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A la escucha del Magisterio
En su Visita Apostólica a España, el Papa León XIV pronunció un
Discurso ante los Diputados y Senadores que integran el Parlamento,
en el que expuso su mensaje inspirado en las enseñanzas de la Doctri-
na Social de la Iglesia. Transcribimos íntegramente su texto, extraído
de la versión ocial de la página web del Vaticano.
ENCUENTRO CON LOS MIEMBROS DEL
PARLAMENTO ESPAÑOL
DISCURSO DEL SANTO PADRE
Congreso de los Diputados (Madrid)
Lunes, 8 de junio de 2026
[Multimedia]
Presidente del Gobierno,
Presidenta del Congreso de los Diputados,
Presidente del Senado,
Presidente del Tribunal Constitucional,
Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial,
Miembros del Congreso de los Diputados y del Senado,
Señoras y señores:
Agradezco a la Señora Presidenta sus amables palabras, así como
la invitación que la Sede Apostólica ha recibido con ocasión de mi
viaje a este país, así como la deferencia de acogerme en este histórico
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Palacio del Congreso de los Diputados, ámbito eminente de la vida
institucional, jurídica y democrática del Reino de España. Vengo ante
todos ustedes como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia católica,
consciente de que la misión conada al Sucesor del apóstol Pedro
como principio y fundamento de unidad de los Obispos y de los eles
(cf. Lumen gentium, 23) coloca a la Santa Sede, de modo peculiar, en
diálogo con los pueblos y con los Estados.
Mi presencia entre ustedes quiere ser un gesto de cercanía hacia Es-
paña, en el marco de la mutua cooperación, y una palabra ofrecida des-
de el servicio a la persona humana. La Iglesia “camina con la humani-
dad”, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes
de cada época y se deja interpelar “por todo lo que concierne a la exis-
tencia de los hombres y las mujeres de hoy”. Por eso, cuando se dirige a
la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones
y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de le-
gislar. Reconoce “la autonomía de las realidades terrenas” y “la distin-
ción entre comunidad eclesial y comunidad política”; y, precisamente
desde esa conciencia, aporta una reexión nacida del deseo de servir al
bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la
convivencia (cf. Magnica humanitas, 18-19).
En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí
las diferencias se escuchan, se ordenan y, cuando es posible, se con-
vierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diver-
sidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con
una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana inspira
las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes.
Ante esta cuestión, España posee una memoria particularmente
rica. Su identidad geográca y política se ha ido entretejiendo con una
historia en la que la fe y la razón, el arte y el derecho, la tradición y
el pensamiento han sabido encontrarse fecundamente. En sus cate-
drales y universidades, en su literatura inmortal, en sus instituciones
jurídicas y en el ánimo mismo de su pueblo, permanece viva una he-
rencia que ha dado forma a un modo de vivir la libertad, practicar la
justicia y ordenar la vida común.
Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes pro-
clamó que “la libertad […] es uno de los más preciosos dones que a los
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hombres dieron los cielos” (Don Quijote de la Mancha, II, 58), hasta
la hondura espiritual de santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradi-
ción jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que
recordaba que el hombre “no se resigna a morir del todo” (Del senti-
miento trágico de la vida, I), España ha sabido mirar al ser humano
como algo más que una pieza del orden social, económico o político:
lo ha reconocido como criatura abierta a la verdad, dotada de libertad
y movida por una sed de eternidad que ninguna realidad temporal
logra extinguir; en una palabra, como alguien cuya dignidad precede
a toda utilidad y a cuyo servicio está sujeta la acción legislativa.
Por eso, al hablar hoy de la persona humana, esta memoria con-
duce naturalmente a Salamanca y al pensamiento que allí maduró.
La presencia simbólica en esta sala de los Reyes Isabel y Fernando,
remite a aquel momento en que España quedó situada ante respon-
sabilidades históricas de alcance universal; pocos años después, Sa-
lamanca habría de asumir, con singular lucidez, la reexión moral y
jurídica que ese escenario reclamaba. En aquella sede universitaria,
hace quinientos años, cuando se abrían mundos nuevos y posibilida-
des inmensas en las relaciones entre los pueblos, algunos maestros
comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de
legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conve-
niente. Introdujeron así en el discernimiento histórico la pregunta
por el valor irreductible de todo ser humano y los límites morales del
poder. Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siem-
pre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su
propia tradición cristiana.
Sin embargo, aquel interrogante abrió un horizonte intelectual y
moral que desbordó su propio momento histórico. La intuición del
totus orbis, de una comunidad humana más amplia que cualquier
poder particular, permitía armar la existencia de vínculos jurídi-
cos y morales entre los pueblos. Desde España, la reexión de la
Escuela de Salamanca —y de manera particular fray Francisco de
Vitoria, junto con otros dominicos y jesuitas— contribuyó a formar
una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad
lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano
debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo
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sigue hablando también hoy: que la dignidad, la justicia y el bien co-
mún sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional
como a nivel internacional.
Ésta es una de las grandes herencias de España: haber unido la ac-
ción histórica con la lucidez de la razón moral. Aquella contribución,
nacida a orillas del Tormes, trascendió las aulas y las bibliotecas, y
llegó a formar parte de una conciencia más amplia, compartida por la
comunidad internacional que sigue preguntándose cómo construir la
paz sobre el reconocimiento de la persona y no sobre la imposición de
la fuerza. Ese legado vive también en estas Cortes, cada vez que el le-
gislador se pregunta cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal
sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie
aquellos bienes que pertenecen a todos y respete aquello que ninguna
mayoría puede legítimamente vulnerar.
La pregunta salmantina sigue acompañando la tarea de quienes
sirven a la vida pública. Hoy, los nuevos mundos que se abren ante
nosotros ya no se dibujan en los mapas: se despliegan en la técnica,
en la economía, en la biomedicina y en el universo digital, donde el
poder humano alcanza ámbitos cada vez más delicados de la vida per-
sonal y social.
El progreso ofrece posibilidades admirables, y hoy lo vemos de
modo singular en el desarrollo de la inteligencia articial y las nuevas
tecnologías. Como he recordado en mi reciente Encíclica, la tecno-
logía en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la
concibe, la nancia, la regula y la utiliza (cf. Magnica humanitas,
9); por eso, ante las transformaciones de nuestro tiempo, nuestro dis-
cernimiento debe centrarse en qué lugar ocupa la persona humana
en nuestras decisiones, y cómo se plantean hoy, de manera nueva, la
dignidad del trabajo, la solidaridad, la política social y el bien común.
Este discernimiento comienza por una armación primera: toda
sociedad auténticamente justa se edica sobre el reconocimiento de
la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a
toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consen-
sos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento
(cf. Benedicto XVI, Discurso ante el Parlamento Federal alemán, 22
septiembre 2011). Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo
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de existir, y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico posi-
tivo. La fe cristiana la proclama a partir de la Revelación; la razón
humana puede reconocerla como exigencia inscrita en la verdad del
hombre (cf. ibíd.). Cuando esta convicción permanece viva, el dere-
cho se convierte en amparo de todos y en garantía frente a la imposi-
ción de intereses y agendas particulares.
Sobre este fundamento, me corresponde pronunciar hoy una pa-
labra serena y rme ante quienes tienen la grave responsabilidad de
ordenar jurídicamente la convivencia social. Esta convivencia puede
verse amenazada por la cultura del descarte, como tantas veces advir-
tió el Papa Francisco (cf. Discurso a la Asamblea Plenaria de la Pon-
ticia Academia para la Vida, 27 septiembre 2021). En este sentido,
si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué fu-
turo pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente
justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido,
al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende
enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida huma-
na no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta
de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada
desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de
su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables
son las primeras víctimas y la ley pierde su signicado más profundo:
servir y proteger a cada persona. Por eso, la grandeza moral de una
nación se maniesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, pro-
teger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad.
El bien común es, en cierto modo, “la forma social de la dignidad
humana” (cf. Magnica humanitas, 59). No consiste en la mera suma
de intereses particulares, sino en «el conjunto de condiciones de la
vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus
miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección»
(Gaudium et spes, 26). Cuando el bien común deja de ser horizonte
compartido, la acción pública corre el riesgo de fragmentarse en inte-
reses parciales, incapaces de custodiar aquello que pertenece a todos.
En este contexto, reviste particular importancia la familia, reali-
dad humana primera y fundamento natural de la comunidad. En el
hogar se entrelazan las generaciones y se transmite una memoria viva
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que da continuidad interior a la sociedad. Allí donde la familia es sos-
tenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las
naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad
en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática
elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar,
servir y pertenecer.
También las instituciones educativas ocupan un lugar decisivo en
esta tarea. En ellas, las nuevas generaciones pueden aprender a bus-
car y amar la verdad, a cuestionarse sobre el sentido de la vida y la
dignidad de cada persona. Por eso, muchos padres deseosos de que
sus hijos aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico y a
adquirir valores sólidos, depositan en ellas grandes esperanzas, como
valiosas aliadas en su educación. Esta colaboración ha de respetar
siempre el «derecho primario e inalienable» de los padres a «elegir
el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en cohe-
rencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas»
(cf. Magnica humanitas, 143; cf. Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, art. 18.4).
La armación de la dignidad humana no puede permanecer abs-
tracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para
buscar paz, seguridad y futuro. También el trágico drama migrato-
rio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento éti-
co del orden internacional. Numerosos hombres, mujeres y niños se
ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir
de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y víncu-
los. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográca o
económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica.
Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, ét-
nico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social,
se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de
todos los seres humanos.
La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que
mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya
más allá de la mera gestión de ujos. De ahí nace una doble exigen-
cia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida res-
petuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo
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tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para
que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad
o condiciones dignas de vida, por las desigualdades económicas y los
efectos de la crisis climática (cf. Magnica humanitas, 81).
En los últimos años, las rutas cada vez más peligrosas han evi-
denciado el altísimo coste de esta realidad, tantas veces escondida
o ignorada. Muchas personas siguen siendo presas de tracantes y
contrabandistas que se aprovechan de su desesperación. Es necesario
fortalecer la prevención, el rescate y la asistencia a las víctimas, es-
pecialmente en el marco de una cooperación regional y multilateral.
Ninguna nación puede afrontar por sí sola un desafío de esta mag-
nitud. Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y
ecaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales
de integración a quienes emigran. Cuando la respuesta institucional
se hace cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser lugares
de abandono y pueden convertirse en espacios de protección respon-
sable de la dignidad humana.
Señorías:
El mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural, que
se maniesta en múltiples formas de violencia, polarización y des-
conanza recíproca. En este contexto, la paz se presenta como una
aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral.
Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, ins-
tituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica
que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de
sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discre-
pancia.
En el plano internacional, la paz exige valentía diplomática, res-
ponsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la
identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver
sus controversias por los caminos pacícos que ofrece el derecho in-
ternacional. Toda guerra constituye, en última instancia, una doloro-
sa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella concien-
cia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre
las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero
nunca podrán edicar una paz auténtica y duradera.
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Por eso, preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también
en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi in-
evitable ante la fragilidad del escenario internacional. La verdadera
seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del
respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la
vida de los pueblos por encima de los intereses que se benecian de
la guerra. También el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la in-
teligencia articial en el ámbito militar exige una vigilancia ética ri-
gurosa, para que las decisiones sobre la vida y la muerte nunca sean
descargadas sobre automatismos ni sustraídas a la responsabilidad
moral de la persona humana (cf. Discurso en la Universidad “La Sa-
pienza”, 14 mayo 2026).
La comunidad internacional está llamada a redescubrir el valor in-
dispensable del diálogo como camino paciente hacia acuerdos justos
y duraderos, fundados en el respeto a los tratados, en la transparencia
de la acción diplomática y en la voluntad sincera de anteponer la paz
al recurso a la fuerza. De ahí nacen la conanza y la esperanza.
Como recuerda el lema de la Unión Europea, In varietate concor-
dia, la unidad verdadera no uniforma, sino que cohesiona en la di-
versidad, haciendo de las culturas, sensibilidades y tradiciones una
ocasión de enriquecimiento mutuo.
Asimismo, dentro de las propias sociedades es urgente construir
una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería de-
generar en descalicación permanente del adversario. En una con-
vivencia madura, incluso el conicto puede convertirse en camino
hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha
y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las
capacidades de todos.
Pero la paz no es solamente una realidad política o institucional.
Nace también en la conciencia, allí donde el rencor, la indiferencia y
el odio ceden espacio a la reconciliación. Por eso, se instaura y se pro-
tege también a través del lenguaje. Las palabras pueden abrir cami-
nos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer
imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública
tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para
«desarmar el lenguaje» (Mensaje para la Cuaresma de 2026, 13 fe-
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A la escucha del Magisterio. Encuentro con los miembros del Parlamento Español
brero 2026). La rmeza no exige desprecio; la discrepancia no con-
lleva humillación.
De este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espa-
cio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con
Dios. La atención a ese ámbito interior permite comprender mejor
una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrá-
tica: la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho
fundamental que tutela el ámbito más íntimo de las personas. La li-
bertad sobre la que se edica el Estado contemporáneo, si es autén-
tica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y la
tutela jurídicamente; y evita que alguien tenga que renunciar a con-
tribuir a la sociedad en la que vive por causa de su fe.
Sin confundir el plano jurídico con el moral, conviene recordar
también que la libertad necesita una comprensión plena de sí misma.
Ser libre no signica únicamente estar libre de coacciones o dispo-
ner de muchas posibilidades de elección; signica poder reconocer el
bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efecti-
vamente libre requiere también una justa delimitación del poder pú-
blico, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y
de las asociaciones no sea indebidamente restringida (cf. Dignitatis
humanae, 1). Desde esta perspectiva, la legítima autonomía del or-
den temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fe-
nómeno religioso. La fe no pretende imponerse mediante privilegios
ni coerciones; sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio
como si fuese irrelevante para la vida pública.
En este contexto, el sigilo sacramental de la confesión reviste una
importancia especial para la Iglesia católica. Se inserta en el ámbito
más amplio de la libertad religiosa, que garantiza a las comunidades
creyentes un espacio propio de vida, organización y disciplina interna
(cf. Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, Acta
Final de Helsinki, 1 agosto 1975, Principio VII). Tutelarlo jurídica-
mente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, signi-
ca preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el cre-
yente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas,
como reconocen también las normas internacionales (cf. Corte Penal
Internacional, Reglas de Procedimiento y Prueba, Regla 73.3).
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Señoras y Señores:
Permitan que me detenga un instante en algunas imágenes que
adornan esta Cámara. En este Salón de Sesiones, la luz natural entra
por el lucernario que corona la sala. Esa luz que viene de lo alto puede
recordar que también la política necesita reconocer una medida que
la precede y la supera.
También las pinturas que evocan, en la parte superior del muro
principal, la recepción del Evangelio y del Decálogo recuerdan algo
esencial. Sin confundir el orden político con el religioso, esos signos
invitan a reconocer que la libertad moderna ha sido preparada tam-
bién por una larga educación de la conciencia, profundamente mar-
cada por la tradición cristiana. En esa escuela interior, los pueblos
aprendieron que el derecho debe servir al bien, que la justicia pone
límites a la fuerza, que el poder necesita legitimidad, que los pobres
pertenecen plenamente a la comunidad, que el extranjero debe ser
acogido conforme a su dignidad y que la vida humana jamás puede
ser tratada como mercancía.
Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de
haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser
válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona
y salir de ese examen sin avergonzarse.
Les invito a alzar, pues, la mirada: no para alejarse de la realidad,
sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca
personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos
fuerza para hacerse oír. Porque la altura de miras consiste precisa-
mente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada
decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las refor-
mas legales, hace falta también una renovación moral.
España puede ofrecer mucho en este camino. Cuenta con una len-
gua que une continentes; una tradición cultural, jurídica y espiritual
que ha sabido poner en diálogo fe y razón, derecho y conciencia, uni-
dad y pluralidad. Esta experiencia histórica recuerda también el valor
de la concordia y del esfuerzo paciente por construir una convivencia
pacíca y justa.
Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni
la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de
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encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida
pública sepa unir siempre la rmeza de las convicciones con la noble-
za del diálogo y la grandeza del servicio.
Que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia
a las familias y serenidad a las conciencias. Y que, sobre el Reino de
España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presen-
cia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad,
justicia y paz duradera. Muchas gracias.
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