiencia episcopal de Orellana, no le impidió el ejercicio de gobierno. En estos años, aun estando en cautiverio, el obispo se las ingenió para continuar dirigiendo los destinos de la diócesis cordobesa hasta 1817, año en el que se fugaría hacia la Península.¹¹

De hecho, poco tiempo después de ser liberado de su primera confinación en la guardia de Luján, Orellana emprendió una visita a La Rioja que lo tuvo ausente de la sede diocesana desde octubre de 1812 hasta septiembre de 1813.

En septiembre de 1809, Orellana, que había arribado al puerto de Buenos Aires, se dirigía hacia Córdoba. En el camino hacia allí, y antes de entrar en la sede episcopal, el obispo pasó por el Curato de Río Tercero Abajo y celebró la visita. Allí, el prelado observó que el párroco, Victorino de Urtubey, no cumplía con las tareas sacerdotales correctamente: “advirtió con harto desconsuelo de su espíritu la falta de celo, actividad y diligencia del cura y vicario doctor Victorino de Urtubey, al que ordeno sumariar”.¹²

Para el sumario que se levantó contra Urtubey, el procedimiento consistía en el envío de un párroco comisionado, a quien se le delegó la tarea de informar al obispo sobre el desempeño del sacerdote investigado. La tarea recayó en manos del cura propietario del curato vecino a Tercero Abajo, el párroco del Curato de Tercero Arriba, el licenciado Benito Lascano. Orellana dejaba asentado en el informe de la visita que a Urtubey se lo había denunciado por:

(…) descuidar la provision de los Santos Oleos, cuya información cometia al Licenciado Don Benito Lascano, cura y Vicario de Rio Tercero Arriba, quien aceptándola, y juzgándola se pondrá en dicho curato del Doctor Urtubey para el efecto insinuado, haciéndole saber le haga formal entrega de todos los libros y papeles concernientes a los Empleos de Cura y vicario (…) se le hizo saber la comisión que se le confiere quien la aceptó y juro según derecho y lo firmo conmigo(…)¹³

En octubre, Lascano elevó un informe sobre la labor pastoral de Urtubey. En él, lo acusaba de no cumplir correctamente con sus tareas pastorales. Por su parte, el párroco de Tercero Abajo describía cómo Lascano le había hecho creer que era voluntad de Orellana que renunciase a su beneficio parroquial:

El señor cura de arriba, comisionado por V. Señoria Ilustrisima, me ha enterado de su respetable Auto, y después me ha insinuado era voluntad de V. Señoria Ilustrisima hiciese yo dexacion del curato a fin de evitar procedimientos judiciales como los que anuncia su referido Auto. Como sus insinuaciones miro como preceptos, he tenido a bien poner gustoso en manos de Su Señoria Ilustrisima, como lo acredita la adjunta representacion, mi expresado beneficio…¹⁴

Para febrero de 1810, la causa seguía su curso. Orellana había nombrado al sacerdote Bernardino de Millán, ministro de sagradas ceremonias de la Catedral y capellán del Colegio de niñas Huérfanas de Córdoba, para que actuara como fiscal. En esta etapa del procedimiento, Urtubey aportaba nuevos argumentos para desestimar las acusaciones que se habían hecho en su contra. En principio, objetaba parte del procedimiento legal, ya que no se le había permitido hacer el descargo correspondiente. Y en segundo lugar, argumentaba que la enemistad entre Lascano y él había determinado su suerte:

(…) quanto a su Señoría Ilustrisima ha informado la rivalidad, hasta executar su ardiente zelo a la aplicación de un casuístico tan insufrible, no tiene otra existencia que en el encono de mis émulos; V. Señoria Ilustrisima hubiera visto disipadas todas mis acusaciones con mas velocidad, que el humo a presencia del uracan, si se hubiese dignado reconvenirme, y escuchar mis descargos Dios sabe muy bien, y yo tambien que la obra de mis acusadores, es uno de aquellos negocios que solo puede subsistir al abrigo de la oscuridad, y de las tinieblas (…)¹⁵

Este descargo de Urtubey iba acompañado de una petición para que el obispo reviera la decisión y se lo restituyera en su beneficio, a lo que Orellana se negó.¹⁶ Mientras tenía lugar el sumario, Orellana fue apresado y confinado a la Guardia de Luján. Ante su ausencia, Urtubey repetía su reclamo ante el gobernador de Córdoba -Diego de Pueyrredón-, en tanto vice-patrono de la Iglesia, mostrándose conforme con el encierro de Orellana: “persuadido el Prelado del manejo de su obispado, y declarado este vacante por unos juicios adorables de la Providencia me parecio muy oportuno agitar ante V. Sia la reposicion a mi Curato (…)”.¹⁷

En esa misma petición, el párroco de Río Tercero Abajo describía los errores que, según él, se habían cometido en los procedimientos legales que llevaron a su destitución de acuerdo a las leyes canónicas. Y finalizaba su argumentación objetando el desconocimiento del obispo sobre este asunto, subrayando que Orellana, en tanto extranjero y prelado de reciente designación, era ajeno a la realidad de su diócesis. La cita es extensa pero creemos que su riqueza amerita su completa transcripción:

(…) imploro toda su Autoridad, para que ante todo mande se me restituya en la posecion de mi curato, respecto a que no pudo el Prelado removerme de él, y mucho menos en fuerza de la renuncia, que fue nula, como se vera por las disposiciones Canonicas y Reales que voy a exponer=Como en los curatos de Indias exercio el Vice Patrono Real los Virreyes y demás Xefes, a quienes por voluntad de su Magestad se les consedia, en ninguna época fueron facultados los Obispos de America para proveer los curatos por sí solos, ni remover los nombrados; pues para lo primero presentan terna de sujetos idoneos al Vice Patron Real, para que en fuerza del Patronato que exercen provean o hagan el nombramiento en uno de los presentados por el Prelado Ecclesiastico, y para lo segundo indispensablemente tenían que acordar con el Vice Patron Real conforme a la ley treinta y ocho, Titulo sexto, libro primero de Indias, llamada de la concordia. Esta Real disposición no fue suficiente para contener la advitrariedad de los Prelados, y la malicia de los sujetos (…) el Ilustrisimo Señor Obispo, en su Providencia, por la que me removió de mi Curato, no se ajustó ni a la citada Ley treinta y ocho, por no haber procedido concordia alguna sobre el particular con esta Superioridad, en quien reside el Patronato Real de aquel Obispado, ni a la igualmente citada Real Cedula, por la que indispensablemente debió regirse, como mandaba observar con derogación de otra qualesquier disposición, por no haberme formado causa, ni oídoseme conforme a derecho; de consiguiente, ella fue nula por falta de autoridad en aquel Prelado para decretar mi remoción, sin aquel requisito legal, y consulta en todo caso necesaria del Real Vice Patrono: no pudo pues, el Señor Obispo por sí solo, y arvitrariamente removerme de mi curato=[…] Quando en conformidad de otra Real Cedula de quatro de abril de mil setecientos noventa y quatro, no pueden los obispos admitir renuncias de Beneficios sugetos al Real Patronato como son los curatos, y solo los faculta para calificar de justas, ó injustas las causas que se alegasen por los renunciantes, para que en vista de ellas, despues de dar cuenta al Prelado los admita o rechase el Real Patronato, si es de los Beneficios reservados al Rey, y el Vice Patrono, de los que no lo son (…) Yo reposo baxo el seguro de mi conciencia, que no se me justificará causa alguna suficiente para mi remoción, y que prestándome la audiencia que todo derecho me franquea, desaparecerán las calumnias, que solo pudieron sorprender el animo de un Obispo extraño, y que acababa de tomar las riendas del Gobierno=¹⁸

Esta cita nos permite observar la configuración de diferentes grupos dentro del clero cordobés y el posicionamiento del obispo en este entramado de relaciones nuevo para él.

En varios pasajes de su descargo, Urtubey hacía mención a que el informe que había elevado Lascano, y que culminó en la destitución de su beneficio parroquial, “no tiene otra existencia que en el encono de mis émulos”, haciendo referencia a una enemistad entre él y Lascano. Adjudicaba esta injusticia al desconocimiento del obispo Orellana a quien “solo pudieron sorprender el animo de un Obispo extraño, y que acababa de tomar las riendas del Gobierno”.

En el caso del Obispado de Córdoba, la conformación de diferentes grupos enfrentados entre sí puede rastrearse en el tiempo. El punto de origen de muchas de estas disputas se estableció cuando, en 1767, la Compañía de Jesús fue expulsada de América. Las facciones cordobesas, los pro-jesuitas y los anti-jesuitas, luego devenidos en funistas y sobremontistas respectivamente, se pusieron de relieve con la expulsión de la orden (Punta, 1997: 255). Estas divisiones excedían al clero, y marcaban discordias y facciones en toda la sociedad del obispado, cuya enemistad se definía en torno a coyunturas particulares, pero que en definitiva asumían “una identidad que dio cuenta de los imaginarios sociales vigentes”.¹⁹

Esta identidad, en tanto “organizadora de sentido”, explica la configuración de los “funistas” y “sobremontistas” en la Córdoba de fines del siglo XVIII, y su reconfiguración a partir de la Revolución. De hecho, la Revolución de Mayo significó un quiebre de los grupos locales, y la obligación de definirse en contra o a favor de ella delimitó las alianzas (Ayrolo, 2008).

En la visita de Orellana de 1809 a Río Tercero Abajo se puede interpretar que el obispo Orellana era cercano al círculo de los Funes. Benito Lascano, a quien Orellana le confió la redacción del informe sobre la conducta de Urtubey, pertenecía, al “partido funista” como se lo llamaba en esa época. Lo mismo que el fiscal de la causa, también designado por el obispo, Bernardino de Millán, quien fue acusado junto con Lascano en 1812 de pertenecer a la facción dirigida por los Funes.²⁰

Pero la revolución iniciada en 1810 cambió la correlación de fuerzas y obligó a estos grupos a posicionarse a favor o en contra de la coyuntura revolucionaria y, como sabemos, Orellana se mostró contrario al proceso revolucionario que se abrió con la conformación de la Junta en mayo de 1810 desde un primer momento.

En agosto de 1810, a raíz de estos acontecimientos, el obispo fue confinado a prisión en la Guardia de Luján. Una vez puesto en libertad en octubre de 1811, comenzó un viraje que marcaría su acercamiento al grupo contrario a los Funes. Los nombramientos de clérigos sospechados de antipatriotas o antirrevolucionarios en puestos de poder de la diócesis lo demostraban. La revolución marcó entonces un quiebre en las alianzas del alto clero cordobés y obligó a los sacerdotes, y al prelado, a definirse por uno de los bandos.

En esta coyuntura, en 1812 quedaba vacante el puesto de rector del colegio Montserrat de Córdoba. Orellana pretendía entonces nombrar a Juan Antonio López Crespo para que lo ocupara. Pero el gobernador, nombrado por el gobierno central, se negó. Ante esta situación, el prelado dejaba entrever el accionar de la facción funista para trabar el nombramiento de López Crespo:

No se me oculta que algunos individuos de esta universidad han querido sindicar al doctor Crespo como falto de patriotismo (…) pero se debia al partido de Funes que se apellidan entre si patriotas, al paso que niegan este dictado a los que no han sido constantemente de su faccion²¹

Esta circunstancia se hace aún más evidente si se observa la designación de provisores de la diócesis en el mismo periodo. El provisor en la diócesis mediterránea concentraba las funciones de vicario y provisor. Y aunque provisor y vicario eran ampliamente confundidos en las diócesis españolas y americanas, el provisor concentraba la jurisdicción contenciosa, en el foro eclesiástico, y el vicario la jurisdicción graciosa. Este era un cargo ocupado en general por alguna de las dignidades del cabildo catedralicio y que ejercía las funciones ejecutivas de la diócesis en ausencia o imposibilidad del obispo y que recaía en personas de extrema confianza del obispo, ya que abarcaba “casi todo el ministerio episcopal” (Artola Renedo, 2011). En caso de sede vacante, era el cabildo el que decidía por votación quién ejercería este mandato.

Orellana designó a Funes como provisor en 1805, cuando no se había siquiera embarcado hacia América. Lo hizo guiado por las excelentes referencias que había recabado de él. En realidad, Funes había detentado ese cargo desde 1793 y lo que hizo Orellana fue confirmarlo en él.

A partir de ese momento, y hasta 1813 se sucederán en el cargo José Gabriel Vázquez, Juan Justo Rodríguez y Juan Antonio López Crespo. De este grupo, Rodríguez era uno de los principales representantes de la facción contraria a los Funes.²² De hecho, en enero de 1813 Rodríguez fue acusado de favorecer a sacerdotes anti-revolucionarios en una causa que le inició el gobierno central “por haber concedido licencias para confesar a los sacerdotes prisioneros”.²³

Fue precisamente durante el tiempo que Juan Justo Rodríguez ocupó el cargo de provisor, en 1812, cuando el obispo Orellana decidió remover de su cargo rectoral a Lascano, a quien en el pasado había comisionado el informe de la visita de Río Tercero abajo, argumentando que:

las apuradas y criticas circunstancias en que ha puesto un hombre inquieto, turbulento y revoltoso a este pueblo, qual es el Presbitero Lascano, me compelen a hacer presente a V.S.I. que combiene al mejor servicio de la Patria, que a la mayor brevedad sea removido del ministerio de cura, qe obtiene en esta Iglesia Catedral (…)²⁴

Con respecto a José Gabriel Vázquez, este sacerdote también estaba incluido entre aquellos que, según el gobernador-intendente de Córdoba, carecían de un verdadero patriotismo, ya que “a la sombra del reverendo Obispo, abrigan el mas refinado rencor contra los patriotas decididos”.²⁵

Un año después del intento frustrado de nombrar a Juan Antonio López Crespo rector del Colegio Monserrat, Orellana lo designó como provisor.²⁶ En ocasión del nombramiento para el rectorado, el cura Salvador de Isasa opinaba, en respuesta a la información solicitada por el claustro universitario sobre el candidato, que el doctor López Crespo “no es sujeto de conocido patriotismo”,²⁷ y Ortiz de Ocampo lo sindicaba, junto con Bernardo Alzugaray y Miguel Gerónimo Sarza -los otros dos candidatos de la terna- como sacerdotes que “ocupan el primer lugar en la predilección del Prelado, que se deja llevar de sus particulares afecciones, para acomodar a sus hechuras y favorecidos, que siguen como él el capricho de las opiniones antipoliticas”.²⁸

López Crespo no se desempeñó por mucho tiempo en el provisorato: solo ocupó el cargo de octubre a diciembre de 1813. Quien lo sucedió fue José Nicolás Ortiz de Ocampo, riojano y cura propietario de Santa Rosa de Anguinán. A este mismo sacerdote Orellana le había delegado la visita de La Rioja unos meses antes. Su nombramiento respondía, según el obispo, a su supuesta neutralidad con respecto a las facciones locales, ya que “hallandose dividido este pueblo en facciones y rivalidades tan envejecidas como obstinadas convenia traer hombre libre de compromisos”.²⁹

No obstante, en marzo de 1814 la designación por parte del gobierno central de su hermano Francisco Antonio Ortiz de Ocampo como gobernador de Córdoba,³⁰ definió a José Nicolás por el bando que respondía a los intereses de Buenos Aires.

Por lo tanto, entre 1812 y 1814 el grupo señalado como anti-revolucionario gozaba del apoyo del obispo, y logró ocupar puestos de poder en la diócesis, como el provisorato. Pero la coyuntura revolucionaria y precisamente el nombramiento de Ortiz de Ocampo en la gobernación de Córdoba provocaron un quiebre en la situación. El nombramiento de Miguel Calixto del Corro en 1814, a raíz de la repentina muerte del provisor Ortiz de Ocampo, demostró que la correlación de fuerzas había cambiado. Del Corro era un sacerdote reconocido como miembro de la facción de los Funes en Córdoba, cercano a Lascano. En 1812, había sido sindicado como uno de los aliados de Lascano en un intento de destitución contra Santiago Carrera el gobernador de Córdoba dispuesto por el gobierno central.³¹ Para 1816, Lascano conseguiría que el obispo Orellana, otra vez preso, pero ahora en el convento de San Lorenzo, lo nombrase provisor de la iglesia cordobesa, continuando con la hegemonía de este grupo en la Catedral.

Es evidente que estas facciones no pueden definirse solamente como contrarias o no a la Revolución, sino que sus lealtades y sus identidades se caracterizarían, a partir de 1812, por alianzas flexibles y cambiantes en diferentes coyunturas políticas, como la disolución de la Junta Grande de diputados en 1812 a la que Funes pertenecía, o por su adhesión a alguna de las facciones del federalismo en Córdoba.

El conflicto desatado a raíz de la visita de Orellana a Río Tercero Abajo en 1809 y la designación de provisores a partir de 1810 nos permiten vislumbrar este juego de alianzas y relaciones de poder que se tejían en la jerarquía eclesiástica de la diócesis. Hasta 1812, Orellana se erigió como un árbitro de los conflictos internos. Al no pertenecer a la clerecía local y desconocer muchas de las disidencias internas cordobesas, sus acciones podían favorecer a un grupo o a otro, a través por ejemplo de la designación de cargos de poder -como los provisores-, o como en el caso de Urtubey, de la destitución de un sacerdote de su beneficio. Esto cambió después del retorno de su primer confinamiento a la diócesis.

Por supuesto que debe pensarse en el prelado como un hombre político, y poner en duda las declaraciones de Urtubey. Es posible que Orellana arribara a Córdoba con una idea vaga de las configuraciones de grupos de poder locales. Sin embargo, el nombramiento de provisores para la Diócesis parece demostrar una toma de posición con respecto al clero local y a la coyuntura. Luego de su primer cautiverio, del cual fue liberado en octubre de 1811, la cercanía con el grupo “funista” parece haberse quebrado. A partir de entonces y hasta 1814, sus acciones se dirigieron a favorecer a hombres de reconocida oposición al gobierno central revolucionario, como Rodríguez y López Crespo.

Por otra parte, durante ese periodo se llamó a concurso para ocupar curatos vacantes y también estuvo teñida de una sospecha hacia el obispo, a quien se acusaba de favorecer a sacerdotes contrarios a los aires revolucionarios para ocupar las vacancias parroquiales (Ayrolo, 2010).

No obstante, en los llamados a concurso a partir de 1810 entraron en disputa la intención del obispo con el pedido del gobierno, que pretendía “evitar los nombramientos en calidad de interinos de curas que pudiesen ser contrarios al sistema, y al mismo tiempo, cerciorarse de la adhesión por medio de una declaración explícita y certificada del patriotismo de los clérigos” (Ayrolo, 2010: 37).

De hecho, el segundo confinamiento de Orellana estuvo relacionado con las desavenencias creadas a raíz del llamado a concurso de los curatos de la diócesis. En su caso, y ante las sospechas que ya pesaban sobre él, la excesiva demora en la sustanciación de los concursos se interpretó como una excusa para acomodar en las parroquias vacantes a sacerdotes contrarios a la Revolución (Ayrolo, 2010: 38). En estas circunstancias, la carta que José Javier Díaz, gobernador de Córdoba, enviara al Congreso de Tucumán, tuvo un peso importante en la decisión de apresar nuevamente al obispo:

Restituido el prelado a su sede [de su primera prisión en 1812] (…) lejos de abrazar el partido de la razón y de la política, empezó una nueva persecución contra el benemérito clero de su Diócesis y sus virtuosas ovejas, prefiriendo escandalosamente a los ‘antiamericanos e iliberales’ para los beneficios eclesiásticos³²

Consideraciones finales

A partir de 1814, la opción por la causa realista ya no era posible ni segura en lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata. La guerra en el Alto-Perú había detenido la amenaza de las tropas realistas, ya se había celebrado la Asamblea del Año XIII, y el apoyo al bando realista era cada vez más peligroso. En este sentido, el cambio de alianzas, y el nombramiento de Miguel Calixto del Corro como provisor, se traducen como una estrategia de prudencia del obispo en pos de estrechar lazos o favorecer a un grupo que parecía haber ganado terreno, aunque esto no fuera suficiente para salvaguardar su investidura. De hecho, en 1816, con el congreso que declararía la Independencia en marcha, Orellana fue nuevamente apresado y de este cautiverio ya no regresaría a su diócesis. En 1818, fue presentado para ocupar la mitra de Ávila, en la península. Al enterarse de esta nueva designación el Director Supremo, Carlos María de Alvear, citaba a Orellana en Buenos Aires. Sin embargo, el obispo ya no confiaba en las autoridades políticas: ese mismo año huyó hacía el Brasil, y en Río de Janeiro tomó un barco que lo llevaría a su nueva mitra en España (Ávila) donde moriría en 1821.

Durante su gobierno, Rodrigo Antonio de Orellana se preocupó por visitar la diócesis, y se vio involucrado en una serie de conflictos con el clero diocesano y con las autoridades en relación al nombramiento de sacerdotes en puestos claves del gobierno diocesano. Ambos asuntos de gobierno y administración constituían actos claves del ejercicio de gobierno. La visita suponía el relevo de la situación de la diócesis, y la supervisión y el control del clero y la feligresía. Y el nombramiento de provisores, como vimos, constituía un acto administrativo que le permitía al prelado delegar muchas de las funciones del ministerio episcopal en alguna de las dignidades del cabildo en general o en un sacerdote de su máxima confianza y que asumía funciones ejecutivas en ausencia del obispo.

Existía una articulación clara entre estos aspectos de la administración diocesana y la política local. El poner al frente de un curato –mediante la sustentación de concursos para provisión de parroquias- o de la diócesis –a través del nombramiento de un provisor-, a un clérigo que se había mostrado contrario a la revolución o, por el contrario, que comulgaba con las nuevas autoridades políticas, significaba gobernar la diócesis y predicar a la feligresía un mensaje diferente. En términos políticos, la presión que ejercía la nueva conducción revolucionaria exigía al clero un compromiso con la revolución (Ayrolo, 2009, 2010, 2011, 2012; Ayrolo y Mazzoni, 2013; Mazzoni, 2019).

En este sentido, y a partir del proceso abierto en el Río de la Plata en Mayo de 1810, la administración diocesana constituyó un terreno de disputa, en tanto vía de construcción de poder político. La edificación y consolidación de este poder se apoyaba en el entramado de alianzas políticas entre la máxima jerarquía eclesiástica de la diócesis con el alto clero diocesano, y también con la elite política y económica del espacio tucumano.

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Recibido: 1 de julio de 2019

Aceptado: 31 de julio de 2019